Anulado el secreto sobre la documentación gubernamental
La prolongada reunión del Consejo de Ministros de ayer -casi nueve horas- no respondió a la expectación existente en la opinión pública, al menos en lo que a la reforma sindical y a las medidas de carácter económico-social se refiere. Como destacable, cabe mencionar la anulación, decidida por el presidente del Gobierno, de la declaración como materia clasificada de las disposiciones y documentos que se eleven al Consejo de Ministros. Por lo demás, se trató de una reunión de trámite en la que se efectuaron reajustes orgánicos en la Presidencia del Gobierno, y se creó el registro de asociaciones políticas, acuerdos ambos que adelantamos en nuestra edición de ayer.
La declaración de materia clasificada en la categoría de reservada y secreta, para las disposiciones y documentos anexos que se eleven al Consejo de Ministros, que fue adoptada por iniciativa del presidente Suárez el pasado 28 de agosto -y que originó gran malestar en la prensa- fue anulada en el Consejo de Ministros de ayer por decisión del presidente. Según la ampliación de la referencia, el ministro de Información y Turismo dictará la oportuna circular sobre la materia. Una vez distribuida la referencia, los servicios informativos llamaron telefónicamente para añadir que la decisión del presidente se había producido al haberse recibido oportunamente en el Consejo Nacional el proyecto de reforma política. .El Consejo de Ministros no tomó ninguna medida concreta sobre la situación profesional y el estado de las retribuciones de los funcionarios públicos, si bien escuchó un informe del ministro de la Presidencia y vicepresidente segundo, Alfonso Osorio, sobre la materia.
El Gobierno acordó encargar con carácter urgente a una comisión interministerial el estudio y elaboración de propuestas definitivas.
También el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, ofreció un informe a sus compañeros de Gobierno sobre la población reclusa de España en primero de septiembre del año actual. A tenor de este informe, España ocupa el tercer lugar entre los países de menor población reclusa, de entre un total de 13 -todos ellos europeos, excepto Estados Unidos-, teniendo sólo Holanda y Portugal coeficientes inferiores al español.
La población penitenciaria española era, en la citada fecha, de 9.824 reclusos,lo que representa un coeficiente de 27,40 por 100.000 habitantes.
Holanda tiene -según el informe mencionado- un coeficiente del 22,86 y Portugal del 25. En último lugar de la lista se encuentran Estados Unidos, con un coeficiente del 118,69; Austria, de 94,83, y Alemania Federal, cuyo coeficiente es de 86,40.Otro informe que conoció ayer el Gobierno fue el del ministro de la Gobernación sobre los recientes sucesos ocurridos en Guipúzcoa y Vizcaya. Según la ampliación oficial, el informe hacía un análisis de la situación planteada y de sus implicaciones políticas, laborales y de alteración del orden público.
También informó el señor Martín Villa sobre la reunión de gobernadores civiles celebrada en el Consejo Nacional el 31 de agosto último. En torno al contenido de este informe -del mismo modo que sobre el relativo al viaje realizado a Barcelona del 3 al 6 del actual mes-, la ampliación escrita no revela dato alguno sobre su contenido.
Por lo que se refiere a asociaciones políticas, el Consejo de Ministros no decidió la legalización de ninguna de ellas, y sólo acordó, en este capítulo, la regulación del registro de Asociaciones políticas, en cumplimiento de lo que establece el artículo segundo de la ley sobre, el derecho de asociación política, aprobada por las Cortes el pasado 9 de junio.
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Nueve horas para un Consejo de trámite
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La congelación salarial que se esperaba en el Consejo de Ministros, no se produjo, y en materia de convenios colectivos sólo se llegó al acuerdo de dar la conformidad a la homologación de 84 convenios colectivos, que afectan a más de 86.000 trabajadores.
También el ministro de Agricultura informó al Gobierno, en su caso sobre los daños producidos por la sequía en Galicia -especialmente en el sector ganadero-, así como sobre los daños catastróficos en diversas comarcas de Alicante, Valencia y zonas limítrofes.
La estadística de tráfico aéreo durante el mes de agosto experimentó un descenso del 5 por 100 respecto al mismo mes de 1975.
