Felipe González, al frente del partido de Largo Caballero

-¿Cuál es, a su juicio, la diferencia entre ruptura y reforma?-Creo que la ruptura es, sobre, todo un método racional y pacífico de conducción del país desde una estructura de poder dictatorial hasta un régimen democrático de convivencia. Como tal, comporta dos pasos que han de ser considerados como funda mentales, sin los que no podría afirmarse la existencia de un régimen democrático.

Uno, de libertades básicas para todos. Empezando por la libertad de los presos políticos, pasando por las libertades individuales y colectivas, sin exclusiones ni arbitrariedades, tales como la de expresión o reunión, la de partidos políticos y de organizaciones sindicales, y llegando hasta la libertad de los pueblos para que, conforme a nuestra realidad plurinacional, decidan su modo específico de articulación en el Estado.

Otro, de iniciación de un proceso constituyente a partir del cual, con plena soberanía, pueda decidir el pueblo cómo han de conformarse, desde la base hasta la cúspide, todas las instituciones que regulan la convivencia democrática. Cubrir estos dos objetivos es conseguir lo que la oposición entiende como ruptura democrática.

La reforma debe ser entendida como un ensayo de transformación, más o menos profunda -según los casos y los intérpretes-, de las leyes que han configurado la superestructura política de la dictadura, a partir de sus mismas bases institucionales y no sólo sin cambiar su esencia, sino sin perder el control del poder en el proceso transformador.

Lo que define sobre todo al proyecto reformista, y en ello no discrepan ninguno de los reformadores, es la negación rotunda de la posibilidad de iniciar un proceso constituyente nuevo. Es decir, la negativa a someter a la soberanía popular, la decisión sobre la construcción institucional de un régimen democrático, escamoteando, por consiguiente, un pronunciamiento limpio y a fondo de la voluntad popular.

Los que propugnamos la necesidad de una ruptura institucional no violenta nos diferenciamos de los reformistas, incluso de los que lo son de buena fe, en nuestra profunda convicción de que, por una u otra vía, la última palabra sobre la ordenación de la convivencia política está en manos del pueblo, sin mediatizaciones despóticas.

Sin embargo, la diferente posibilidad de utilización de los medios de comunicación de masas, sobre todo de la radio y de la televisión, controlados rígidamente por el poder del Estado, producen un efecto manipulador ante la opinión pública, que trata de contraponer el reformismo a la ruptura, como dos métodos que conducen al mismo fin, diferenciados, al decir de los detentadores del poder, en que la reforma permite un tránsito pacífico y la ruptura crearía violencia. A mi juicio, esto no todo es falso, sino que tiene exactamente la dimensión contraria.

-¿No existe ninguna variación en la actitud de la oposición ahora que se conoce un calendario de reformas?

-En cierta medida, el reformismo propugnado desde determinadas esferas del régimen ha salido de una de sus más graves contradicciones internas e intenta recuperar la iniciativa política.

Durante los meses transcurridos, esta contradicción, que aparecía con plena evidencia, consistía en que los reformistas no reformaban. La presión popular, la opinión pública nacional e internacional, el deterioro de la situación socio-política y económica, y la aparición de un organismo unitario de la oposición, Coordinación Democrática, impulsaron a los reformistas a iniciar o poner a punto un cierto calendario de reformas.

Pero el mayor número de contradicciones subsisten y la propia puesta en marcha del calendario va a aumentar considerablemente estas contradicciones.

-¿Y por qué?

-En efecto, las reformas anunciadas son: - la posible realización de un referéndum; - una Ley de Asociaciones, con la modificación del Código Penal; - unas elecciones para una Cámara Baja, por sufragio universal, emanada del referéndum propuesto; - y una nueva ley electoral, cuyo contenido es totalmente desconocido.

-Pero, a la vez, algunos ministros empiezan a hablar de pacto. ¿Qué piensa de ello?

-En efecto, todo lo anterior está matizado por una serie de declaraciones, realizadas desde el mismo poder, en las que se manifiesta la necesidad de un compromiso con los sectores de la oposición para garantizar la transición con el menor número de traumas posibles.

Sin perjuicio de analizar los efectos políticos de cada una de las medidas reformistas propuestas, podríamos destacar la falsedad del planteamiento pactista por parte del Gobierno, ya que más que un compromiso político, fruto de una negociación, lo que se pretende es hacer tragar a la oposición, o peor todavía, a algunos sectores de la oposición, un programa que ni ha sido discutido con ella, ni tiene la lógica interna que necesita la marcha a la democracia, ni está legitimado por un mínimo consensus popular.

