Confirmados los nombramientos militares

Nueve horas y media duró el primer Consejo de Ministros celebrado ayer en el palacio de La Moncloa. Los miembros del Gobierno almorzaron en el palacio y por la tarde, hasta las siete y media, continuó la reunión. Durante la mañana, los titulares de Hacienda, Marina, Gobernación y Educación y Ciencia se trasladaron al palacio de las Cortes para asistir a la reunión de la Comisión de Competencia Legislativa. Por la Jefatura del Estado se dio cuenta del nombramiento del nuevo jefe del Cuarto Militar del Rey, teniente general Joaquín de Valenzuela, y se nombran jefe del Estado Mayor del Ejército al teniente general José Vega Rodríguez; capitán general de la I Región Militar, teniente general Federico Gómez de Salazar y Nieto, y capitán general de la VII-Región Militar, al teniente general Angel Campano.

De la ampliación a la referencia, difundida por la Dirección General de Coordinación Informativa, destacan, asimismo, las dotaciones presupuestarias para la defensa nacional, con vigencia de 1972 a 1979, que establece una tasa de crecimiento anual del 19,8% para gastos del material militar. El encarecimiento de los materiales y la elevación de la mano de obra han incidido de tal forma en estos programas que actualmente, se está en trance de suspender las obras en ejecución por falta de recursos. Para no interrumpir los programas militares y facilitar a las Fuerzas Armadas los recursos necesarios para su sostenimiento, se incrementan en 4.530 millones de pesetas las dotaciones presupuestarias que correspondían en 1977.Los incrementos para dichos programas se aplicarán no sólo a las empresas de armamento estatales (Bazán, Santa Bárbara, Casa, entre otras), con muchos miles de obreros, sino también las empresas privadas subsidiarias que atraviesan una grave crisis económica. Los créditos ahora aprobados son necesarios para terminar, en 1983 los programas que se preveían estarían finalizados en 1979.

En el Consejo se acordó, asimismo -en uso de la autorización que le confiere el artículo 13 de la ley Constitutiva de las Cortes, y una vez oída la Comisión a que se refiere el apartado uno del artículo 12 de dicha ley- proponer al Rey que se modifiquen por decreto-ley determinados artículos de la ley de Orden Público.

Según la referencia oficial, de la significación y contenido de esta modificación destaca el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales, fundamento del orden público, que exige del legislador armonizar determinadas normas, ya en trance de agotar sus efectos, con las necesidades actuales mediante un instrumento jurídico con capacidad suficiente para afrontar las previsiones de. la paz pública nacional. La acomodación de tales principios está aconsejada por la reforma política y el reconocimiento y asunción de garantías de los derechos de la persona.

Se puede señalar como importantes novedades del decreto-ley la derogación de la responsabilidad penal subsidiaria eliminando la actual compatibilidad existente entre la multa gubernativa y el arresto supletorio. Este sólo puede emanar de la multa en cuanto pena, y no de la multa como sanción gubernativa. Sin embargo, esta derogación comporta dos excepciones, con carácter transitorio, previstas sólo para aquellos actos que con mayor gravedad y frecuencia se vienen cometiendo y que son. los que atentan al ejercicio de la libertad de trabajo y los daños causados a establecimientos comerciales o de otro tipo.

Reuniones y manifestaciones

En la nueva normativa se suprime la actual compatibilidad entre la responsabilidad penal y gubernativa en razón de unos mismos hechos. Sólo serán impuestas las sanciones gubernativas a los actos contrarios al orden público que tengan al mismo tiempo una perfecta tipicidad penal, si las autoridades judiciales acuerdan el archivo o sobreseimiento de la causa iniciada por no justificarse el carácter delictivo de los mismos.

También se contendrá en este decreto-ley la inclusión de actos contrarios al orden público, los cometidos con infracción de la legislación sobre reuniones y manifestaciones.

El ministro de la Gobernación informó en tomo a la situación en las provincias vascongadas y a las reuniones que mantendrá con los alcaldes y corporaciones provinciales de las mismas respecto a los importantes problemas que tiene planteados.

Instituto de la pequeña y mediana empresa

Se ha aprobado la regulación de la organización, y funciones del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, que gozará de propia personalidad jurídica y autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines. Tendrá a su cargo el impulso y ejecución de la política del Gobierno en relación con estas empresas, adecuándolas a la evolución tecnológica, económica y social. Para facilitar la financiación, el Instituto promoverá todo tipo de actividades encaminadas a establecer nuevos canales.de financiación, facilitando la prestación de avales, préstamos e incluso las, tomas de participación de carácter temporal o permanente, por parte del Instituto de. sociedades de financiación o por otras empresas.

Se autoriza al Instituto de, Industria a participar en la constitución de la Sociedad, para el Desarrollo Industrial de Canarias (Sodican) con el 51%, como mínimo, del capital social que será de mil millones de pesetas; la misma participación se prevé para el Ministerio de Industria en la Sociedad para.el Desarrollo Industrial de Andalucía (Sodian), cuyo capital social será de mil millones de pesetas.

De acuerdo con un informe del titular de Información y Turismo, fueron 1.595.733 turistas los que visitaron nuestro país durante el mes de diciembre de 1976, lo que supone un aumento, respecto al mismo mes de 1975 del 9,8 %.

Los datos finales del año turístico, según el mismo informe fueron 30.014.158 los turistas que nos visitaron durante el año 1976, cifra sensiblemente igual a la de 1975: 30.090.591.

La recuperación experimentada en el último trimestre del año, con 1.00.701 turistas, que supone un aumento del 25,7%, ha permitido superar las diferencias negativas producidas en los meses anteriores. Siempre según este informe, las perspectivas para 1977 presentan un aspecto optimista.

Viviendas sociales en Madrid

La primera sociedad para construcción de viviendas sociales, con intervención del Ministerio de la Vivienda, entes públicos y la ¡niciativa privada será Viviendas.Sociales de Madrid (Visonsa), de la que son socios el Instituto Nacional de la Vivienda, el Ayuntamiento de Madrid y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

El informe oficial destaca la importancia que tiene, para el cumplimiento de los objetivos, sociales en el campo de la vivienda en Madrid, la colaboración del Ministerio y del el Ayuntamiento, integrándose en,un organismo que contará con la presencia de la Caja de Ahorros y la agilidad que preste la utilización de la figura de la sociedad anónima.

La sociedad cornenzará a funcionar de inmediato y promoverá, a través de la iniciativa privada, la construcción en 1971 de 5.000 viviendas, sociales, sin perjuicio de las 18.000 viviendas sociales qué se ha previsto,que promuevan los particulares.

La sociedad cuenta ya con el suelo necesario para la construcción de viviendas, dado que lo aporta el Instituto Nacional de la Vivienda y el Ayuntamiento.