Cuatro grupos parlamentarios desean una mayor claridad en la declaración de ilegalidad del Partido Comunista.

Un test para el Gobierno Suárez puede significar el Pleno de las Cortes de hoy, tras la presentación de un texto propuesto por cuatro grupos parlamentarios para que el Partido Comunista sea expresamente declarado ilegal.

Ayer, mientras que los operarios de la unidad móvil de Televisión Española realizaban los preparativos cara al Pleno de hoy, se notaba cierta efervescencia en el palacio de la Carrera de San Jerónimo, en donde los procuradores de los sectores más netamente derechistas de la Cámara, montaban una estrategia para derrotar, si necesario fuera, al Gobierno, en caso de que éste optara por someter a votación la propuesta moderada emanada de la Comisión de Justicia en lo relativo a la exclusión del Partido Comunista.Por la mañana, se reunió la Mesa de las Cortes y, a su término, según informaron las agencias, el presidente de la Cámara, señor Fernández-Miranda, manifestó que «no existe procedimiento reglamentario por el que se pueda someter a votación la propuesta presentada por cuatro grupos parlamentarios en la que se pedía que el pleno se pronunciase sobre la ilicitud de los grupos comunistas».

Contra esta tesis del presidente de las Cortes, único legitimado para interpretar el Reglamento de la Cámara, el señor Díaz-Llanos (uno de los promotores del escrito, en su calidad de presidente del grupo Acción Institucional), declaraba por la tarde a los periodistas, en el bar de las Cortes, que, si es válida la fórmula aprobada por la Comisión de Justicia, también puede someterse a votación la sugerida por un grupo de procuradores.

El mismo procurador entregaba a los informadores la fotocopia de un escrito -en el que no se advertía sello alguno de las Cortes-, suscrito por cincuenta procuradores, entre cuyas firmas legibles se podía comprobar la del propio Díaz-Llanos y los señores Oriol, Maqueda, Thomas de Carranza, Del Aguila, González Sáez, Suevos, Fernández-Cuesta (Raimundo), Rivas Guadilla, Solís (Felipe), Naranjo, Hernández Gil (Fernando), y la señorita Plaza de Prado.

En el escrito, similar al que tuvo entrada el lunes en la secretaría de la Cámara, se solicita que, previamente a la votación sobre el proyecto de ley por el que se modifican varios artículos del Código Penal, se sorneta a la consideración y votación del pleno la sustitución del punto quinto del artículo 172 del Código Penal -que establece las asociaciones ilícitas-, por el siguiente: «En todo caso, los grupos, asociaciones o partidos comunistas, nacionales o internacionales.»

De las manifestaciones del presidente de las Cortes cabe deducir que hoy no se someterá a votación esta fórmula, por su antirreglamentaria presentación. Sin embargo, su eficacia puede consistir en neutralizar la que fue aprobada mayoritariamente en la Comisión de Justicia (con los únicos votos en contra, precisamente, de Díaz-Llanos, Fernández-Cuesta, Rivas, Botija, García Carrero, Pelayo Ros, y Arcenegui).

El señor Fernández-Miranda ya anunció ayer que dicha fórmula sólo se someterá a votación si el propio pleno así lo decide. La agencia Cifra informó que uno de los ponentes, Madrid del Cacho, tenía preparada una intervención en defensa de la fórmula sugerida por la Comisión de Justicia. Al parecer, tal intervención no está ya prevista oficialmente, y únicamente defenderá el proyecto de ley en su totalidad el también ponente Escrivá de Romaní, además del ministro de Justicia, Landelino Lavilla.

La actividad de los grupos parlamentarios fue ayer tarde intensa, siendo los más activos en mantener la posición mantenida en el escrito no reglamentario los denominados Acción Institucional, y Unión del Pueblo Español, que se mostraron dispuestos a votar en contra del proyecto de ley si no se somete previamente a votación su propuesta.

En cambio, el grupo parlamentario Independiente, según informó su portavoz, Pérez Puga, se mostró favorable al texto sugerido por la Comisión de Justicia, por entender que en un Código Penal sólo deben tipificarse conductas y nunca ideologías.

En medios próximos a este grupo se estima que la decisión que se adopte dependerá en buena medida de la actitud que el Gobierno tenga fijada respecto a la continuación de la reforma (ayer visitaron al presidente de las Cortes los ministros Martín Villa, Abril Martorell y Rengifo Calderón). Consideran en tales medios que, aun cuando exista el riesgo de que todo el proyecto de ley por el que se modifican varios artículos del, Código Penal relativos a los derechos de reunión, asociación, expresión de las ideas y libertad de trabajo, pueda ser rechazado por el Pleno de las Cortes, el Gobierno debe afrontar esta prueba, de modo contrario a lo que hizo el Gobierno Arias el 9 de junio, día en que, en expresión de Alberto Cercós, se arrugó.

De lo contrario, opinan los procuradores reformistas, los sectores inmovilistas de las Cortes se crecerán.