El Gobierno no informa

No sabemos, a la hora de escribir estas líneas, cuál será el destino final de don Antonio Maria de Oriol. Es evidente que la situación en la que el Gobierno Suárez fue puesto por los secuestradores resultaba harto difícil de resolver y no seremos nosotros quienes, por el momento, emitamos un juicio sobre la decisión final del Gabinete. Pero hay otras cosas que sí merecen ser juzgadas. Como, por ejemplo, el hecho de que a la misma hora que el ministro de la Gobernación hablaba a los españoles por RTVE, se cumplía el último plazo dado por los secuestradores para asesinar al señor Oriol si el Gobierno no concedía una amnistía total. Ni la radio ni la televisión habían dado a conocer este extremo anteriormente. El diario Informaciones había sacado una edición especial anoche y todas las agencias de prensa habían emitido el comunicado, entregado a última hora de la tarde a las redacciones de EL PAIS y del citado vespertino. Los secuestradores habían adelantado una hora el plazo, de las doce a las once de la noche. A las once menos tres minutos aparecía en las pantallas el señor ministro de la Gobernación. Era la respuesta a ese ultimátum. El ministro y los secuestradores lo sabían. Los españoles, no. ¿Y fue necesario agotar hasta el último minuto la respuesta del Gobierno? ¿Sobre todo para dar una respuesta tan rotunda, tan definitiva y clara?Deseamos que la decisión adoptada sea la acertada. Añadimos que el método de tomarla y de explicarla al país nos parece rechazable.

El Gobierno no ha sabido dar una respuesta política a un hecho tan grave como el secuestro del señor Oriol en momentos en los que la victoria del referéndum le garantizaba un consenso popular. El Gobierno podía, en fin, haber aparecido un poco antes ante las cámaras de RTVE, haberle explicado al pueblo todos los datos del problema, haber sometido sus decisiones a la opinión pública y sus dudas a las dudas de los líderes de la sociedad.

Los responsables de la muerte del señor Oriol, si se produce, serán los secuestradores. El responsable de la pobre imagen democrática, el retorno al autoritario modo de tomar las decisiones, de espaldas a la opinión y hasta con menosprecio de ella, es sólo el Gobierno.