Hasta dónde llegar al narrar una violación

La noticia que se publicó el martes sobre la dimisión de un alto mando policial, después de que un juzgado admitiera la querella de una subordinada que lo acusa del delito de agresión sexual, narra explícitamente una violación. Teresa Revenga escribió al día siguiente para protestar por lo que considera “un relato innecesario”, porque cree que los detalles recogidos en la información “revictimizan a la mujer que ha denunciado, la exponen públicamente y fomentan el morbo”. James Badcock también expresa sus reparos: “No veo la necesidad de contar el cómo de un abuso o agresión sexual. Pienso que basta informar que tal crimen se denuncia, se imputa o se ha demostrado en un juicio”.

La observación de estos lectores es pertinente porque pone el foco en un debate ético y profesional que se mantiene abierto en la Redacción, donde hay periodistas que opinan como ellos y otros que defienden ser explícito en la narración de la violencia sexual para no edulcorar el sufrimiento de las víctimas.

En esta segunda postura se encuentra Isabel Valdés, corresponsal de género de EL PAÍS. “Los detalles, sin entrar en el morbo, son necesarios para la comprensión de lo ocurrido”, afirma. “Cuando no los damos o tratamos los hechos con asepsia y los contamos con un lenguaje frío, estamos blanqueando la violencia, sin mostrar el sufrimiento real que provoca, sin reflejar bien lo que cuentan las mujeres y sin exponer verdaderamente qué es la violencia. Durante años se ha repetido que lo que no se nombra no existe, y es cierto, pero si no se nombra bien, tampoco existe en toda su dimensión”.

El Libro de Estilo de EL PAÍS tiene un apartado dedicado a la violencia machista, que abarca, como establece el Convenio de Estambul, las agresiones sexuales. En él se establece el deber de tener “gran cuidado a la hora de transmitir información y opinión para no añadir un dolor innecesario a las víctimas”, pero no fija un criterio objetivo en la descripción de la violencia sexual, de modo que esta depende del periodista que siga el caso o el mando que revise el texto.

Pilar Álvarez, jefa de sección de Sociedad, donde se publican la mayoría de las noticias de violencia machista, explica que no hay una norma general porque cada situación debe considerarse individualmente, según el contexto y los hechos, y también porque hay víctimas que prefieren no abundar en detalles y otras partidarias de un relato más completo. “Cuando tenemos la oportunidad, lo que hacemos es preguntar a cada persona cómo quiere que se cuente lo que le ha ocurrido”, añade.

El redactor de tribunales José María Jiménez Gálvez, autor de la noticia analizada, aclara que trató de contactar el mismo martes con la funcionaria de policía que presentó la querella, pero ella delegó en su abogado, Jorge Piedrafita, para que él hablara en su nombre. La narración de lo sucedido se basa en la información ofrecida por este letrado y en entrecomillados de la querella que investiga un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid, que decidió incluir porque aportan “credibilidad” al relato.

Mónica Ceberio, la subdirectora responsable de la sección de España, donde se está siguiendo el caso, defiende que se dieran detalles explícitos, porque sirven para zanjar dudas sobre la dimensión de los hechos. “Es un debate complejo y que hay que plantearse cada vez”, afirma. “Desafortunadamente, en ocasiones una denuncia de este tipo pasa a convertirse en un cuestionamiento del relato de la víctima. En este caso, cuando lees los detalles de la querella resulta claro que la acusación es creíble y los hechos, muy graves”.

Giro profesional

La manera en la que el periodismo explica los casos de violencia sexual ha cambiado radicalmente en la última década, a medida que la sociedad ha modificado su percepción sobre las víctimas. Hasta hace poco, aún se ponía el foco sobre ellas y en su conducta, razón por la que quedaban desprotegidas, ya que no se daba valor a su testimonio, ni se conocía públicamente la naturaleza de las agresiones violentas. En este giro profesional han sido vitales el caso de la Manada, que en 2016 sacudió en España la conciencia común sobre la violencia sexual, y, después, el caso Pelicot, cuya víctima reclamó en 2024 un juicio público a sus agresores para que la vergüenza cambiara de bando.

Al tratarse de delitos que suceden en la intimidad, los tribunales, pero también la sociedad, contraponen los relatos de víctima y acusado y la precisión en los testimonios resulta imprescindible para la credibilidad, porque cada laguna en la descripción de los hechos abre un resquicio para poner en duda su versión. Por eso, el reflejo en una noticia de lo sucedido debe ser esclarecedor y fiel a los hechos, aun en su crudeza.

En este caso, aunque la funcionaria de policía no ha expresado en persona hasta dónde quería contar, sí lo ha hecho de manera tácita al designar a su abogado, quien se ha ocupado de trasladarle al redactor lo que ella ha querido hacer público, mientras permanece protegida bajo el anonimato.

Este debate plantea similitudes con las quejas puntuales que recibo sobre la dureza de las fotografías de las guerras. No son las imágenes las que hieren, sino los hechos que estas reflejan. Sin embargo, revelar los abusos es la obligación de un periódico, especialmente cuando se conculcan los derechos humanos. ¿O acaso no son casi siempre las imágenes de niños famélicos e indefensos las que golpean las conciencias en los graves conflictos internacionales?

Creo que la misma responsabilidad incluye contar mejor los excesos inaceptables de la violencia sexual. Quizás el periodismo tiene todavía que dar un paso más y poner en práctica lo que nos ha mostrado Gisèle Pelicot al reclamar luz y taquígrafos sobre las graves agresiones que cometen algunos hombres. Pero yo misma tengo dudas de cómo debe hacerse este difícil relato y, como dije antes, no hay unanimidad en la Redacción sobre un debate que sigue abierto. Les invito a escribirme —defensora@elpais.es— para acompañarnos en esta reflexión.

Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).