Ansorena comunica a la Comunidad de Madrid la identidad de los dueños del supuesto ‘caravaggio’

Nuevo capítulo sobre el misterio en torno a los propietarios del supuesto caravaggio que apareció en Madrid a principios de abril. La Casa Ansorena, la entidad de subastas que iba a vender la pintura el 8 de abril y bajo cuya custodia estaba la obra, ha comunicado este miércoles a la Comunidad de Madrid la identidad de los dueños, a dos días de que expirara el plazo impuesto por el Gobierno regional, según confirman a EL PAÍS fuentes de la Comunidad. Después de que la obra fuera declarada inexportable por el Ministerio de Cultura y Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid, la administración regional inició el procedimiento para conocer el estado de la pieza y comenzar con el análisis que permitirá saber si se trata de una pintura del artista italiano. El primer paso se ha cumplido.

A partir de este momento se abre un nuevo período de espera. Los dueños del cuadro tienen 10 días para acreditar ante la Dirección General de Patrimonio de Madrid a su representante que, según ha podido saber EL PAÍS, es uno de los familiares. No hay más detalles sobre una familia que tuvo el cuadro colgado en el salón de casa. Isabel Mateo, experta en el siglo XVI y El Bosco y profesora del CSIC, pudo ver la obra hace unos 10 años en una casa del barrio de Salamanca de Madrid. De aquella tarde de merienda, recuerda a dos hermanas “altas, vistosas, con melena flotante” que querían saber si la obra de su salón era de Ribera. “Una amiga me llevó porque estas mujeres querían saber a quién pertenecía el cuadro”, relataba a este diario Mateo. “No eran coleccionistas. La pieza debía venir de su familia, una herencia”.

Una vez se designe al representante de los propietarios del cuadro, se acordará la visita a la obra cuya ubicación en este momento se desconoce. Hasta el momento, la pieza estaba bajo custodia de Ansorena, la casa de subastas que iba a vender el eccehomo erróneamente atribuido al círculo del pintor José de Ribera con un precio de salida de 1.500 euros. EL PAÍS ha vuelto a ponerse en contacto con la casa de subastas, pero han rehusado hacer declaraciones. Por el momento, Ansorena se ha limitado a emitir un comunicado en el que aseguraba haber retirado el cuadro, de común acuerdo con los dueños, antes de que Cultura declarara la pintura inexportable el pasado 8 de abril.

Una vez se acuerde una fecha, técnicos de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y especialistas del Museo del Prado formarán el equipo que acudirá a la visita. En este primer encuentro se analizará el estado de la pintura que, según un informe de la pinacoteca se encuentra en “un estado regular de conservación”. De manera paralela, desde el pasado miércoles 14 de abril, cuando el cuadro fue declarado oficialmente BIC tras una resolución publicada en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, se inició un periodo de información pública, donde se convocará al Ayuntamiento de la capital, a los interesados y al Consejo Regional de Patrimonio histórico. Igualmente, se solicitará un informe a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que deberá emitirlo en el plazo de un mes desde su petición.

Una obra con categoría BIC implica una serie de obligaciones para sus propietarios. No solo deben permitir el examen de la pintura, también están obligados a conservarla de manera adecuada; solicitar autorización a la Dirección General de Patrimonio Cultural para cualquier tipo de intervención, como una restauración, que tengan previsto hacer que podrá correr a cargo de una entidad privada o pública. En caso de que los dueños quisieran vender la obra, “la administración tendría derecho de tanteo en el plazo de dos meses”, explican fuentes del Ministerio de Cultura.

Toda la documentación que recabe la Comunidad en este periodo será analizada por la administración, que en caso de que reciba alegaciones por alguna de las partes implicadas, tendrá que dar una respuesta. De este proceso saldrá una resolución que debe ser aprobada por Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el plazo máximo de nueve meses desde la publicación en el boletín oficial de la declaración de la pintura como Bien de Interés Cultural. Es decir, según los cálculos del Gobierno regional, todo este procedimiento que se inicia esta semana puede alargarse hasta enero de 2022.