Los accesos a webs ilícitas de contenido editorial crecen casi un 60% en España en 2022

El porcentaje de accesos a webs ilícitas de contenido editorial ha aumentado el 59,14% en 2022, según el Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, presentado en Madrid este miércoles por el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro). En un acto que ha contado con la participación de representantes del mundo editorial, este estudio “toma el pulso de la situación de la propiedad intelectual de la cultura escrita para compararla con la situación en Europa”, ha declarado la presidenta de esta asociación, Carme Riera.

Estos datos se dan a conocer días después de que la revista ¡Hola! haya sufrido el mayor caso de pirateo a través de la plataforma WhatsApp, por lo que ha iniciado acciones legales. Javier Díaz, director jurídico de Cedro, ha calificado este caso como “ejemplo claro de ilicitud y robo de contenidos”. “El tema de las grandes plataformas plantea problemas técnicos porque ellas históricamente han mantenido una postura en la que la responsabilidad es del particular que intercambia estos contenidos, no suya”, ha señalado Díaz, que, asegura, sin embargo, que en Europa ya se ha “dado un paso adelante” para cambiar esta situación legal.

“Hay que intentar utilizar los mecanismos que tenemos para terminar con este robo de contenidos y con la impunidad con la que estas plataformas han actuado en el pasado. Hay una tendencia social y legislativa para acabar con el avasallamiento que realizan, y hay instrumentos legales”, ha apuntado.

En lo que respecta al informe, Héctor Jiménez, director ejecutivo de Qbo Investigación y Estrategia, que ha elaborado este estudio, ha expuesto que el desarrollo tecnológico ha supuesto un incremento de la piratería de contenidos editoriales, “que no ha parado de crecer desde 2017″. El 27,5 % de los accesos a páginas web ilícitas son hoy de contenido editorial. Otro de los datos que ha destacado es que los internautas hispanohablantes acceden un 15% más a páginas ilícitas de contenidos editoriales que el resto de usuarios de otros países. Jiménez ha agregado que esta situación está motivada por un factor cultural y no por razones económicas, ya que los países con mayor índice de desarrollo cultural “registran mayor robo de contenidos editoriales”.

La tecnología como aliada

La presidenta de Cedro ha declarado que la evolución tecnológica está llevando a que la reutilización de las obras, a través de la inteligencia artificial generativa, sea cada vez más demandada, lo que “abre un mundo de posibilidades”. “Esperemos que nos permita ver en la tecnología un aliado y no un patrón sin ética ni valores ni escrúpulos”.

Otro de los puntos del informe ha sido abordado por su autor, el profesor Julio Cerviño, que ha subrayado que los titulares del sector editorial español facilitan la reutilización de sus obras (fotocopia, digitalización, comunicación pública, distribución, reproducción, compartición), con “un precio asequible para su uso”.

“Pero existe una baja concienciación sobre la necesidad de remunerar a los autores y editores de la cultura escrita por la reutilización de contenidos. La remuneración obtenida por el sector editorial en otros países europeos es tres veces mayor a la de los españoles”, ha afirmado. La remuneración per cápita media por reutilización de contenidos del sector editorial es de 1,52 euros/año, mientras que en España es de 0,48 euros/año. Además, el promedio de recaudación proveniente del sector público de las entidades homólogas es del 55,82% del total, cifra que está muy lejos del 7,54% de la situación española.

El escritor Manuel Vilas y la directora general de Anaya, Marta Martínez, han sido los encargados de leer las propuestas que Cedro hará llegar a la Administración, entre las que se incluyen el compromiso de remunerar, según lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual, a los titulares de derechos por la reutilización de sus obras, así como luchar contra el robo digital de contenidos. Además, piden un organismo de la Administración con facultades para llevar a cabo la supervisión y control del cumplimiento de la normativa de propiedad intelectual y nuevas medidas legislativas contra la piratería.