‘Black Box Diaries’: el documental sobre el MeToo en Japón candidato al Oscar que no ha podido verse en su país

La polémica por el uso de grabaciones clandestinas y material no autorizado ha frenado el estreno en Japón del documental Black Box Diaries, la crónica de la cineasta Shiori Itô sobre su propia violación y su lucha para llevar a su agresor ante la justicia. El documental estuvo nominado al Oscar, ha sido premiada en una veintena de festivales internacionales, se distribuyó en al menos 50 países y se puede ver en plataformas fuera de Japón, entre ellas Filmin y Movistar Plus+ en España.

Yoko Nishihiro, la abogada que representó a Itô durante más de ocho años en la batalla legal contra Noriyuki Yamaguchi, un influyente periodista cercano a la cúpula del gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD), exige ahora reeditar el largometraje para proteger la identidad de varios testigos clave. También pide cortar imágenes captadas en la noche del 3 de abril de 2015 por las cámaras de seguridad del hotel Sheraton Miyako Tokyo, donde aparece la llegada de un taxi llevando a Itô, entonces becaria de la agencia Reuters, y a Yamaguchi, corresponsal en Washington de la cadena televisiva TBS (Tokyo Broadcasting System). Itô, que en ese entonces tenía 25 años, había aceptado una invitación a cenar para hablar de la posibilidad de un empleo y en el documental cuenta que antes de subir al taxi había sentido mareos. La directora emitió un comunicado en el que ofrece disculpas por usar grabaciones sin permiso de los afectados y anuncia una versión reeditada, aunque insiste en que el uso del material responde “al interés público”.

El vídeo del hotel muestra a Yamaguchi forcejeando durante casi un minuto dentro del taxi con Itô hasta que logra sacarla del vehículo y la lleva en volandas por el vestíbulo, porque la mujer, que parece drogada, apenas puede caminar. Itô cuenta que despertó casi seis horas más tarde con Yamaguchi encima de ella y tras liberarse y rogarle que le devolviera su ropa interior, abandonó el hotel. La insuficiencia de pruebas y el alto perfil del agresor —y la supuesta intervención de poderosas fuerzas políticas— impide que su denuncia progrese ante la justicia penal. Itô, que desde el inicio de su odisea toma apuntes y graba en secreto las conversaciones con fiscales e investigadores por temor a no ser creída, decidió hacer público su caso en una rueda de prensa en mayo de 2017.

Su decisión, inusual en un país donde el temor al estigma social se refleja en una tasa casi anecdótica de denuncias por agresión sexual (cerca al 5%, en España es el 8%), coincidió con el auge mundial del movimiento #MeToo. Ese mismo año, Itô publicó su libro Black Box Diaries (Diarios de la caja negra), título que hace referencia a la metáfora usada por uno de los fiscales para describir la dificultad del caso, y asociado por Itô a la opacidad del sistema judicial japonés al tratar los delitos sexuales. Dos años más tarde, en diciembre de 2019, un tribunal civil en Tokio sentenció a Yamaguchi a indemnizar a Itô con 3,3 millones de yenes (unos 20.000 euros) por agresión sexual y relación sin consentimiento.

Según la abogada Nishihiro, el vídeo de la llegada del taxi fue entregado como evidencia por el hotel con la condición de que no fuera usado fuera del ámbito jurídico. “Itô firmó esa promesa y confiando en que ella la acataría, yo también la firmé”, declaró Nishihiro ante la prensa en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ, por sus siglas en inglés) el pasado 20 de febrero, poco después de que se anunciaran las nominaciones al Oscar. “Temo perder credibilidad y no poder seguir apoyando a las víctimas de violencia sexual”, afirmó.

La abogada explicó que se enteró de la existencia de la película cuando Black Box Diaries fue seleccionada para festival de Sundance en diciembre de 2023. Pudo verla en 2024, en una presentación en una universidad, y se sorprendió al encontrar que Itô también había grabado las conversaciones telefónicas con ella sin autorización. “Me sentí devastada”, aseguró. La protesta de Nishihiro se extiende a secuencias en las que aparece el taxista describiendo la ruta tomada la noche de los hechos, y aquellas en la que un detective sugiere la injerencia de las altas esferas para proteger a Yamaguchi, amigo del entonces primer ministro Shinzo Abe y autor de dos libros biográficos sobre el poderoso político nacionalista asesinado a tiros en medio de un mitin electoral en julio de 2022. La voz del detective, identificado como “Investigador A”, se oye sin distorsión cuando cuenta cómo fue enviado con otros policías al aeropuerto de Tokio a detener a Yamaguchi, pero recibió una llamada de su superior abortando la operación en el último momento.

Al comentar la posición de Nishihiro, el abogado penalista Daisuke Sugiyama, autor de un artículo sobre el caso en el portal Yahoo News Japan, pide recordar que los abogados solo pueden solicitar información mediante peticiones no vinculantes y tienen una “capacidad limitada” para obtener pruebas. En una videollamada, Sugiyama explica que “al depender de la cooperación de terceros es necesario mantener la confianza pues, si se pierde, su capacidad para litigar eficazmente se ve afectada”.

El diario liberal Asahi Shimbun, uno de los de mayor circulación, pidió en un editorial modificar la obra cuanto antes para que el público japonés pueda discutir la problemática social expuesta en el documental. En una de las sesiones parlamentarias incluidas en el largometraje, un diputado critica la legislación “basada en valores patriarcales” que “solo permite demostrar una violación con violencia física severa y amenazas, y no con la falta de consentimiento”. En otro momento, Itô muestra que ha subrayado en su cuaderno los “110 años” de antigüedad de la ley japonesa para las violaciones (de 1907) y los “13 años” de la edad de consentimiento sexual, una de las más bajas del mundo. En junio de 2023, Japón elevó la edad de consentimiento sexual a 16 años e ilegalizó todas las relaciones sexuales no consentidas sin excepción.

El especialista en Sociología de los Medios de la Universidad Rikkyo, Hiroyoshi Sunakawa, asegura en un correo electrónico que la polémica sobre el vídeo no autorizado es secundaria y que el debate debe servir para mejorar la gestión de los derechos de imágenes que, en este caso, considera “absolutamente necesarias”. Añade que la controversia “confirma la dificultad para denunciar los crímenes sexuales en Japón” un país que, subraya, ocupa el puesto 125 en el índice mundial de desigualdad de género. Un portavoz de Star Sands, la distribuidora de la película, aseguró a EL PAÍS que aún no se puede hablar de un plan de distribución para Japón.