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Se solicita que los diputados sean representantes de la comunidad nacional y no de la familia

Los calificativos al mandato de Franco, la sustitución de la representatividad familiar por la de la «comunidad nacional» y el número de diputados que deben contar las futuras Cámaras, fueron los tres temas más debatidos en las sesiones de ayer de la sección primera del Consejo Nacional, reunida para dictaminar el informe que con carácter no vinculante debe elevar al Gobierno sobre la reforma

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La sección primera del Consejo Nacional del Movimiento aprobó ayer por la mañana los diez puntos que contenía el informe de la ponencia sobre el sistema bicameral. El señor López Rodó, que abrió la sesión, señaló que el informe se limitaba a señalar las ventajas que ofrecía el sistema, pero sin señalar sus problemas y dificultades. Después de proponer que se aprobase el sistema bicameral, con algunas precisiones, se aprobó el punto primero, por unanimidad, y en él se señala que el proyecto de reforma representa una importante transformación del sistema vigente en la actualidad.El punto segundo se aprobó también, tras rechazar la ponencia, una propuesta del señor Fernández de la Mora en el sentido de atribuir a las dos Cámaras, iguales funciones colegisladoras.

El punto tercero recoge los motivos por los que se lleva a cabo la reforma y el cuarto, aprobado sin discusión, señala que la reforma se opera como una evolución, desde las actuales instituciones en busca de una mayor representatividad, eficacia y funcionalidad.

El punto quinto provocó el debate más intenso de la sesión, al hacer referencia al mandato de Franco. La ponencia había redactado su informe hablando del dilatado período durante el que ejerció la Jefatura del Estado. El señor Fernández de la Mora pidió que se suprimiese el vocablo dilatado o, si no, que se aceptase la expresión fecundo y dilatado.

El señor Pedrosa Latas dijo que había que suprimir el párrafo, puesto que la importancia de la obra de Franco se había puesto de relieve en multitud de ocasiones y no era necesario repetirlo ahora. Su intervención provocó reacciones entre varios consejeros y el señor Pedrosa puntualizó que no estaba en su ánimo regatear elogios a Franco y que aceptaba la inclusión del párrafo. Seguidamente, la señorita Mónica Plaza se mostró de acuerdo con el señor Pedrosa y añadió que en el párrafo que se dice "la suprema magistratura de Franco aparecía revestida de poderes excepcionales que tenían su fundamento en la adhesión plena del pueblo español», se agregara «adhesión y participación», porque si no parecía que estos últimos años habían sido sólo de dictadura». Eduardo Navarro defendió el texto de la ponencia y el señor Ruiz Jarabo y las señoritas Primo de Rivera y Tey Planas apoyaron la inclusión del término «fecundo». A continuación, fueron muchos los que se sumaron a la petición del señor Fernández de la Mora y la ponencia, después de señalar que el párrafo carecía de sentido valorativo aceptó la inclusión del término fecundo.

Los puntos seis y siete se aprobaron con muy escaso debate. Hacían referencia a las causas que hacen necesaria la reforma de la función legislativa y la capacidad de reformar el sistema que la regula.

El punto ocho, que tampoco mereció especial atención, destaca las ventajas del sistema bicameral.

En el punto noveno, el señor Fernández de la Mora volvió a insistir en que se estableciese la igualdad colegisladora de las dos Cámaras y su proyecto fue rechazado por segunda vez. El punto hacía referencia a la institución bicameral integrada por dos Cámaras colegisladoras, con funciones, precisas y determinadas. Se refiere también al sufragio universal en los procesos electorales. El punto diez y último recoge una serie de consideraciones generales del Consejo para el Gobierno, incitando a la revisión del proyecto.

La democracia familiar

Por la tarde, la sección primera aprobó sugerir al Gobierno que los miembros del Congreso de Diputados se consideren representantes de la comunidad nacional y no de la familia, como dice el proyecto.

No fue demasiado fácil, porque surgió en el debate que la supresión de la alusión a la familia infringía el Principio VIII del Movimiento Nacional, que establece los cauces orgánicos de la familia, el municipio y el sindicato. Fernández de la Mora se refirió a la cuestión y fue replicado rápidamente por Ortí Bordás, quien manifestó que, para mantener el respeto a los cauces orgánicos, había que declararse contrario al sufragio universal. «Es el sufragio universal -dijo- lo que es contrario al Principio VIII del Movimiento.» Añadió que, de lo contrario, inventaríamos algo nuevo y exportable: la democracia familiar.

En igual sentido se expresó Garicano, quien prefirió, sin éxito, que se dijera que los diputados representaban al pueblo español.

Mónica Plaza se encontró ante el tremendo dilema de estar de acuerdo, a la vez, con Fernández de la Mora y Ortí Bordás, y manifestó, encontrarse en una gran confusión de mente y de conciencia ante la modificación de hecho de la Ley de Principios. «No hay nadie del sistema que quiera engañar al pueblo -dijo-. Sólo algunos, que los conozco yo, los ilegales, quieren engañarlo.»

Por la ponencia, Gutiérrez Rubio, defendió la tesis que resultó aprobada, en favor del término comunidad nacional, por entender que el individuo forma parte de una familia, que a su vez es la célula primaria de la comunidad nacional, junto al hombre.

Número de diputados

El otro tema importante debatido por la tarde fue el número de diputados que integrarán el Congreso. En el proyecto del Gobierno se fijaba en 300, sobre la base de dos por provincia y el resto de acuerdo con un criterio proporcional a la población de derecho.Con el voto en contra de Pedrosa, se aprobó sugerir al Gobierno: «El número de miembros del Congreso de Diputados debe ser fijo. En cada elección de legislatura se aplicará automáticamente la cifra de población de derecho que servirá de base para la elección de un diputado.»

Pero faltaba por decidir el número mínimo de diputados por provincia, Pedrosa Latas era partidario de que el total de los diputados por una provincia fuera, como máximo, el triple de aquella a la que menos correspondan. Navarro Hermosilla pidió que el mínimo provincial sea de 4 diputados y Ruiz Jarabo se refirió al peligro de tiranía de unas pocas provincias respecto al resto del país, si se mantenía el principio de proporcionalidad con la pobláción.

Eduardo Navarro señaló que no puede admitirse que un ciudadano de Almería tenga un voto que valga siete veces más que el de un barcelónés. El equilibrio entre las tierras -dijo- no debe menoscabar el equilibrio entre los hombres. No establecer los diputados de forma proporcional a la población llevaría a una situación extrañísima no registrada en ninguna Constitución del mundo.

Le apoyó Garicano, quien recordó que en las Cámaras bajas se suele establecer la representación de acuerdo con la cantidad de los habitantes. Sin embargo, prosperó la primera tesis y se aprobó sugerir al Gobiemo la elevación del número de diputados por provincia en uno o más enteros.

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