Se continúa, pues, practicando una política despótica, de o lo toman o lo dejan, a la vez que se muestra una clara debilidad anunciando la necesidad del compromiso. Pero, al mismo tiempo, las medidas propuestas adolecen de defectos específicos en cada una de ellas, que analizados racionalmente niegan la posibilidad de que la reforma conduzca a la democracia.

-¿Podría darse un referéndum válido? Si este referéndum no lo es, ¿cuál sería la actitud de la oposición?

-Prefiero empezar contestando a la segunda de las cuestiones, y partiendo de la hipótesis de que este referéndum no es, en efecto, válido.

El referéndum como método, incluso en los países con garantías democráticas, ha sido sistemáticamente criticado, por las grandes ventajas que otorga al poder este tipo de consulta.

En todo caso, para que se dé una mínima credibilidad democrática, a la hora de realizar una consulta popular de este tipo, habrían de darse los siguientes requisitos, exigidos no sólo por nosotros, sino por amplios sectores de la oposición:

Primero, una libertad plena de partidos políticos, que puedan expresarse a través de los medios de comunicación de masas -radio, televisión y prensa-; segundo, un control eficaz del censo electoral; tercero, un control asimismo eficaz de los resultados electorales.

Es inconcebible una consulta popular en la que las diferentes corrientes de opinión no puedan ofrecer al pueblo sus orientaciones en igualdad de condiciones y, a la vez, puedan sentirse seguros de cuál es el número de personas que votan y el resultado de la decisión de estas personas. Pero, además, y con ello entro a contestar a la primera de las cuestiones planteadas, el contenido del referéndum debe ser limpio y ofrecer las distintas opciones que defienden los sectores de opinión en que se dividen las fuerzas políticas del país.

El gran caballo de batalla entre la oposición y el poder, aún más que la legalización de todos los partidos políticos (que también lo es), radica en si es necesario o no un nuevo proceso constituyente para situar a España entre los países considerados como dernocráticos. A mi juicio, éste es exactamente el contenido que debe darse a la consulta popular.

De todo lo anterior se deduce que aun poniendo a discusión que el referéndum sea un método eficaz para conocer la voluntad popular, la oposición democrática puede, y a mi juicio debe, ofrecer una alternativa a la actuación concreta del poder político, Poniendo de manifiesto ante sus conciudadanos las contradicciones internas de esa actuación política.

Yo discrepo de los que pretenden que la consulta popular verse sobre la cesión de poderes excepcionales al Jefe del Estado, para que lleve a cabo la convocatoria de elecciones generales, removiendo los obstáculos que lo impidan. El camino hacia la democracia puede y debe ser protagonizado por el propio pueblo. Asimismo, me parecen poco racionales y poco explicables ante el pueblo los comportamientos que niegan toda posibilidad al referéndum como medio para conducir a una alternativa democrática.

Convencido de la evidencia de que no habrá un juego democrático pleno en tanto que el pueblo no decida sobre la totalidad de las instituciones que regulan la vida de un país, sin embargo, creo ineficaz la estrategia de el todo o el nada, situándose al margen de la vida política cotidiana.

De ninguna manera quiero conceder al poder la posibilidad de presumir, utilizando los medios de comunicación de masas, de haber propuesto un método, aunque no perfecto, de consulta de la voluntad popular, y haber sido éste rechazado por la oposición democrática.

Como desde hace mucho tiempo, creo que al poder político hay que responder no sólo oponiendo una estrategia global alternativa a su proyecto reformista, sino denunciando paso a paso su actuación política contradictoria en el marco de este reformismo.

La polémica es tan vieja como la de marxistas y aliancistas a partir de la Primera Internacional. Los primeros, conscientes de que las instituciones vigentes no eran las suyas, decidieron unir a su estrategia global una táctica política que tendía a aprovechar, utilizándola, las contradicciones y plataformas que ofrecía el tinglado institucional de la burguesía dominante.

Para los segundos, cualquier tipo de utilización de estas plataformas llevaba a la consolidación y fortalecimiento de la burguesía dominante, y de ello se derivaba la absoluta negativa a cualquier participación en esferas de «legalidad burguesa».

-Si no se dan las condiciones mínimas de credibilidad en el referéndum, ¿cuál será su actitud?

