Los cortijos andaluces pelean por sobrevivir

La hacienda El Peral sigue siendo la misma que en la madrugada del 2 de enero de 1820 dio posada a las tropas cansadas y caladas de lluvia del general Rafael Riego. Ahí siguen sus dos bellas torres palomares pintadas de almagre, su gran patio y sus ruedas de moler aceite. Hasta en sus escrituras sigue apareciendo el apellido Martell, el mismo de quien alojó a Riego justo después de iniciar su pronunciamiento en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Pero a su alrededor todo ha cambiado. Su silueta, casi de fortaleza, se otea ahora fugaz por la ventanilla de todo coche que circule por el nudo de conexiones de la autovía A-382, a su paso por Arcos (Cádiz). Aunque siga siendo agrícola, ya no está rodeada de olivares. Como El Peral, 2.225 cortijos, haciendas, lagares y casas de viñas están dispersas por Andalucía, inmersas en una encrucijada de incierto final. Tan históricas e identitarias como para ser elementos culturales protegidos; tan enormes y rurales como para sobrevivir a merced de unos usos agrícolas en claro retroceso que las obligan a reconvertirse o a acabar varadas en mitad de la nada entre el abandono y la ruina.

Ángela Adrover y Ana Luque son conscientes de lo contradictorio que puede resultar el relato de su historia como recientes propietarias de una de esas edificaciones rurales. “Si volviera al principio sabiendo el coste, no lo haría”, explica la primera. Un rosario de tediosas trabas burocráticas y reformas más caras de lo previsto complicó el sueño de esta pareja de asesoras fiscales de comprar una típica casa de viñas del Marco de Jerez para vivir. Pero ahora que se ven habitando con su hijo ese edificio del siglo XIX en El Puerto de Santa María, reconvertido en alojamiento rural, espacio de reuniones y bodega ecológica, tienen claro que lo suyo es, ante todo, “un proyecto de vida”, como recalca Adrover de inmediato. Ahora su casa y negocio se llama La Bendita Locura en honor al “estáis locas” que les espetaron muchos a los que narraban su plan, pero en realidad su nombre histórico es Nuestra Señora del Carmen.

Así aparece inscrita en Cortijos, Haciendas y Lagares de Andalucía, un catálogo que enfrascó a más de 20 arquitectos y especialistas durante 11 años (de 1991 a 2002) en la cuantificación, estudio y análisis de las 2.225 grandes construcciones que aún pueblan el campo andaluz, por encargo de la actual Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. El arquitecto José Manuel Aladro, uno de los redactores del manual, explica: “Debemos ser conscientes de la importancia patrimonial que tienen, no solo como edificios. La arquitectura agraria forma parte de nuestra identidad cultural. Habla de una forma de vida, una relación del hombre con su territorio”. De hecho, su trabajo sirvió para reconstruir la historia y caracterizar tipológicamente estas construcciones, tan diversas como la función para la que sirven o la zona en la que están. “Las variaciones dependen de las necesidades funcionales y de los recursos que proporciona el territorio”, añade Aladro.

Poco o nada tiene que ver un lagar con una casa de viñas; incluso dos tipologías de edificios iguales, como una hacienda, son distintas en función de si se levantan en la zona occidental u oriental de la región. No obstante, todos comparten elementos propios de la arquitectura vernácula popular andaluza o extremeña, como es el uso de la cal (para acabados y morteros), el ladrillo o la teja. Y recursos arquitectónicos transversales, como el blancor de sus acabados y su articulación en torno a un patio central, según explica el arquitecto. Hasta que el equipo de expertos que integró a Aladro se puso a visitar y catalogar todas estas características, buena parte de los ayuntamientos no repararon en su valor. “A raíz de la elaboración del inventario, la mayoría de los municipios empezaron a protegerlas e incorporarlas en sus planes generales”, apunta el arquitecto.

Todo eso no ha salvado a más de una de estas construcciones del abandono y la ruina, acelerados por los cambios agrícolas y la despoblación rural. El historiador del arte José Manuel Baena Gallé reparó en el problema mientras visitaba la imponente hacienda Ibarburu (Dos Hermanas), un excepcional ejemplo de arquitectura tan rural como palaciega datada en 1748, que hoy en día se consume entre expolios y derrumbes. Ni su nobleza ni su catalogación con la máxima protección de Bien de Interés Cultural (2002) han evitado que la asociación Hispania Nostra la incluyese, el pasado septiembre, en su Lista Roja del Patrimonio, ante los incendios provocados y “la pérdida del 70% de sus cubiertas”, detalla Baena. “Si se ha llegado a esto es por falta de usos. La agricultura y la ganadería se han modificado y eso puede ser positivo, pero también son pérdidas patrimoniales, de costumbres o usos”.

