Cruzada contra el lenguaje retorcido de la ley, los contratos y los prospectos

Para respetar la ley, primero hay que entenderla. Sencillo, en teoría: basta leerla. Pero en la práctica las dificultades se multiplican. Formulaciones enrevesadas, términos técnicos, alusiones a otras normativas o párrafos infinitos pueden desanimar incluso al ciudadano más voluntarioso. El sector privado tampoco se muestra más claro: cualquiera que haya firmado un contrato con bancos, compañías telefónicas o de seguros sabe que comprenderlo todo roza la utopía, igual que ante el prospecto de un fármaco. “Hay unos ámbitos de la sociedad que se expresan de una forma en la que la gente no suele hacerlo”, lamenta Elisabet Serra Casanovas, codirectora de la asociación Lectura Fácil. Porque los seres humanos, entre ellos, se entienden: en casa, en el trabajo, en el bar. Incluso entre desconocidos. Sin embargo, asuntos tan importantes como leyes, sentencias o hipotecas rinden cada día a más de un cerebro.

De ahí que las Administraciones estén asumiendo la necesidad de simplificar su mensaje, algo que impulsan desde hace años organizaciones como Lectura Fácil o Plena Inclusión. Hace unas semanas, el Defensor del Pueblo y la Real Academia Española (RAE) reclamaron de forma conjunta llaneza en las comunicaciones de entidades públicas. Y el Congreso aprobó el pasado diciembre una ley para implantar, en los próximos tres años, un lenguaje al alcance de cualquiera en documentos administrativos y judiciales o prospectos. Una versión descafeinada de lo que reivindicaba una de las protagonistas de Lectura fácil, la novela de Cristina Morales que denunció ya en 2018 que la falta de comprensión significa exclusión e injusticia.

Un reciente estudio de la compañía Prodigioso Volcán analizó 760 textos de la Administración pública y concluyó que el 78% no resultaba claro. Y citaba, como uno de los ejemplos, los fallos del plan para solicitar el ingreso mínimo vital: “Lenguaje formal y retorcido, más de 7.000 palabras, 22 páginas de tamaño folio, legibilidad baja, tiempo de lectura: 25 minutos, diseño plano”.

La empresa señala un caso concreto.

El texto original reza:

Al objeto de facilitar y agilizar la realización de los trámites relativos a la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital, se informa a la Ciudadanía que no es preciso aportar con la documentación de tal solicitud el Certificado de Padrón. Será la Dirección Provincial del INSS la que solicitará al Ayuntamiento de Zaragoza tal Certificado que se incorporará una vez cumplimentado al expediente iniciado.

Rubén Sánchez, portavoz de la organización de defensa de los consumidores Facua, subraya que al ciudadano no se le puede pedir una licenciatura para leer un documento y que la sencillez es una obligación legal. “Todos los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán ser de fácil acceso y comprensión […]”, reza el artículo 18.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. “Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato y oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensible, salvo que resulte manifiesta por el contexto, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas”, agrega el artículo 60 del mismo texto.

Cada uno tendrá su opinión sobre hasta qué punto se cumple. Pero lo cierto es que crecen las iniciativas a favor tanto del lenguaje claro como de la lectura fácil. Son dos conceptos parecidos, pero distintos, como explica un manual de estilo del Gobierno de Aragón: “Tienen una finalidad común: hacer más comprensible la información al conjunto de la ciudadanía. Por el contrario, presentan una clara diferencia: el lenguaje claro se dirige al público general y busca la transparencia de forma genérica; el lenguaje fácil pretende incluir a un colectivo más concreto, el de quienes tienen dificultades lectoras o de comprensión debido a su edad, discapacidad o procedencia”.

Un texto, además, no es solo su formulación: la puesta en página o aspectos visuales como el tipo de letra o los márgenes ayudan o dificultan la comprensión, según los expertos. Entre las causas de tanto enredo lingüístico, la mayoría apunta a la falta de costumbre y a la pérdida de vista del destinatario final. Aunque los más escépticos podrían insinuar que el ciudadano que no entiende es más manejable. “No es una cuestión de edad de quien escribe, el que tiene 25 años y comienza también lo hace así. Porque así lo ha estudiado en las oposiciones, tiene el preformato establecido. En el sector jurídico, por ejemplo, lo has aprendido en la carrera, lo has visto en las prácticas, es el lenguaje que has adquirido”, explica María Ángeles Júlvez, directora general de Justicia del Gobierno de Aragón. Pero aunque es cierto que en un juicio el ciudadano cuenta con la intermediación de un experto, su abogado, la mayoría de las veces está solo ante el texto (y el peligro).

Para obtener un pasaporte, por ejemplo, como muestra Prodigioso Volcán, hay que enfrentarse a esta explicación:

El texto original reza:

Procedimiento de expedición:

Los peticionarios deberán personarse en la oficina expedidora, previa solicitud de cita en el teléfono 060 o, por internet, en https://www.citapreviadnie.es con la documentación oportuna.

