Las insuficiencias laborales de la declaración del Gobierno

Cuando este comentarista de temas laborales y sindicales escuchó primero y analizó después la declaración programática del Gobierno Suárez tuvo que reconocer que, desde el punto de vista político, se trata de la más positiva declaración de intenciones que el Gobierno de este país haya hecho desde 1939. Sin embargo, la especialización exige que centre mi atención en los pronunciamientos del Gobierno que, de manera directa o indirecta, afectan a los trabajadores.Llama la atención que el Gobierno, que al parecer ha tomado respetuosa nota de la existencia de la oposición política, no haya hecho otro tanto con la oposición sindical que es rigurosamente ignorada por la declaración programática, en contraposición con el específico reconocimiento de su plural existencia hecho por el ministro de Relaciones Sindicales en su reciente mensaje «al mundo del trabajo y de la producción». Sin embargo, el Gobierno ha elegido el camino de pronunciarse por el expreso reconocimiento de las libertades sindicales «de conformidad con los principios que inspiran la Organización Internacional del Trabajo». Así las cosas al primer Gobierno de la Monarquía no le queda otra solución, para cumplir su promesa, que proponer a las Cortes la inmediata ratificación de dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 87 (sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación) y el Convenio 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva) que, desde 1948 y 1949 respectivamente, están esperando la ratificación del Gobierno español.

Por supuesto que la duda que surge de manera inmediata es si las actuales Cortes están o no por la tarea de traer la libertad sindical que supondría la ratificación de estos convenios. En relación con ello el Gobierno tendrá que pronunciarse a cortísimo plazo sobre el destino que piensa dar al Título IV del proyecto de ley de reforma constitucional elaborado por el gobierno Arias, en cuyo articulado se contemplaba la reforma sindical de Martín Villa, que, he tenido oportunidad de señalar no hablaba ni de sindicatos ni de libertad sindical.

Sorprende no obstante que el mismo día en que el Gobierno Suárez proclama su amor a la libertad sindical, haya aprobado en Consejo de Ministros un decreto sobre Organizaciones Profesionales de Funcionarios Públicos, en el que se niega a los funcionarios civiles del Estado el derecho y la libertad de sindicación, imponiéndoles dos esquemas preestablecidos de organizaciones funcionariales. Quede así detectado el tema como muestra de la incongruencia entre la declaración programática del Gobierno y su primer decreto sustantivo y de cómo no es ese camino a seguir para que la democracia esté presente entre nosotros.

El proceso de acomodación de las leyes laborales españolas a los modelos vigentes en el mundo occidental, por los que se inclina la declaración del Gobierno, exige, sin mayor espera, el reconocimiento del derecho de huelga. Tal vez el Gobierno, para no asustar a los empresarios, ha preferido no decirlo así de claro, utilizando en cambio la perífrasis, pero conviene no olvidar que los trabajadores han entendido, que homologarse con el mundo occidental significa, cuando menos, poder ir a la huelga, con todas las de la ley.

Llama la atención por otra parte la desproporción entre las amplias, aunque vagas, manifestaciones que la declaración programática dedica a los temas de política económica general y de economía de la empresa, y las escasas líneas en que contempla los temas laborales y sindicales. Tan menguada reflexión tal vez tenga sus razones en el hecho de que ni el ministro de Trabajo ni el de Relaciones Sindicales han formado parte de la comisión redactora de la declaración programática.

Lo cierto, sin embargo, es que al Gobierno se le han quedado en el tintero temas tan importantes como la amnistía laboral, que ni se ordena a las empresas ni se les recomienda; la reordenación de la Seguridad Social, la reforma de la empresa, o el futuro que espera a la ley de Relaciones Laborales. Resulta curioso que estos temas hayan sido los más trabajados en la reciente Asamblea de Empresarios celebrada en Madrid bajo el patrocinio de la Organización Sindical, a cuyas conclusiones ha sido más sensible el Gobierno que a las reiteradas peticiones de amnistía laboral y sindical, derecho de huelga, y descongelación salarial machaconamente hechas por los sindicatos obreros.

Entiendo, como valoración de conjunto, que la declaración programática ha ido mucho más allá en los temas de política general que en los sindicales y laborales.

Para intentar llevar a cabo su programa el Gobierno necesita no sólo la paz con los empresarios sino también su ayuda, para lo cual lo primero que ha hecho desde la declaración ha sido tranquilizarles. Eso explica que la declaración programática no haga la más mínima referencia a la nueva política salarial de la que tan necesitado está el país, y que trate de circunscribir el énfasis democrático gubernamental a lo puramente político.