La falta de desarrollo de la ley andaluza del flamenco sume al sector en el escepticismo

El ritmo por bulerías con el que los artistas celebraron en abril de 2023 la aprobación de la primera ley andaluza del flamenco en el patio del Parlamento autónomo no pudo acallar entonces el escepticismo de buena parte del sector sobre el futuro de una norma que, en ese momento, solo era un texto sobre un papel. Faltaban dotación económica y un plan estratégico que lo dotara de contenido y que debía estar operativo en los 18 meses siguientes. Casi dos años después, esa disposición sigue congelada y el escepticismo ha mudado en desánimo y frustración. A la ausencia de desarrollo de los preceptos que garanticen su protección y difusión, se suma el disgusto por la dotación de recursos públicos para la promoción de este arte, que muchos profesionales consideran escasa, y el recelo ante la desaparición de algunos ciclos y ayudas programados desde la Junta de Andalucía.

“Hacen una ley inane y no resuelven la inclusión del flamenco en los planes de educación ni articulan recursos para que el sector tenga músculo financiero”, sostiene Raúl Comba, productor de Granada y con larga experiencia en el sector como director del Teatro de la Zambra. Aunque desde la Junta de Andalucía se asegura que no perciben esa sensación de hastío, sí reconocen que la ley ha sufrido cierta parálisis, que se achaca a la lentitud de los procesos administrativos y los cambios al frente de la Consejería de Cultura. La norma la impulsó la consejera Patricia del Pozo, que pasó a ocupar la cartera de Educación en julio de 2022 para ser sustituida por Arturo Bernal, que sumó esas competencias a las de Turismo, hasta que en julio del año pasado ella retomara las riendas.

La inercia se ha empezado a romper en el inicio de este año, con la convocatoria el 10 de enero de la primera reunión de la nueva comisión asesora ―cuyo nombramiento venía recogido en la ley y que no se había constituido hasta ahora― y con el impulso del plan general estratégico, a partir de reuniones provinciales con los diferentes representantes del sector, que comenzarán este 5 de febrero en Huelva. Unos encuentros que ya se han producido en otros contextos y que contribuyen a aumentar el descrédito en el sector, porque las aportaciones tampoco han acabado traduciéndose en realidades.

“Los tiempos no son todo lo rápidos que se quisiera, pero, aunque con retraso, ya estamos empezando a trabajar en ese plan estratégico con los paneles para recoger las sugerencias de todos los sectores: profesionales, asociaciones, promotores… y hemos establecido un calendario de fechas y previsiones”, indica José Vélez, secretario general de Innovación Cultural y Museos y director de la Agencia Andaluza de Instituciones Cultural (AAIC), de la que depende el Instituto Andaluz de Flamenco (IAF), quien asegura que el documento estará ultimado en este primer semestre.

Ese plan general estratégico es la columna vertebral de la ley. Es el instrumento básico y esencial en la ordenación de los recursos del flamenco en Andalucía, en su difusión y protección y en el apoyo al sector. De acuerdo con el texto de la norma, debía estar listo en los primeros 18 meses desde la aprobación de la ley con una vigencia de seis años. En todo este tiempo, solo se ha licitado el servicio de consultoría y asistencia técnica para la elaboración del plan, el 20 de junio de 2023, por 16.304 euros, y el análisis y diagnóstico de la situación del flamenco, el 22 de septiembre de 2024, por 64.130 euros, ambos a la misma empresa, ACP. Una adjudicación que ha sido cuestionada por el PSOE andaluz.

“Los artistas siempre son muy escépticos con todo lo que sea una ley, porque lo que quieren son realidades, situaciones que los amparen. Como en este tiempo no han visto avances, están recelosos”, sostiene la periodista Marta Carrasco, que formó parte del primer consejo asesor que trabajó en la redacción de la ley. Reconoce que, desde su aprobación, la Consejería no volvió a contactar con ellos. “Si no hay un impulso político, las leyes no avanzan. La ley ampara jurídicamente al sector, pero si no hay dotación económica, patrocinios, si no hay apoyos a las peñas, a los festivales, a los artistas, se queda en papel mojado”, sostiene.

En ese nuevo impulso se enmarca la constitución de la nueva comisión asesora, de la que forma parte Miguel Marín, director del Flamenco Festival de Nueva York y del de Londres, quien se muestra cauto sobre los próximos pasos. “El sector del flamenco es muy complejo, abarca problemáticas distintas y necesita tiempo. Si ha pasado tanto desde que se aprobó la ley, no pasa nada por dedicarle un poco más ahora”, opina. El gestor sí es crítico con la posición de la Administración hacia la situación del flamenco en la actualidad. “Hay que hacer una reflexión sobre dónde está hoy y qué queremos hacer, y la Administración debería ir por delante. Ha habido un cambio conceptual, el flamenco se ha convertido en una de las máximas manifestaciones de las artes escénicas y eso implica más tiempo para la preparación de los espectáculos, más recursos materiales. Ahí es el sector privado quien tiene más capacidad de adaptación, pero de ese cambio no ha tomado conciencia la Administración”.

