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El Gobierno británico presenta hoy una propuesta de ley para ilegalizar la reventa de entradas de conciertos a precios superiores

El primer ministro, Keir Starmer, actúa tras la petición que recibió de artistas como Radiohead, Dua Lipa o Coldplay para poner freno a plataformas y páginas web “extorsivas”

Radiohead, Dua Lipa y Coldplay, junto con otros artistas de renombre, lanzaron la semana pasada una petición al primer ministro británico, Keir Starmer, en la que le instaron a contrastar cuanto antes las “extorsivas y perniciosas” páginas web y plataformas para la reventa de las entradas para conciertos. El líder laborista les ha escuchado: está previsto que su Gobierno presente este miércoles nuevas reglas para ilegalizar la reventa de un ticket por un precio superior al oficial.

En realidad, se trataba de un compromiso electoral del Partido Laborista que todavía no había impulsado, quince meses después de su llegada al poder. En el transcurso de este tiempo han estallado escándalos como la reventa de entradas para la exitosa gira de regreso de Oasis, por ejemplo, con precios que rozaban los 5.000 euros en un portal de ventas como Viagogo.

La obligación para los portales autorizados de controlar que estas condiciones se cumplan, o la limitación de los gastos de gestión que suelen aducir, son algunas de las medidas incluidas en la propuesta, adelantada en parte por la BBC. El proyecto tendrá que ser remitido al Parlamento, de ahí que resulte imposible aún calcular cuándo y si entrará en vigor.

Las nuevas normas no afectarán solo a los conciertos, sino también a eventos deportivos, espectáculos teatrales y otras celebraciones en directo. El Ejecutivo ha calculado que las entradas se suelen revender por al menos un 50% de su precio original, aunque ha detectado casos donde se ha multiplicado incluso por seis. Con las nuevas reglas, el Gobierno calcula que el precio medio de una entrada revendida bajará unas 37 libras (unos 42 euros). La reventa por parte de un seguidor que no pueda acudir a un evento seguirá siendo legal, pero solo por un precio igual, o inferior, al original, con el añadido de los gastos de gestión.

Además del elevado coste, calculado en decenas de millones de euros, que supone la reventa para los usuarios que utilizan los cauces legales y para los promotores de espectáculos, este negocio genera todo tipo de fraudes y esquemas especulativos. No solo es habitual que algunos de los vendedores no dispongan luego de las entradas que ofrecen. En algunos casos, prometen sin inventario para recaudar la cantidad, con la esperanza de poder obtener más tarde las entradas anunciadas a un precio inferior al que ellos han pedido.

Las plataformas de reventa como Viagogo o StubHub, que ven peligrar su negocio si salen adelante las medidas del Gobierno británico, han intentado presionar a Downing Street para suavizar la ley, o permitir que sus márgenes de gestión tengan un límite superior. Aseguran que un control tan rígido del mercado de reventa empujará finalmente a los usuarios hacia el mercado de venta ilegal que, según afirman, no desaparecerá.

En una iniciativa paralela, en España está en tramitación una medida similar dentro de la nueva Ley de Consumo Sostenible, actualmente en tramitación parlamentaria. Actualmente, en este país es ilegal revender entradas en la calle, pero no así hacerlo de forma online. Una vez aprobada la nueva norma, quedará prohibida la reventa que incremente el precio de las entradas más allá del IPC. Lo que sí está prohibido ya, según recoge la Ley de Competencia Desleal, ela utilización de bots para adquirir entradas de espectáculos culturales y posteriormente revenderlas.

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