La escritora Carme Riera es la nueva presidenta del CEDRO

La escritora Carme Riera ha sido nombrada este miércoles presidenta del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) durante una reunión de la entidad donde se ha elegido a su nueva junta directiva. Riera ocupó la presidencia entre los años 2015 y 2019 y sustituye al editor Daniel Fernández, que se queda como primer vicepresidente.

La nueva presidente encara los próximos cuatro años al frente del CEDRO poniendo énfasis en la nueva era digital. “Nos enfrentamos a un período lleno de retos, en el que seguiremos trabajando en el desarrollo de herramientas y servicios que protejan la propiedad intelectual de los autores y editores, a través de iniciativas digitales que permitan poner coto a la piratería, y nos esforzaremos para que la inteligencia artificial, que ya es una realidad, sea una aliada en defensa de la cultura escrita”, ha defendido.

La catedrática de Literatura Española en la Universidad Autónoma de Barcelona es miembro de la Real Academia Española. Entre sus novelas y cuentos, escritos en catalán y en castellano, destacan: Dins el darrer blau (En el último azul, 1994), que fue Premio Nacional de Narrativa; Cap al cel obert (Por el cielo y más allá, 2000); La meitat de l’ànima (La mitad del alma, 2004) o Temps d´una espera (Tiempo de espera, 1998), una reflexión sobre el embarazo y la maternidad. Además, ha publicado diversos ensayos y estudios sobre poesía española.

La nueva junta directiva, que ha sido elegida por los socios de CEDRO, está formada por María Teresa Gómez-Mascaraque como segunda vicepresidenta; José María Arizcun como tesorero; David Castillo, Sebastià Portell i Clar, Manuel Rico y Cesáreo Sánchez como vocales autores; y Eduardo García, Antonio Garrido, Irene Lanzaco y Patrici Tixis como vocales editores.

Su misión es trabajar “para defender y proteger los intereses de los escritores, traductores y autores de libros, periódicos, revistas y partituras y para impulsar el respeto de sus derechos de propiedad intelectual como una condición indiscutible para asegurar la sostenibilidad de la cultura escrita, fundamentalmente en el sector público”. Además, su idea es continuar promoviendo un marco regulatorio que asegure una remuneración justa para los creadores.