Detenido un vicepresidente de la Federación Española de Fútbol por amaños en contratos del ‘caso Villar’

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han iniciado este martes una nueva fase de la Operación Soule, que les permitió la detención en julio de 2017 del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar. En esta ocasión, el foco de la investigación es la Federación Catalana de Fútbol, cuya sede ha sido registrada, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. El que fuera hasta hace poco máximo responsable de ella, Andreu Subies, ha sido detenido, según estas mismas fuentes.

Subies es el vicepresidente económico de la RFEF, por lo que se encarga de las cuentas de la federación. Fue nombrado por el presidente, Luis Rubiales, de quien es uno de sus hombres fuertes. Subies fue una pieza clave para que este ganara las últimas elecciones. También ha sido detenido el empresario José Contreras, exdirectivo de la federación catalana y amigo íntimo de Villar. En total, la Guardia Civil tenía previsto realizar seis registros.

Las nuevas pesquisas forman parte de una pieza separada del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En ella se investiga el supuesto trato de favor que dio Villar a empresas de familiares y directivos de la Federación Catalana de Fútbol dentro de la red clientelar que creó para conseguir el apoyo de las distintas federaciones regionales para su candidatura en las diferentes elecciones a la presidencia. En concreto, adjudicaciones por parte de la RFEF de contratos de obras o de servicios aparentemente ficticios.

Esta nueva línea de investigación arranca de una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía Anticorrupción pocos días después de la detención de Ángel María Villar y en la que se denunciaban los supuestos sobrecostes en las obras de remodelación realizadas en 2014 en la sede de la Federación Catalana de Fútbol, en la calle Sicilia, de Barcelona. Siempre según esta denuncia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, aquellos trabajos de reforma fueron adjudicados a la inmobiliaria Tastavins, propiedad del empresario detenido este martes, José Contreras, por un importe de 518.702 euros. Ese importe fue abonado por la RFEF entonces encabezada por Villar.

Tastavins, de la que no consta que tenga empleados, subcontrató los trabajos a una constructora por menos de la mitad de ese importe. En concreto, por 239.000 euros. El resto del importe pagado fue supuestamente desviado a pagar otros trabajos. En concreto, en un restaurante de Cambrils (Tarragona) en el que figura como administradora la esposa de Subies, y en el domicilio particular de este en la misma localidad costera. Parte de estas irregularidades fueron reveladas en su día por el diario digital el Món, según hacía constar la propia denuncia anónima.

En el sumario del caso figuran ya informes de la UCO que apuntan en la misma dirección de la denuncia e, incluso, extienden las presuntas irregularidades a las reformas de otras sedes territoriales de la Federación Catalana de Fútbol. En concreto, a las de Villafranca del Penedés y Sabadell. En dichos documentos policiales, se señala que estas obras y la de la sede de Barcelona supusieron un desembolso total de 2,2 millones de euros, de los cuales un 90% se hizo cargo la RFEF presidida por Villar. En todas ellas aparece como adjudicataria la empresa Tastavins.

La Guardia Civil también destaca en esos informes la estrecha relación existente entre Villar y Contreras, propietario de la inmobiliaria. Y ponen como ejemplo que cada vez que el entonces presidente de la RFEF viajaba a Barcelona, Contreras le recogía en su coche y le llevaba a los sitios. Una relación que también ha puesto bajo sospecha otros contratos conseguidos por Tastavins de organismos ligados a la federación, como los firmados en 2013 y 2014 con la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas.

La Federación ha emitido un comunicado en el que muestra "el máximo respeto por las acciones judiciales" y pide "el respeto necesario por la presunción de inocencia". El organismo federativo ha recordado que está personado como acusación particular en el 'caso Soule', y ha recalcado su "compromiso con la transparencia".