El Estatuto del Artista se vuelve a atascar

El Estatuto del Artista debía ser el fenómeno de política cultural de la temporada. Ha resultado, eso sí, que nunca lo es de la actual: siempre de la próxima. En 2018, el Congreso asumió por unanimidad el compromiso político de sacarlo adelante. Los diputados se fotografiaron con su informe, la cultura se entusiasmó: al fin, aparecería la reforma llamada a mejorar tantas vidas intermitentes. Muchos cambios, en efecto, salieron adelante. Sin embargo, el esperado estreno completo todavía no ha llegado. Y en lugar de los aplausos de entonces se empieza a oír algún silbido: la aprobación de varias medidas clave está entre “atascada” y “parada”, en la descripción de cuatro representantes de las artes que participan en las conversaciones con el Gobierno. Ninguno sabe hasta cuándo.

El documento consensuado en 2018, gracias al trabajo de una subcomisión ad hoc en el Parlamento, buscaba reconocer y regular un trabajo que varía cada mes o incluso cada semana, al igual que los ingresos, con épocas de actividad intensa y etapas donde el móvil nunca suena. Aquel informe marcó 75 puntos y unas 60 medidas concretas, varias de las cuales ya están en vigor: la compatibilidad entre percibir la pensión y rendimientos por actividades artísticas de cualquier tipo; una prestación por desempleo que exige menos días cotizados; o un nuevo contrato laboral artístico.

Siguen abiertos, sin embargo, frentes fiscales, laborales o de salud. En concreto, rebajas y deducciones en el IVA y el IRPF; un trato distinto para las rentas, para tener en cuenta lo que explica otra fuente: “Para una producción cultural hacen falta años, y se puede estar mucho tiempo invirtiendo y sin ingresos. Solo cuando se desarrolla llega la ganancia, pero Hacienda la grava como si se concentrara toda en ese periodo. Pedimos contabilizarlo a través de los años”. También se reclama el reconocimiento de enfermedades laborales específicas, como una afonía para un cantante.

Falta rematar, además, cambios que empezaron, pero no se culminaron: especialmente, una revisión integral de la figura del trabajador cultural por cuenta propia, con cuotas de autónomo adaptadas a la intermitencia —solo se introdujo una, de 167,31 euros al mes, para quien percibe menos de 3.000 euros al año— y una prestación por cese de actividad que tenga en cuenta la intermitencia. Pero también completar la modificación del Real Decreto de 1985 que aún regula la relación laboral de los artistas en algunos aspectos que no fueron actualizados en 2022: hay que definir la regulación de trabajadores menores de 16 años o la reducción de abusos en la contratación a tiempo parcial, entre otros puntos.

Tantas cuestiones, y tan complejas, que interpelan al menos a cuatro ministerios: Cultura; Trabajo y Economía Social; Hacienda; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y con los cuatro el sector participa en negociaciones, o grupos de trabajo. Con Educación, según coinciden las cuatro fuentes, apenas quedan flecos relevantes, desde que la reforma de las enseñanzas artísticas se hizo ley.

Una fuente del Ministerio de Cultura subraya que se avanzó “muchísimo” en la legislatura anterior “gracias a Trabajo” [ambos departamentos dirigidos por Sumar, el socio minoritario del Gobierno], aunque reconoce que los puntos que quedan “han estado paralizados por Hacienda y Seguridad Social”. Y añade que Sumar precisamente ha fijado como prioritarias, en la negociación con los socialistas dentro del Ejecutivo sobre los Presupuestos Generales del Estado, las mencionadas peticiones del sector cultural sobre IRPF e IVA. A la vez, apunta que están analizando con Seguridad Social la posible “cuota hiperreducida” de autónomos. Desde el Ministerio de Trabajo informan de que, en su ámbito, “se ha realizado el 80% de la agenda normativa sobre esta materia”.

Pero el tiempo sigue pasando. Ya en 1980 la Unesco recomendó a sus Estados miembros crear marcos normativos adecuados para el sector cultural. Y muchos creadores defienden que la pandemia hizo aún más estragos en su ámbito porque no estaba en vigor todo el Estatuto del Artista. “Esta vez sí se va a culminar la labor”, afirmó en diciembre de 2021 el entonces ministro de Cultura, Miquel Iceta, en una rueda de prensa conjunta con la todavía hoy vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Aún no ha sucedido.

El adelanto electoral decretado por el presidente Pedro Sánchez, en mayo de 2023, detuvo el reloj un año más, según las cuatro fuentes. En marzo de 2024, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presidió la Comisión Interministerial para el Desarrollo del Estatuto del Artista, que decidió “reactivar de inmediato” todos los grupos de trabajo ad hoc. Pero las fuentes aseguran que la primera reunión de las asociaciones sectoriales con Hacienda no llegó hasta principios de julio de 2024. Para la de Seguridad Social debieron esperar hasta septiembre. Y su agenda de momento tiene solo otra convocatoria prevista, este mismo mes, para discutir el IRPF con Hacienda. Por su parte, desde Trabajo afirman: “Se estableció un calendario, se dio de plazo hasta finales de septiembre para recibir propuestas del sector. Hubo muchas, algunas muy interesantes. Hay que analizarlas a fondo y vamos a enviar nuestra propia propuesta”.

Una portavoz de Hacienda recuerda que un real decreto aprobado el pasado diciembre introdujo incentivos al mecenazgo junto con otra medida del Estatuto del Artista, que busca compensar otra desprotección para los trabajadores intermitentes: “Las asociaciones de profesionales del sector artístico y cultural […] que tengan por objeto su defensa y protección estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la cultura”. Y agrega que la intención de Hacienda es “seguir avanzando en la agenda legislativa del Estatuto del Artista”.

Pero las fuentes consultadas subrayan que la pérdida de tiempo lo es también de recursos: sus asociaciones pagan asesores y abogados que los apoyen en un proceso que se eterniza. Basta un relevo en un departamento ministerial, además, para volver a la casilla de salida. “Con ciertas instituciones me he reunido cinco o seis veces en pocos años porque cambiaba la dirección y debía explicar todo desde el principio”, lamenta una fuente. “Ya bastante difícil es desglosar las especificidades del sector, que se entiendan y que empaticen con ellas…”, apunta otra. “Los afiliados nos piden cuentas y es complicado decirles que hubo de nuevo una reunión inicial”, remata una tercera.

El hartazgo crece ante uno de los proyectos estrella lanzado recientemente por el departamento que dirige Urtasun. El nuevo Plan de Derechos Culturales pretende surgir de un proceso participativo con el sector y la ciudadanía, para elaborar un diagnóstico y una hoja de ruta. Sin embargo, las fuentes sienten que se les anima a colaborar en una propuesta a la que Cultura califica de “línea de actuación prioritaria”, mientras se retrasa el Estatuto del Artista. Los cuatro entrevistados reconocen el interés y la relevancia de la iniciativa de Urtasun, que agradecen, pero esperan que no sea a costa de las prioridades reales del sector. “Produce sonrojo ver un plan con 13 ejes tan ambiciosos, y que ninguno incluya el Estatuto del Artista ni se impulse ese trabajo”, apunta una fuente. “Si el sector se desmantela, difícilmente pueden quedar derechos que garantizar”, agrega otra. Se suele decir que la cultura estimula debates enriquecedores. Pero, antes, los artistas piden dejar de empobrecerse.