La manifestación del día 20, "test" para el Gobierno

En un momento en que el presidente Arias se encuentra en una situación política delicada, la manifestación convocada por la Confederación de Combatientes para el próximo día 20, aparece ante la clase política como un test sobre la firmeza del Gobierno en lo que respecta a la llamada «oposición institucional».

La autorización o no por el Gobierno de la manifestación convocada como «homenaje de gratitud y de respeto a la memoria de Francisco Franco», constituirá una definición de la actitud del ejecutivo en el confuso momento político que vive nuestro país. En círculos políticos del sistema y de la propia oposición se espera con interés una decisión que, dadas las circunstancias que rodean a la solicitud, ofrece connotaciones políticas que exceden de la mera celebración de un homenaje al anterior Jefe del Estado. La petición del permiso fue cursada al Ministerio de la Gobernación el pasado día 24 y firmada por José Antonio Girón de Velasco.

La injusticia histórica, a la que alude la convocatoria —y concretamente las acusaciones de cambio del signo y origen histórico del Régimen, así como las alusiones a la ofensa y la injuria a Franco— ofrece el aspecto de una denuncia contra el Gobierno que promueve o tolera tales hechos. Tal denuncia se suma a las llamadas de atención sobre la heterodoxia de la reforma que se vienen produciendo desde el mismo sector que convoca la manifestación. El escrito de los 126 y unas declaraciones a La Vanguardia Española del presidente de la Confederación sobre la inconstitucionalidad del sistema bicameral que se proyecta, son dos muestras evidentes de tal actitud.

El diario El AIcázar publica cada día el texto de la convocatoria, así como las adhesiones que se reciben, procedentes de todas las categorías sociales y de todos los orígenes políticos y económicos.

Anoche todavía no se había concedido autorización para la manifestación —proyectada en principio para la Plaza Mayor que después se había cambiado a la histórica Plaza de Oriente.

Un acento más en la expectación existente sobre este tema se deriva de los sucesos de Montejurra, que por algunas características, y aun a pesar de que han comenzado a producirse detenciones, recuerdan la agresión, todavía sin clarificar, de que fue objeto el periodista Martínez Soler.

Algunos observadores apuntan hacia determinadas tensiones dentro del departamento responsable del orden público que, a la hora de conceder la autorización para una concentración y subsiguiente manifestación pública, es verosímil que se pongan de manifiesto.

Contraataque Arias

El deterioro progresivo de la imagen pública del presidente Arias -—al menos, en los medios de comunicación social, a pesar de que un tal Ulises, en Pueblo, aseguraba ayer que la mayoría de la prensa dice sí a la continuación de Arias— parece haber aconsejado al jefe del gabinete una contraofensiva, en forma de una intensa actividad político-oficiosa.

Europa Press señala a este respecto que Arias desea cambiar impresiones durante la próxima semana con grupos y personas representativas de sectores políticos, económico-sociales y de opinión pública. Para empezar, la misma agencia anuncia un almuerzo con personas de Editorial Católica, y para más tarde, con comentaristas políticos de los medios informativos, como ya hacía Arias Navarro frecuentemente en su etapa de alcalde de Madrid. Europa Press —que hace proceder su información de círculos generalmente bien informados— añade la diferencia de situación en el momento actual, dada la falta de tiempo del presidente, insalvable a veces, a pesar de sus buenos deseos para llevar a cabo tales contactos.

La autorización por el Gobierno de una manifestación del carácter de la que se proyecta para el día 20, no parece que tendría una favorable acogida entre los sectores a los que el presidente Arias —tras su entrevista con el Rey el viernes—parece querer dirigirse, y, desde luego, no se detendría con ella verosímilmente la oposición contra la reforma que se viene ejerciendo desde los sectores inmovilistas. Los votos de estos señores, por otra parte —según cálculos concienzudos— no son suficientes para dar al traste con los proyectos en marcha. Por lo demás se detecta un cierto nerviosismo en la proyección y realización de los cambios políticos, nerviosismo que origina contradicciones y errores de bulto en los textos legales.

Un dato al respecto es el proyecto de ley de reforma de la Ley Constitutiva de las Cortes y de la Ley Orgánica del Estado, en cuyo preámbulo, a pesar del título del proyecto de ley, se alude a la modificación, también, del Fuero del Trabajo. En cambio, en la disposición derogatoria no se alude para nada al citado Fuero.

Asimismo, en el texto del proyecto de ley que estaba ya redactado con fecha 8 de mayo —lo había aprobado el Consejo de Ministros del 7—, no aparecían más que cinco disposiciones transitorias, mientras que en el texto distribuido a los consejeros nacionales el pasado jueves figuraba ya una sexta disposición de este carácter, por la que se establece que el Consejo de Economía Nacional —actualmente lo preside el ex ministro Enrique García Ramal— afecto a los sectores inmovilistas, continuará con su organización hasta que la ley especial que regule el nuevo Consejo Económico y Social fije la fecha de su desaparición.

Pero lo más curioso es que en el texto remitido a los consejeros, aunque se alcanzó a incluir la disposición citada, no se suprimió, como hubiera sido congruente, la derogación del precepto relativo al Consejo de Economía Nacional (párrafo V del artículo 40 de la Ley Orgánica del Estado).