Tres tristes casos de censura: dos por acción, uno por omisión

En el último año han tenido lugar en la Comunidad de Madrid tres tristes casos de censura, cancelación, veto o como lo queramos llamar. Tres casos en los que, por una pura cuestión de control ideológico, el público no ha podido disfrutar de una creación tal y como el autor o autores la habían concebido de manera libre.

El primer caso tuvo lugar en septiembre de 2021, en la exposición Buen gobierno, de la artista Sandra Gamarra, organizada en la Sala Alcalá 31. Justo antes de su inauguración llegó la orden de retirar del principal texto de la sala las palabras “racismo” y “restitución”, según denunció la propia artista. En esa ocasión, el Gobierno de la región argumentó que justamente esas dos palabras “no cabían”.

Menos de un año después conocimos el caso de censura en los Teatros del Canal de la obra Muero porque no muero, de nuestro premio Nacional de Literatura Dramática Paco Bezerra. El caso quizá más grave de los tres. En esta ocasión, la obra también fue retirada de la programación que entregó la directora artística, Blanca Li, a sus responsables políticos justo cinco días antes de su presentación pública. Un hecho que más tarde fue aplaudido por Vox en el parlamento madrileño.

En esta ocasión, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte también normalizó la situación, argumentando que habían tomado la decisión entre los responsables políticos —sin contar con la directora artística—, “por razones presupuestarias”. Normalizaban de esta manera que los responsables políticos tienen mano libre para decidir sobre la programación artística de un teatro y justificaban una práctica de injerencia política que no es ni lo habitual ni lo deseable en los países de nuestro entorno. Y no lo es porque, en democracia, la programación cultural de los centros debe ser absolutamente autónoma del poder político, precisamente para asegurar la libertad de expresión, producción y creación artística que mandata nuestra Constitución, y que la cultura no sea propaganda.

¿Se imaginan ustedes que la programación del Museo Reina Sofía tuviera que ser aprobada por el ministro de Cultura y su equipo? ¿Y que este pudiera recortar a su antojo las exposiciones más controvertidas? Sería un escándalo mayúsculo. Los Teatros del Canal merecen la misma autonomía del poder político.

Tras estas dos claras injerencias, acabamos de conocer otro caso de veto. En esta ocasión a la editorial La uña rota, que había propuesto un debate con Paco Bezerra sobre, precisamente, la obra Muero porque no muero en la Biblioteca regional Joaquín Leguina durante el Festival Eñe. Una propuesta que primero fue retocada por el director técnico, al pedir la retirada de la palabra “polémica” del título, y que al poco tiempo fue retirada de la biblioteca regional por razones de “paridad de género”.

En el pleno de la Asamblea, la consejera de Cultura ha afirmado que ella no ha tenido nada que ver con este caso. Y es posible que no haya existido una injerencia directa, como en las anteriores ocasiones. Mi reflexión es que el Gobierno de la región, aupado por Vox, ha conseguido crear tal clima de cancelación y miedo a la libertad de expresión, que ahora la censura campa a sus anchas en Madrid. Es como el agua cuando se filtra en un edificio. Nunca sabes por dónde va a salir y es muy difícil controlarlo, a menos que tomes medidas drásticas en el origen.

Lo cierto también es que al Gobierno de Madrid ni se le ha pasado por la cabeza que el mandato constitucional de “reconocimiento y protección de la producción y creación literaria y artística” supone no solamente la obligación de las Administraciones públicas a no ejercer la censura, sino que, allá donde vieran que esta se ejerce, también tienen la obligación de intervenir.

Es decir, que es posible que alguien —que no sea un cargo político—, haya decidido que, para evitar polémicas, era mejor evitar que Paco Bezerra hablase con libertad de su obra Muero porque no muero en la biblioteca regional. Pero es que, en ese caso, desde la Consejería deberían haberse personado para salvaguardar la libertad de expresión de este autor que está siendo vulnerada una y otra vez. Lamentablemente, no ha sido el caso.

Estamos, pues, ante tres casos de censura, dos por acción y uno por omisión. Por ello, antes de que sigamos normalizando lo que no es normal, es urgente que el Gobierno de la Comunidad de Madrid rectifique y ponga en marcha medidas concretas que fomenten la autonomía de sus centros y que protejan la libertad de creación y producción artística en todos los ámbitos de la región.