Un llamamiento a la rebelión de los periodistas

El cine y la jerga periodística han dejado en el imaginario de los lectores que tras cada fuente anónima de una noticia se oculta una persona cuya vida o posición están amenazadas por revelar información sensible y reservada. Los lectores tienen razón, porque así debe ser. Pero se ha extendido el abuso de este término hasta el punto de que ya se coloca la etiqueta de “fuente” a informaciones, más o menos banales, que distribuyen los departamentos de prensa. No hay nadie en peligro. Lo que hay es un mensaje de móvil, distribuido a varios teléfonos a la vez, con los mismos entrecomillados, que no responden a preguntas formuladas por periodistas, sino a los contenidos que una institución quiere difundir.

Apenas dos horas después de que el BBVA anunciara el jueves la opa hostil sobre el Banco Sabadell, el Gobierno remitió un comunicado en el que mostraba su rechazo a la operación “tanto en la forma como en el fondo”. Este entrecomillado fue recogido por varios medios: la agencia Efe, La Vanguardia y Expansión lo difundieron como una información del Gobierno; en EL PAÍS, Europa Press y La Razón apareció atribuido a “fuentes oficiales”.

Todos esos medios tenían idéntica cita, porque procedía de un mensaje de WhatsApp que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa envió a un grupo de periodistas que habitualmente informan de sus asuntos. No llevaba membrete, ni iba firmado por la oficina de prensa del Ministerio. En cambio, lo encabezaba la frase “fuentes oficiales”, una indicación de cómo esperaban que se tratara esta información.

“Eso no son fuentes, sino la posición oficial del Gobierno”, explica Inma Carretero, redactora jefa de la sección de España. “Una fuente es alguien que ofrece información fuera del cauce oficial, y cuando es un envío realizado a través de un gabinete de prensa hay que expresarlo así”. A menudo, añade, los partidos envían con la misma indicación argumentarios con los que pretenden condicionar la información, sin asumir su responsabilidad.

El mismo jueves, el PP envió también un mensaje sobre la opa en la misma plataforma y con idéntico enunciado de “fuentes oficiales”. En él, se marcaban en negrita las frases que quería destacar, como esta: “El Gobierno conocía la hipotética fusión y no la ha censurado hasta la víspera de la campaña de Cataluña”. Si uno hace el ejercicio de copiar este enunciado en un buscador, saldrán al menos una decena de medios que recogieron textualmente la cita, bajo la denominación de fuentes. Incluido este periódico, que la atribuyó al PP.

“En ocasiones, con ese mecanismo tratan de lanzar contenidos de los que no se responsabilizan porque no hay comunicado oficial. Si algo falla, siempre podrán echar la culpa al periodista”, puntualiza Carretero. Por eso, considera que, en un momento de gran ruido informativo, en el que los partidos son emisores directos de información en plataformas diversas, los periodistas deben esforzarse en clarificar la procedencia de las noticias que publican.

Esta opinión la comparte Daniel Toledo, redactor jefe de Empresas, quien explica que también las grandes compañías están blindando el acceso a la prensa: “Cuando yo empecé, era muy fácil hablar con un consejero delegado; ahora hay demasiadas barreras”. En esta situación, asegura, cada vez cuesta más conseguir hablar con interlocutores fuera de los canales autorizados, que expliquen lo que pasa entre bastidores y ofrezcan mejor información que la oficial. Precisamente por eso, opina Toledo, el periodista debería poner esas fuentes en valor. La única solución, concluye, es “clarificar mejor la atribución de las informaciones”.

Desde que Mariano Rajoy, como jefe del Ejecutivo, inauguró las comparecencias en pantallas de plasma, el contacto directo de la prensa con el poder ha ido a la baja. Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 29 de abril que iba a continuar tras cinco días de ausencia, ofreció “una declaración institucional”, lo que significa que no permitió preguntas de los periodistas, una práctica cada vez más repetida. Las empresas también han tomado esta senda y ya son habituales las videoconferencias en las que no es posible interrogar a los ejecutivos. La Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) criticó en enero que 31 de las 50 mayores empresas españolas no habían convocado una rueda de prensa en 2022 para presentar sus resultados anuales.

Obsesión por el anonimato

A eso se añade la obsesión por el anonimato de los políticos españoles cuando critican o analizan a su propio partido y una cultura de escasa transparencia en todo tipo de instituciones. Una comparativa de la fundación Civio señalaba en junio pasado que en España la ley fija el doble de tiempo que países como Portugal, Eslovaquia o Polonia para que las administraciones respondan a las solicitudes de información amparadas por la Ley de Transparencia. Juan José Mateo, redactor de política de la sección de Madrid, explica que, en su larga experiencia trabajando con los portales de transparencia de las comunidades autónomas, lo habitual es que estas apuren los plazos legales, aunque no los sobrepasan. Eso hace que, de media, haya que esperar como mínimo un mes para recibir una respuesta oficial.

La paradoja de esta situación es que la información no es de las instituciones, sino de los ciudadanos. Por eso, los periodistas deben rebelarse en su nombre. También los medios y las asociaciones profesionales que quieran sumarse. A cumplir con la exigencia ética de aclarar en cada noticia, en cada párrafo si es preciso, de dónde se obtiene la información. A poner en valor el esfuerzo que se hace buscando las fuentes adecuadas para cada historia. A rechazar que sea el poder el que decida cómo ser tratado informativamente. Cuando los departamentos de prensa pidan ser citados como fuentes, debemos negarnos, porque no son fuentes, son portavoces. Y deben asumir su responsabilidad de informar. Si un mensaje llega por WhatsApp, debe explicarse al lector con transparencia. Es vital resistirse a ser meros papagayos de la información. Nos va el futuro en ello, si queremos sobrevivir a la próxima revolución industrial que trae la inteligencia artificial. En nombre de los lectores, llamo a ejercer el periodismo.

Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).