El caso del galeón ‘San José’, hundido en el Caribe hace tres siglos, sigue abierto

Como si fuese una batalla entre dos flotas enemigas, España y Colombia mantienen un litigio sobre la propiedad del galeón San José, hundido en el Caribe en 1708 y localizado por la sociedad cazatesoros suiza Maritime Archeology Consultans (MAC) en 2015 en aguas colombianas. España argumenta que es un barco de Estado y, por lo tanto, que es de su propiedad, como los sería una embajada en territorio extranjero o un submarino nacional hundido en el Ártico. Colombia, que es suyo, porque se lo tragó su mar. Ayer, el presidente de la República, Iván Duque, mostró orgulloso las últimas imágenes subacuáticas del pecio, con lo que venía confirmar que su país mantiene íntegras las expectativas de recuperarlo y no compartirlo. No ofreció datos de cómo se han obtenido las tomas, en qué punto se encuentra el litigio con MAC, que reclama la mitad de un cargamento de valor incalculable ―600 metros cúbicos de tesoro―, qué respuesta se le ha ofrecido a España ―es un barco militar fletado en época de Felipe V―, con qué tecnología se pretende sacarlo de las profundidades marinas, cuál es el proyecto científico en que se basa la extracción... Nada. Solo que hay muchas riquezas y otros dos pecios cercanos.

Pero, en realidad, ¿a quién pertenece esta joya patrimonial cargada con toneladas de oro, plata y joyas? La Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, de 2001, que Colombia rechaza firmar, señala que el galeón es Patrimonio de la Humanidad y que ambas partes deben llegar a un acuerdo sobre su extracción, mientras que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, sostiene que, al tratarse de un buque de Estado, España es su auténtico propietario. Este fue, por ejemplo, el argumento que permitió que el reino de España recuperase, en los tribunales de Estados Unidos, el cargamento de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que fue expoliado por la empresa cazatesoros Odyssey frente a las costas de Cádiz en 2007.

Parece increíble que dos Estados soberanos y amigos, con una historia común de siglos, no lleguen a un acuerdo sobre el galeón. España ha intentado, infructuosamente, pactar con las autoridades colombianas la extracción de forma conjunta. En 2019, los entonces ministros de Exteriores, Josep Borrell, y de Cultura, José Guirao, viajaron a Bogotá para reunirse con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y firmar un acuerdo. Solo se rubricó un documento de palabras bellas, pero huecas.

La argumentación de Colombia de que es suyo por haber sido encontrado en sus aguas territoriales resulta demasiado débil. Por esa misma razón, cualquier barco hundido en aguas de otro ―incluidos los colombianos― pasarían a ser propiedad de la nación a la que perteneciese esa parte del mar donde se produce la tragedia. En cuanto a la propiedad del cargamento, las mismas razones para reclamarlo asisten a Perú (plata del PotosÍ), China (cerámica del periodo K´han Hsi), España (22 cañones sevillanos fabricados por la familia Habet) o Panamá, donde se llevó a cabo el traslado de la mercancía del mar Pacífico al Atlántico.

España, siempre lo ha mantenido, no desea el cargamento del San José ―lo de los españoles expoliando América queda para las películas de Hollywood―, sino la infinita información histórica, científica y militar que de él se puede extraer. En 1708, no existía ni Colombia, ni Venezuela, ni Panamá, ni Ecuador, solo el Virreinato del Perú, que formaba parte de la monarquía hispánica.

La España actual dispone de la tecnología necesaria para devolver a la luz un tesoro sin igual que es acechado por los cazatesoros (una sola moneda de oro se puede vender por miles de dólares en cualquier subasta en Estados Unidos), Colombia lamentablemente no. El pecio del galeón es un cementerio militar, un buque de Estado, un yacimiento arqueológico, una oportunidad única para unir más dos países con una historia común, nada que ver con una jugada populista y publicitaria en época electoral.