País Vasco: el camino de la distensión

POR VEZ primera en muchos años, la tradicional tamborrada donostiarra se ha celebrado sin los sentimientos de temor y el clima de tensión que venían enturbiando la fiesta patronal de San Sebastián. El elemento desdramatizador inmediato ha sido la autorización de la ikurriña, que ha ondeado, por fin, libremente en los edificios de la ciudad y en el propio Ayuntamiento.Este símbolo del sentimiento nacional vasco se había convertido últimamente en un absurdo motivo de muertes y enfrentamientos violentos. No se sabe qué asombra más: si la ceguera del Gobierno al perseguirla o la firmeza de los vascos al reivindicarla. Bastaba cruzar la frontera para comprobar su legalidad en Francia, el Estado de mayor tradición centralista de Europa. Por lo demás, el purismo mostrado recientemente por quienes discuten los títulos de la vieja bandera bizcaitarra para sirribolizar al País Vasco serían ridículos de no ser interesados; es evidente que, sea cual sea su origen histórico, el pueblo vasco considera hoy a la enseña ideada por Sabino Arana como su bandera.

Las reacciones de protesta de los gobernadores civiles de Guipúzcoa y Vizcaya y de la Diputación bilbaína ante la autorización de la ¡kurriña arrojan una considerable luz sobre algunas de las causas que han deteriorado la situación en el País Vasco hasta limites intolerables. La dimisión de los gobernadores civiles demuestra que estos dos delegados habían confundido sus deberes como funcIOnarios con las prerrogativas de los,virreyes. En vez de buscar la forma de conjugar los intereses generales de toda la comunidad española con las necesidades particulares de la comunidad vasca (labor para la cual es imprescindible hacer llegar al Poder central los sentimientos y las razones de los gobernados), se situaron en la posición crispada y defensiva de quien teme que la negociación y el reconocimiento de cualquier reivindicación signifique el deshonor y la derrota. Bienvenida sea la dimisión de estos dos hombres del anterior Gobierno. Y deseamos de todo corazón que las autoridades acierten en la designación de quienes les releven. Todos confiamos en que el sentido común del ministro de la Gobernación, señor Martín Villa, tenga una larga continuidad en el tratamiento de los problemas del País Vasco.

La airada protesta de la Diputación vizcaína es, a la vez, menos importante y más significativa. Hacia el futuro no tiene mayor alcance, porque los electores se pronunciarán en su día sobre la representatividad de quienes, con una rara mezcla de insolencia e irresponsabilidad, se han enfrentado tan directamente con ellos. Pero también es más relevante, pues pone al descubierto un aspecto singular de la situación vasca, que la diferencia de la catalana: el abismo ideológico y emocional que separa a la gran burguesía vasca del resto de su pueblo.

Decíamos que la autorización de la ikurriña es un paso importante hacia el enfriamiento de las pasiones en el País Vasco. Como lo es también, y notable, la decisión de sustituir a la Guardia Civil por el Cuerpo General de Policía y las fuerzas ordinarias de orden público en zonas que en su día fueron rurales, pero que hoy, dado el rápido proceso de conurbanización de todo el litoral vasco, son ya en realidad centros urbanos.

Pero hay que seguir adelante, si de verdad se quiere conseguir una solución política para uno de los más graves problemas con los que se enfrenta la comunidad española. Es urgente e imprescindible que el pueblo vasco pueda expresar libremente sus opciones políticas y nombrar a sus legítimos representantes; de otra forma, siempre pueden surgir grupos armados que, en el silencio de la represión, se arroguen su mandato. Así, podrá iniciarse el proceso de negociación de un régimen de autonomía, para el cual la «comisión para el estudio de un régimen administrativo especial» creada por el Gobierno Arias es ya un instrumento inútil y prehistórico. Ahora bien, hay un paso previo para el normal desenvolvimiento de todo el proceso: la amnistía. Y para su promulgación, por encima de todos los argumentos jurídicos, éticos e históricos que puedan esgrimirse en favor o en contra suya, existe un motivo central cuya lógica irresistible hasta los sectores más conservadores del país pueden entender: la razón de Estado.