Nueva política de viviendas
El pasado 30 de julio fue aprobado un Real decreto-ley sobre inversión en vivienda, cuyos principales objetivos eran: dotar de capacidad económica suficiente a las personas con menores niveles de renta para acceder a la propiedad de las viviendas sociales; cubrir el déficit actual de estas viviendas, construyendo en tres años del orden de las 450.000 viviendas de este tipo; establecer un nuevo concepto de la vivienda social, determinando sus niveles de calidad, y actuar directamente en la lucha contra el desempleo, asegurando al menos 100.000 puestos de trabajo en la construcción de viviendas en el próximo año 1977.
Para ello se ha establecido un sistema financiero adecuado, previendo la ayuda del Estado a las familias con menores niveles de renta, de manera que no tengan que destinar a la adquisición de las viviendas más de un porcentaje de sus ingresos, que las permita vivir decorosamente con el resto. Se dispuso también de los equipamientos, servicios e infraestructuras necesarias y que se vigilase los precios de las mismas.
Para alcanzar estos objetivos, el Ministerio de la Vivienda está en los momentos actuales llevando a cabo en distintas regiones sus programas, que se concretan en:
-Establecimiento de un sistema de financiación al comprador de la vivienda de tal manera que se permita que las personas que tienen menores niveles de renta tengan acceso a la propiedad de viviendas, al tiempo que se evita que las viviendas sociales vayan a parar a manos de aquellas personas cuyos niveles de renta les permite acceder a otro tipo de mercados.
En adelante, a través del Ministerio de la Vivienda, se concederían unos apoyos a los créditos que los particulares puedan obtener, asegurando una financiación a largo plazo y a bajo interés, que permite precisamente que hoy puedan adquirir viviendas sociales quienes no tienen teóricamente capacidad para ello, y sin que tengan que detraer para la vivienda una cantidad superior al 25 por 100 de sus ingresos familiares totales.
-Para conseguir la adecuada financiación del nuevo sistema es preciso acudir a todas las posibles fuentes de financiación existentes: La banca privada, que puede concertar créditos destinados a la adquisición de viviendas sociales gracias a la computabilidad de los mismos en los coeficientes de inversión; las Cajas de Ahorro, al computarse los préstamos que con esta finalidad se otorguen entre los préstamos especiales; el crédito oficial, utilizando las fuentes ordinarias del Banco de Crédito a la Construcción e incrementando notablemente la actuación del Banco Hipotecario, al que expresamente se autoriza para la emisión de células con destino a la adquisición de viviendas sociales; finalmente, el Presupuesto General del Estado continuará destinando importantes cantidades anuales a la vivienda, las cuales se utilizarán, no para la construcción directa por regla general, sino como factor multiplicador de la financiación del conjunto del sistema.
El Consejo de Ministros ha aprobado las normas de desarrollo del decreto-ley, en la que se contienen los sistemas de actuación que en los próximos años han de regir en política de viviendas. Las bases principales de esta política son:
-Se mantiene en vigor el sistema actual de construcción de viviendas del Grupo I.
-El actual Grupo II, incluidas las viviendas subvencionadas y las de construcción directa, es sustituido por el nuevo régimen de construcción de viviendas sociales.
Plan de modernización hotelera
Por medio de un Real decreto se convoca el II Plan de Modernización Hotelera, que forma parte de un conjunto de medidas en ayuda al sector y la consecuente reestructuración de la oferta turística hotelera. El plan prevé la dotación y renovación de locales, instalaciones, mobiliario y equipo, así como otros servicios complementarios de la oferta básica hotelera sin que en ningún caso suponga un aumento de la capacidad existente.
Las condiciones de los préstamos que se otorgarán suponen la concesión del 80 por 100 del presupuesto aprobado de inversión al interés del 8,25 por 100 en un plazo de amortización de 10 años.
Este crédito especial no supone gasto adicional alguno, ya que el importe de los préstamos que se autoricen es a cargo de la dotación de la línea de crédito hotelero y para construcciones turísticas. En el concurso se establece un límite de 2.000 millones de pesetas y una duración de 12 meses.
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