La Comunidad de Madrid apremia a Ansorena a desvelar la propiedad del supuesto ‘caravaggio’

La Comunidad de Madrid ha reclamado este lunes a la Casa Ansorena que le dé a conocer la identidad de los propietarios del supuesto caravaggio que iba a subastar con un precio de salida de 1.500 euros el pasado jueves. Una puja que el Ministerio de Cultura logró paralizar después de que el Museo del Prado alertara de que podría tratarse de una pintura del artista italiano y no del círculo de Ribera, pintor al que la casa de subastas atribuyó la autoría en su catálogo. El cuadro cuenta, desde el pasado 9 de abril, con una protección cautelar como Bien de Interés Cultural (BIC) gracias a una resolución de la Dirección General de Patrimonio, lo que permite a la Comunidad de Madrid obligar a los titulares de la obra a conservarla y al Estado ejercer el derecho de tanteo y retracto en el caso venta.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Cultura ha solicitado este lunes al Gobierno regional que permita al Museo del Prado analizar la obra para así poder determinar su autoría. La Comunidad ha respondido a la petición de Cultura y no solo ha anunciado que “prevé colaborar” con la pinacoteca para “el estudio de la obra”, sino que, además, una vez conozca la identidad de los dueños del cuadro y su residencia, solicitará al Prado que elija personal técnico cualificado para que participe en esta visita presencial que deberá realizarse en la segunda quincena del mes de abril.

El cuadro estaba “seguro y protegido” en las instalaciones de Ansorena este fin de semana, informaron los responsables de la casa de subastas a Cultura en una reunión a la que acudieron el secretario general de la cartera, Javier García Fernández, y la directora general de Bellas Artes, María Dolores Jiménez-Blanco, según informaron a este diario fuentes conocedoras del encuentro.

Una vez el cuadro tenga la categoría oficial de BIC (sucederá cuando la orden se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el próximo miércoles o jueves), se iniciará un periodo de información pública, donde se convocará al Ayuntamiento de la capital, a los interesados y al Consejo Regional de Patrimonio Histórico, según fuentes del Gobierno regional. Igualmente, se solicitará un informe a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que deberá emitirlo en el plazo de un mes desde su petición.

Una obra con categoría BIC implica una serie de obligaciones para sus propietarios, de los que por el momento se desconoce su identidad. Deben permitir el examen de la pintura y están obligados a conservarla de manera adecuada; cederla para exposiciones; solicitar autorización a la Dirección General de Patrimonio Cultural para cualquier tipo de intervención, como una restauración, que tengan previsto hacer. En caso de que los dueños quisieran vender la obra, “la Administración tendría derecho de tanteo en el plazo de dos meses”, explican fuentes del Ministerio de Cultura.

Toda la documentación que recabe la Comunidad en este periodo será analizada por la Administración que en caso de que reciba alegaciones por alguna de las partes implicadas, tendrá que dar una respuesta. De este proceso saldrá una resolución que debe ser aprobada por Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el plazo máximo de nueve meses desde la publicación en el boletín oficial de la declaración de la pintura como Bien de Interés Cultural. Es decir, según los cálculos del Gobierno regional, todo este procedimiento que se inicia esta semana puede alargarse hasta enero de 2022.