El productor y musicólogo Chemi López también aboga por esa colaboración público-privada, en la que el papel de la Administración debería servir de acompañamiento a las iniciativas de los profesionales. “La actividad artística debe ser independiente y rentable para quien la ejerce y eso casi siempre se consigue cuando el artista decide volcarse en su concepto artístico y se pone en manos de profesionales que ponen en valor y gestionan la propuesta. Es en ese tramo previo donde la Administración podría desarrollar un papel útil, no pagando los errores de las propuestas caprichosas de ciertos artistas de renombre”.

Marín reclama que “se multipliquen los recursos económicos” en una ley que todavía carece de dotación presupuestaria. Hasta el momento, las únicas ayudas que concede la Junta para la promoción del sector o no han incrementado su asignación, como las subvenciones al tejido asociativo, que se mantienen en 65.000 euros desde 2019; o se han dejado de convocar, como las destinadas a la promoción de festivales de pequeño o mediano formato, cuya última licitación fue en 2022; o han reducido las partidas y eliminado apartados, como las del tejido profesional, que han pasado de 250.000 euros en 2022 a 210.000 desde entonces y que han suprimido la categoría de asistencia a festivales y eventos de especial interés cultural.

Repensar las subvenciones

Para Jesús López, presidente de la Federación de Peñas Flamencas de Jerez de la Frontera (Cádiz) —la ciudad andaluza con mayor número de estas entidades—, esos 65.000 euros son “un chiste, y más con los requisitos que exigen”. En su opinión, las peñas flamencas subsisten gracias a las ayudas municipales y las de las diputaciones, lo que les permite la organización de actividades, ciclos, cursos…

Marín también es crítico con el actual sistema de ayudas. “Desde la Junta dicen que han eliminado algunas modalidades porque las compañías no se presentan, pero no lo hacen porque este sistema no funciona, porque llegan tarde y el proceso de justificación es farragoso. Tienen que hacer autocrítica”, sostiene. Comba también es escéptico: “La acción del Gobierno llega a muy pocos y genera mucha frustración en el sector. Tengo la percepción de que el IAF solo busca la promoción de la propia Junta de Andalucía”. Desde la Consejería de Cultura, Vélez defiende la agilidad de las convocatorias de este año y su mayor alcance y se muestra dispuesto a escuchar sugerencias. “Lo que queremos es actualizar las bases y hemos pedido al sector que nos traslade sus propuestas de mejora”, indica.

Ante las críticas a la parálisis en el desarrollo de la ley del flamenco, Vélez reivindica los avances en materia educativa —uno de los pilares básicos de la ley del flamenco es llevarlo a las aulas— y enumera programas, como el de Flamenco en el Aula, que ya estaban en vigor antes de la aprobación de la norma, o los convenios con universidades.

En este tiempo también han desaparecido ciclos clásicos como el de Flamenco y Cine, que giraba por las provincias andaluzas, o la revista Nueva Arboréa, circunstancias que también han contribuido a incrementar el malestar en el sector. Una sensación que se ha incrementado en los últimos meses al conocerse que la Consejería destinaba 600.000 euros de la partida de artes escénicas al Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, que se celebró en Sevilla a principios de diciembre de 2024, o dos millones para sufragar el festival Paco de Lucía Legacy en Nueva York, celebrado en febrero de ese año. “Eso da la talla de la poca conciencia que hay de los esfuerzos que hacen muchos profesionales de forma estable aquí e impulsados por un empeño casi personal, son iniciativas muy frágiles, y en lugar de apoyarlos y darles estabilidad, lo que hace la Administración es crear cosas nuevas”, sostiene Marín.

Vélez puntualiza y defiende que los 600.000 euros fueron destinados a un congreso en el que se programaron conciertos y que el presupuesto del festival dedicado al guitarrista gaditano era de Turismo y no de Cultura (pese a que entonces ambas competencias dependían de la misma consejería). El director de la AAIC defiende el compromiso de la Junta para impulsar los festivales de flamenco en la comunidad. “Estamos en las bienales y en los pequeños festivales con convenios para la contratación de artistas, que es lo que al final necesita el sector”, asegura.

Casi dos años después de la aprobación de la ley, no se puede hacer balance, porque nada se ha hecho. La maquinaria para desarrollar la norma empieza a andar justo ahora, cuando se cumplen 15 años de la declaración del flamenco como Patrimonio de la Humanidad. El escepticismo ha desafinado la alegría por bulerías que animó el Parlamento entonces, hasta el punto de hasta hay quien, como el musicólogo y productor, Chimo López, considera que la mera existencia de una ley del flamenco es “surrealista”. También Comba: “¿Qué sentido tiene una ley referida a un arte?“.