La Oposición ha cedido cuanto podía

Si alguna vez la Oposición se ha dejado llevar por peticiones maximalistas, utópicas o inviables no se puede decir lo mismo de sus condiciones para una consulta democrática. La objetividad exige reconocer que la oposición ha cedido todo cuanto podía. No se le puede pedir que retroceda un solo paso más. Ahora es el Gobierno el que debe ceder.En realidad, el pliego de condiciones de la Oposición va mucho más allá del referéndum. La consulta electoral es aquí un pretexto, o si así se quiere, una oportunidad. Pero las garantías que se piden no afectan a la naturaleza sustantiva del referéndum. En todo caso, al riesgo de que sé pueda convertir en una ocasión desaprovechada de establecer el punto de unanimidad democrática sobre el que sea posible establecer una convivencia armónica, sin exclusiones, y que supere de forma definitiva las consecuencias de la guerra civil.

Ya no se pide un Gobierno provisional ni a nivel del Estado ni de las nacionalidades. Nada de lo que solicita compromete la legalidad ni la legitimidad que el Gobierno pueda creer que tiene. No se invoca la ruptura ni el desmantelamiento de ninguna otra institución como no sea el aparato del Movimiento. Todo Io que se solicita, en una palabra, parece realmente una exigencia ineludible para que pueda existir una verdadera democracia. No se entiende, en efecto, que sin cumplir todos estos condicionamientos se puedan dar los supuestos mínimos para el arraigo de las libertad. Creo que todos tenemos el deber de reconocer que la Oposición ha necho un gran esfuerzo al moderar de esta manera su lenguaje, sus planteamientos y sus exigencias. No se podrá decir, en efecto, que si no hay negociación o acuerdo es porque la Oposición pida la luna. Es miás, yo creo que si se hiciera un referéndum entre todos los pollíticos de este país los siete puntos de la Oposición saldrían adelante con un 90% de votos. Hay que estar en condiciones de admitir que la Oposición ha sabido estar a la altura de la responsabilidad que tiene ante ella.

¿Y el Gobierno? El Gobierno debe saber que no es lo mismo conservar que negociar. Y tiene que aceptar, por otra parte, que el momento de la negociación es éste. No después del referéndum. Incluso por conveniencia de lo que este trámite procesal supone a los ojos del Gobierno. El referéndum -tal como decía Luis Apostua- no admite más «noes» que los de los partidarios de la democracia orgánica. Por tanto esta consulta refrendataria podría ser de hecho la expresión formal de la reconciliación de los españoles. Así, de hecho, lo entenderán muchos que al dar su «sí» a la democracia se olvidarán de si ellos o sus padres estuvieron en un bando o en otro, de si son de derechas o de izquierdas. Es decir, que el pueblo tiene perfectamente claro algo que el Gobierno y la Oposición tienen el deber de definir. Y esto es evitar la posibilidad de que se llegue a la democracia sin cerrar el largo paréntesis de la anormalidad de estos cuarenta años. Y esto exige, como condición previa, que dicha democracia sea un poco obra de todos. Que no haya, a la hora de instaurarla, más derrotados que los enemigos irreconciliables de lo que ella es y representa.

No nos enganemos. El único tema de fondo que al Gobierno le cuesta ceder ahora mismo es el reconocimiento del Partido Comunista. Pero ahora que el señor Kissinger va a volver a su cátedra, ¿qué es lo que puede impedir una legalización a la que antes o después se va a proceder de todos modos? Si hay obstáculos institucionales, que se nos diga. Si a pesar de todos los pesares es preciso un plazo de salvaguarda, que se negocie el tema con los interesados como españoles que son. Pero, por favor, quitémosle irracionalidad a la vida política en un momento en el que ya las condiciones objetivas no impiden que nada de lo que la Oposición pide se puede conceder en muy pocos días. Convirtamos el referéndum en el contrato que selle el acuerdo entre las dos partes. No en el «trágala» de una parte sobre la otra. Eso, me temo, es lo que el pueblo siente o intuye. Y los políticos responsables tienen la obligación de no confundirle. De demostrar con sus hechos que practican y creen en la democracia.