El Gobierno portugués indemniza a un empresario español

El Consejo de Ministros portugués ha decidido ayer que una empresa agraria de gran extensión llamada «Casa Agrícola Don Yo» pase a ser propiedad estatal. La empresa en cuestión, situada entre los distritos de Evora y Beja (Alentejo), era propiedad del empresario zaragozano Julio Suso.El Consejo de Ministros al tiempo que anunciaba esta medida, indicaba que se había constituido una «Comisión Mixta» formada por técnicos del Ministerio de Hacienda y especialistas nombrados por la empresa para evaluar las propiedades y acordar las indemnizaciones correspondientes. Esta Comisión tendrá un plazo de 15 días para presentar un informe al Ministerio.

La «Casa Agrícola Don Yo» es la primera propiedad española que ha sido objeto de compra por parte del Gobierno portugués. Y también la primera cuya nacionalización se ha realizado con el acuerdo de ambas partes.

La finca de 4.000 hectáreas había sido catalogada como modelo por las autoridades del Ministerio de Agricultura, y por estas mismas razones no entró en los planes de Reforma Agraria. La propiedad empleaba a 180 personas y estaba dedicada en su casi totalidad a ganadería.

Asalto

Durante el verano de 1975 varios grupos de campesinos, dirigidos por miembros de la Unión Democrática Popular (ultraizquierda) asaltaron algunas de las propiedades que formaban parte de la finca, vendieron el ganado y los tractores y despidieron a la mayor parte de los asalariados que allí trabajaban. En la actualidad sólo 32 obreros agrícolas trabajaban en las fincas ocupadas.Tanto el Instituto de Reforma Agraria como el Ministerio de Agricultura prometieron al propietario de la «Casa Agrícola Don Yo» que sus fincas serían desocupadas, pagadas las indemnizaciones correspondientes y eventualmente adquiridas como propiedad estatal para establecer allí una Escuela de capacitación agraria. Estas promesas han sido mantenidas y la decisión del Consejo de Ministros sirve para concretarlas.

Es la primera vez, desde el 25 de abril de 1974, que un ciudadano español recibe por parte del Gobierno portugués satisfacción en sus reivindicaciones, si exceptuamos el caso de la Embajada de España, destruida en septiembre de 1975 y que está siendo restaurada.

En la reunión de Guarda entre los ministros de Asuntos exteriores de España y Portugal se habló, según parece, de las indemnizaciones a ciudadanos españoles afectados por «expropiaciones salvajes», pero hasta el momento ninguna de las reivindicaciones ha sido atendida salvo la que se refiere a la finca citada. El carácter excepcional de esta finca modelo, cuya rentabilidad superaba el 20 por 100 anual explicaría, según algunos, la decisión portuguesa que puede constituir, sin embargo, un buen antecedente para los casi cien propietarios la «revolución».