Preocupado por la dejadez de Ibarburu, el profesor Baena escribió el pasado año el artículo Patrimonio rural y cambio climático en la revista especializada en patrimonio andaluz PH, en el que plantea cómo la alteración del medioambiente está impactando contra este patrimonio etnológico. “Si pasamos de olivares extensivos al girasol afecta al tipo de fauna, a la polinización, a cómo se relaciona el clima con el suelo y cambian las temperaturas”, detalla el historiador, en relación con unos edificios que acaban despojados del destino para el que fueron concebidos. Eso, sumado a la pérdida de rentabilidad de las explotaciones y los elevados costes de mantenimiento de los edificios, ha llevado a una presumible pérdida de haciendas y cortijos andaluces que se desconoce. Más de 20 años después de que el catálogo contabilizase 2.225 edificaciones, la Consejería de Fomento admite a este diario que no se plantea actualizarlo para conocer su estado actual. Además, la Junta de Andalucía no tiene ningún programa de protección patrimonial o de ayudas económicas específicos para ellas y se limitan a los programas generales autonómicos ya existentes.

Con esos mimbres, Francisco Martell hace lo que puede en su hacienda El Peral, conocida por aquella estancia del general Riego, aunque hoy nada lo recuerde en la zona. “Está bastante mal. Yo voy arreglando lo que voy pudiendo, pero estoy centrado en la modernización agraria de la finca”, explica el propietario, que la heredó de su padre hace dos años en una saga familiar que viene desde el siglo XIX. Aunque las dos torres palomares que la caracterizan son, en verdad, contrapesos de dos prensas de viga, allí hace décadas que no se produce aceite. Ahora da servicio a cultivos de trigo, girasol, habas o garbanzos, pese a que Martell apenas puede usar una de las naves, la única en la que cabe la maquinaria. Con todo, el dueño se muestra decidido en su deseo de darle futuros nuevos usos al edificio: “Habrá que hacer algo, no sé qué. Si no existiese el tema agrícola, aquello se caería. Todo es planteable, pero al final hay que tener dinero”.

Pese a esa cantidad de trabas que complican la conservación y los casos de abandono, Agustín García Lázaro, experto en el patrimonio rural de Jerez, asegura advertir “una vuelta al campo entre los propietarios, a arreglar estos cortijos, a diversificar usos, quien tiene posibilidad está volviendo a eso”. El especialista pone como ejemplo la hacienda La Peñuela o el cortijo Espanta Rodrigo, dos fincas gaditanas restauradas que han sido capaces de compatibilizar las actividades ganaderas y agrícolas con la organización de grandes eventos, como bodas. Y hay más casos de éxito, como el de la hacienda sevillana Guzmán, especializada en el cada vez más pujante oleoturismo.

Esa diversidad de oportunidades fue la que terminó de convencer a Adrover y Luque. Cuatro años después de iniciar su aventura y de invertir 1,2 millones de euros —174.000 euros, procedentes de los fondos europeos Feder—, la pareja ha llegado más lejos de lo que pensaba. Además de su alojamiento rural con encanto de tres habitaciones, disponen de salones para actos y se han lanzado incluso a producir vino ecológico, que ofrecen en visitas de enoturismo con catas. “Nuestra idea no era vivir de ello, ahora nos estamos planteando dejar la asesoría y dedicarnos solo a esto”, apunta Adrover.

Aladro es consciente de que casos de nuevas vidas y usos como el de La Bendita Locura no son siempre posibles, ya que no existe capacidad para que todas esas casas que recortan el horizonte campestre andaluz sean explotadas como turismo rural. Pero minimiza el recelo a esos cambios que parecen constituir el único salvavidas posible, una vez que los beneficios del campo ya no son los que eran. El arquitecto Aladro zanja con esperanza: “Ni podemos mantener todos los palacios y conventos para lo que fueron concebidos, ni se puede mantener toda la arquitectura agraria para lo que funcionó. No hay que tener miedo a la reutilización. Pero sí hay que ser conscientes de lo que estamos interviniendo para que no se pierda su memoria”.