-Si, tal como se propone el Gobierno, el referéndum va a consistir en ofrecer una alternativa entre el búnker y el reformismo, entre un no que significa el más absoluto inmovilismo, y un sí que significa la aceptación de un bicameralismo, calificado ya como «bicamelismo», la oposición democrática, que previsiblemente no tendrá tan si quiera un estatuto garantizado de intervención en la vida pública, permanecerá a margen de lo que va a ser denunciable como una farsa, como un camuflaje del auténtico pronunciamiento popular.

-¿De los contactos con algunos sectores del poder, no se puede deducir alguna posible negociación en torno a éste y otros aspectos?

-No. Creo que en el poder actual, o más precisamente, en el Gobierno actual, se dan tal número de contradicciones que hace imposible cualquier interlocución válida para una negociación.

La lucha entre sectores ultraderechistas, sectores reformistas, que no quieren cambiar nada de lo esencial, y sectores sinceramente reformistas, conduce a una política incoherente, que se manifiesta en las propias declaraciones ministeriales.

Unos ofrecen el paquete de reformas como algo que está allí y que es inalterable, otros los rechazan por «fidelidad al pasado», otros hablan de la necesidad de un «pacto» sin poder ofrecer vía alguna de negociación.

No obstante, los contactos con alguno componentes del equipo ministerial y con otros sectores del poder sirven para clarificar posiciones de los diferentes grupos políticos y para ratificar lo que en su conjunto la oposición entiende por una verdadera, alternaltiva democrática y puede ir sentando las bases para que algún día se pueda negociar verdaderamente la transformación democrática.

-¿Cabe, por tanto, alguna negociación con el poder?

-Desde la oposición, desde Coordinación Democrática, se ha dejado perfectamente claro que es necesario llegar a un cierto compromiso con sectores del poder político que realmente quieran ir a la democracia.

El problema es doble: por un lado, saber si existen algunos que realmente quieren la transformación democrática, cosa no del todo clara; por otro lado, la constatación de que el Gobierno actual no es, cómo tal, interlocutor válido para la oposición democrática. Las declaraciones del presidente del Gobierno son suficientemente expresivas para verificar este hecho.

Si la crisis, a veces latente, a veces manifiesta, del poder político se resuelve, homogeneizando a dicho poder, desplazando definitivamente a la ultraderecha inmovilista y a la burocracia política de los que, quieren reformar para conservar, la hipótesis de la negociación de la alternativa democrática no sólo no es rechazable para la oposición, sino que ha sido defendida por ella.

Pero conviene decir que el tiempo apremia. Que contra los que hablan de un plazo corto de seis meses de vigencia o de existencia del Gobierno es necesario recordar que el tiempo histórico se acelera en épocas de transición y, por consiguiente, de inestabilidad. Que para que un Gobierno, sea cual sea su representatividad, que la situación vigente siempre será escasa, cubra su papel histórico en una etapa como la presente, ha de asumir plenamente su carácter transitorio.

-¿Cuál sería concretamente la fórmula que usted aceptaría de consulta?

-Con las condiciones previas ya expuestas, la consulta sería simplemente si el pueblo desea o no la convocatoria de elecciones generales para decidir con plena soberanía sobre su futuro.

Es una torpeza, con consecuencias a mi juicio graves, mezclar cuestiones como las de decisión indirecta sobre la institucionalidad del Estado, con «reformas» de las leyes fundamentales que obliguen al pueblo a decidir entre búnker y reformismo. ¿Por qué no se acepta por el poder el reto de que sea el pueblo quien decida si quiere reforma o ruptura?

-Si el referéndum se realiza en los términos actuales y se pone en marcha el bicameralismo propuesto, ¿cuál sería su actitud?

-No queremos jugar con futuribles. Y mucho menos crear hipotecas sobre las decisiones de un Partido que las toma democráticamente a partir de Congresos y a través de órganos de dirección emanados de éste. Pero del análisis que hicimos antes hay que deducir dos cosas: Una, la valoración que nos merece un bicameralismo como el propuesto. Otra, la participación o no en una Cámara Baja, elegida por sufragio universal, pero carente de las facultades propias de un Parlamento en un país democrático.

En cuanto a la primera, a mi juicio, un sistema bicameral en el que la Cámara Baja, representativa de la voluntad popular, tenga el mismo poder que la Cámara Alta, carente de representatividad; un sistema en el que los diputados o representantes de la Cámara Baja no tengan el poder de poner en crisis al ejecutivo y mucho menos de designarlo, es la negación de un sistema parlamentario. Puede conducir a una situación realmente caótica, de enfrentamiento entre Cámaras y de permanente exigencia de cambios en profundidad para la consecución del objetivo inexorable: la democracia.