Para solicitar la expedición del pasaporte, será imprescindible la presencia física de la persona a quien se le vaya a expedir, el abono de la tasa legalmente establecida y la presentación de los siguientes documentos (...)

Por eso, entre otras razones, el pasado 9 de febrero el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, que además es jurista, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se reunieron y anunciaron “un acuerdo de colaboración para lograr un lenguaje claro y accesible en la Administración”, informa Manuel Morales. Con el punto de partida de que “el derecho a comprender está en la base de muchos otros derechos fundamentales”, se añadía en un comunicado que la RAE se comprometería “a identificar prácticas irregulares desde el punto de vista de la lengua, proponer los remedios correspondientes y preparar las herramientas para corregir las situaciones que se presenten”. Por su parte, la misión del Defensor sería interpelar a las Administraciones a fin de que el lenguaje empleado en su relación con la ciudadanía sea comprensible.

Sirva otro ejemplo, señalado por Prodigioso Volcán, sobre una beca para un comedor infantil.

Este es el texto original:

“Tramitadas las solicitudes de ayudas presentadas dentro del plazo ordinario, efectuada la baremación de las mismas por la comisión de valoración y determinada así la puntuación que corresponda a cada ayuda, en función de la información sociofamiliar introducida informáticamente por los centros educativos y la información facilitada de oficio por los respectivos órganos competentes, se comunicará a través de la aplicación ITACA, a cada centro educativo participante en la convocatoria, el aviso de disponibilidad de acceso a la aplicación informática para consultar y descargar el listado provisional de solicitudes con la puntuación establecida, con objeto de detectar incidencias o posibles errores en la baremación”.

El Defensor del Pueblo recuerda que el 25 de enero ya había reclamado “a las Administraciones públicas (estatal, autonómica y local) el uso de un lenguaje de fácil compresión para tratar de resolver muchos de los problemas de comunicación existentes con la ciudadanía”. No obstante, preguntadas esta institución y la RAE por las medidas que van a tomar próximamente, no se vislumbran soluciones a corto plazo. Desde el departamento de Comunicación del Defensor del Pueblo se limitan a señalar que “están trabajando sobre fórmulas de viabilidad prácticas y ver cómo pueden concretarse”. Mientras que fuentes de la RAE indican que este asunto “es una prioridad dentro de sus áreas de trabajo”. Sin embargo, por ahora remiten a iniciativas anteriores, como “la creación de obras académicas de referencia de lenguaje especializado: el Diccionario panhispánico del español jurídico y el Libro de estilo de la Justicia”.

Asociaciones como Lectura Fácil o Plena Inclusión, en cambio, trabajan cada día para que el cambio sea real. Serra Casanovas cita al Ayuntamiento de Bilbao como una Administración que se ha tomado en serio el asunto: adapta todos los documentos municipales de mayor impacto según criterios de lenguaje claro y lectura fácil. En la organización Lectura Fácil se han atrevido a medirse incluso con la Constitución entera.

Su preámbulo original es así:

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución.

En Aragón, la directora general de Justicia señala otro proyecto: a través de la traducción a lectura fácil y de un profesional llamado facilitador, ofrecen apoyo a la ciudadanía con reducida capacidad cognitiva que haya sido víctima de delitos, a menudo contra la libertad sexual. “Ya de por sí cuesta denunciar y probarlo; en un caso que implique discapacidad intelectual, mucho más”, explica Ulvez.

En un aspecto discrepan Serra Casanovas y Júlvez. “Cualquier texto se puede explicar de una forma sencilla”, defiende la codirectora de Lectura fácil. Y apunta una serie de recetas: “Una estructura gramatical ordenada. Quitar subordinadas, evitando frases demasiado largas. Poner el sujeto muy claro. Verbalizar los verbos, no hay que nominalizarlos. Evitar las pasivas”. María Ángeles Júlvez, en cambio, apunta: “No creo que cualquier texto se pueda llevar a un lenguaje llano. Hay conceptos jurídicos concretos que tienen su pleno significado. Buscar un lenguaje alternativo puede ser posible pero tremendamente dificultoso a veces”. Sostiene que la aclaración de una palabra puede ocupar tres líneas y pone el ejemplo de “usucapión”: para la RAE, “adquisición de una propiedad o de un derecho real mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto por la ley”.

Todos coinciden, en cambio, en la urgencia de avanzar hacia un lenguaje más claro para leyes, sentencias o contratos. Y tanto Júlvez como Serra Casanovas acuden al mismo símil: cualquier institución ya tiene asumida la necesidad de la accesibilidad física. Desde hace un tiempo, prácticamente todos pueden acceder a cualquier edificio público. Pocos, sin embargo, entienden qué sucede ahí dentro. Ya se rediseñó la arquitectura. Ahora le toca al lenguaje.