Las recientes medidas económicas son incompletas
El Consejo Nacional de Empresarios acaba de reaccionar ante las pasadas medidas económicas aprobadas por el Gobierno, al señalar su presidente Manuel Conde Bandrés a Europa que dichas medidas se encuentran necesitadas de varios retoques o complementos.Según el señor Conde, es necesario establecer un equilibrio entre la inflación que aqueja a nuestra economía y el índice de producción y de empleo, por lo que estas medidas podrían resultar alicortas.
Para el presidente del máximo organismo empresarial dentro del sindicalismo vertical, de los aspectos positivos de las recientes medidas destaca el llamamiento a la solidaridad de todos los españoles, el establecimiento de una conciencia nacional y las disposiciones para determinar controles de austeridad del gasto público.
Aspectos negativos para Manuel Conde son la idea de provisionalidad que definen a las medidas, que dependen en gran parte de la reforma política y la advertencia de que los controles de precios y salarios, que se han estado ejerciendo hasta ahora, jamás han dado resultados demasiado positivos.
Tras mostrarse partidario de que se hubiese establecido una pausa en la negociación y un gravamen sobre el rendimiento personal, el señor Conde considera como positivo los contratos eventuales, hasta el punto de que en su próxima gira el presidente de los empresarios intentará convencer a estos para que utilicen esta medida para cubrir sus plantillas de cara a una mayor producción.
Termina sus declaraciones señalando su temor ante el futuro de la pequeña empresa, como consecuencia del aumento del tipo de interés que se apunta.
Al mismo tiempo que el señor Conde exponía sus opiniones, el Consejo Nacional de Empresarios, corporativamente hacía público su opinión sobre el tema a lo largo de cuatro puntos, en contra de las medidas.
El primero de ellos señala que el decreto-ley no proporciona nuevos estímulos a la inversión, punto de partida obligado para la necesaria reactivación, teniendo por el contrario un carácter estabilizador de dudosa eficacia.
Sigue el comunicado poniendo de relieve que unas medidas de carácter coyuntural y con un corto período de vigencia, debían haber establecido instrumentos de financiación concretos.
La regulación transitoria de la contratación colectiva, traslada sobre el empresario toda la responsabilidad de contención de los incrementos salariales, que es responsabilidad del Gobierno.
Por último, apunta el hecho de que no se establezca en absoluto norma alguna de flexibilización de plantillas, que contemple las exigencias de rentabilidad de las empresas, ya que la suspensión del artículo 35 de la ley de Relaciones Laborales afecta, exclusivamente, a casos de despidos por imputaciones de incumplimientos individuales.
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