En cuanto a la segunda, le contestaré con una experiencia histórica, sin que ello suponga prejuzgar nuestro comportamiento, y advirtiendo que no creo demasiado probable que llegue a estabilizarse el bicameralismo.

Pablo Iglesias fue el único diputado, a principios de siglo, que los socialistas llevaron a un Parlamento, también enormemente mediatizado, y su tarea fue la de denunciar el caciquismo, la manipulación de las reglas del juego democrático, y la necesidad de una profunda transformación de las estructuras.

Su tarea me parece, en la perspectiva histórica de hoy, de un valor incalculable.

-¿Cuál es el papel de Coordinación Democrática?

-Unidas las distintas fuerzas democráticas en un organismo común para realizar e objetivo de la ruptura, Coordinación expresa exactamente la necesidad de coordinar los esfuerzos entre partidos y organizaciones sindicales, que representan intereses muy diversos, incluso antagónicos desde el punto de vista económico, para el restablecimiento de la soberanía popular.

-¿Cuáles son sus relaciones con el PC?

-En contra de todas las especulaciones de última hora, las relaciones son cordiales y se establecen a través de Coordinación Democrática. Aprovecho la pregunta para dejar claramente sentado que nosotros no entraremos en eljuego de calificar a esta fuerza política como no democrática. Nuestra experiencia es que durante años están luchando por las libertades democráticas, soportando por ello índices de represión de todos conocidos. Hoy y mañana, como una exigencia de nuestra condición de socialistas, lucharemos por la libertad y la legalidad del Partido Comunista. Como de todas las fuerzas que componen el espectro político de nuestro país.

-¿Establecerían una alianza de gobierno con los comunistas cuando se recuperasen las libertades democráticas?

-Tanto los comunistas como nosotros somos conscientes de la necesidad de estabilizar democráticamente este país, y pensamos que sería un error político cualquier tipo de alianza bilateral que pudiera provocar reacciones en sentido contrario que perjudicaran al proceso de estabilidad al que aspiramos.

-¿Cómo ve la situación económica?, ¿qué alternativas podrían ofrecerse por un posible gobierno de orientación socialista?

-La coyuntura económica actual se caracteriza por la existencia de un círculo vicioso: el Gobierno es incapaz de sacar la economía de la situación depresiva actual -con más de 700.000 parados y una cuarta parte de la capacidad productiva inutilizada- sin exacerbar la inflación por encima del 20% anual, y sin deteriorar la balanza de pagos de modo insostenible.

Un Gobierno de izquierdas debería empezar por reactivar la demanda de consumo -abandonando la errónea política de salarios seguida a principios de este año-, mediante una progresión real del poder de compra de los trabajadores, unos subsidios de paro extendidos a la totalidad de los obreros que no tienen trabajo , mientras se alcanza el pleno empleo, y una elevación del mínimo exento del impuesto sobre el trabajo personal. Al propio tiempo forzaría el gasto público de inversión en la infraestructura y servicios Colectivos, para reactivar la demanda, sin generar con ello un volumen incontrolable de importaciones, como ocurriría si se estimulase en exceso la inversión privada.

Villar Mir se equivoca cuando dice que la reactivación de la economía española debe producirse medíante el aumento del ahorro y de la inversión privada. Aumentar el ahorro añadiría elementos depresivos y, por otra parte, con la cápacidad productiva infrautilizada en tan gran medida, las empresas no invertirán antes de que se recupere el poder de compra de las masas populares. ,

Un tercer elemento fundamental de la política econórnica de un Gobierno progresista sería, en una situación como la presente, un acuerdo con los sindicatos para efectuar de manera Planeada una redistribución de la renta en favor ole los trabajadores, que no generase presiones inflacionistas. Ello sería más factible cuanto mayor fuese la confianza de los trabajadores en el Gobierno, es decir, cuanto mayor fuese la representatividad y la identificación de este Gobierno con la clase trabajadora.

Debería aplicarse de modo eficaz el aparato fiscal, abriendo negociaciones -no mendicantes, sino en pie de igualdad política con la CE- para obtener ayudas al desarrollo regional y a la balanza de pagos, que no supusieran ni condicionamientos políticos ni servidumbres frente a las empresas multinacionades.