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El Museo de Lleida no entregará a Aragón las 111 obras que el juez le exige

El centro alega que la “ejecución provisional desmantelaría la colección de una institución pública sin una sentencia firme”

José Ángel Montañés
El frontal de Sant Hilari de Buira, una de las obras reclamadas por el obispado de Barbastro-Monzón y que se encuentra en Lleida.
El frontal de Sant Hilari de Buira, una de las obras reclamadas por el obispado de Barbastro-Monzón y que se encuentra en Lleida.HERMINIA SIRVENT

El Museo de Lleida no entregará los 111 bienes provenientes de las 43 parroquias (Bafaluy, Buira, Roda de Isábena, Ardanué, Benavente de Ribagorza, Egea, Fraga, Monzón y Tamarite de Litera, entre ellas) que abandonaron la diócesis de Lleida en 1995 para entrar a formar parte de la nueva de Barbastro-Monzón que se acababa de crear, como le exige un juez de Barbastro desde el pasado jueves. El plenario del Consorcio del museo, formado por representantes de la Generalitat y el Ayuntamiento, la Diócesis y la Diputación de Lleida ha decidido, tras la reunión de la tarde de este lunes, “por unanimidad” oponerse “al auto de ejecución provisional de la sentencia de 10 de diciembre de 2019 dictada por el Juzgado de primera instancia número 1 de Barbastro”.

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El auto, notificado el 18 de diciembre, requiere que se libren los 111 bienes antes del día 15 de febrero próximos. Según argumentan, en una nota hecha pública tras la reunión se niegan, porque “no se trata de una sentencia firme”, ya que fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Huesca. Y, sobre todo, porque “el cumplimiento de esta ejecución provisional desmantelaría la colección de una institución pública sin una sentencia firme” y en que “el Museo de Lleida se vería privado del discurso museológico actual”. Además, prosiguen, “desde un punto de vista técnico, el traslado provisional de los 111 objetos tiene afectaciones administrativas, legislativas y de conservación preventiva que el auto de ejecución provisional no contempla”. El comunicado concluye diciendo que “en los próximos días, antes del 29 de diciembre, los servicios jurídicos del consorcio y del Obispado de Lleida presentarán las alegaciones ante el juzgado de Barbastro”.

El pasado viernes se supo que el día anterior, 18 de diciembre el juez Carlos Lobón, había aceptado la petición realizada el 24 de noviembre por el Obispado de Barbastro-Monzón y el Gobierno de Aragón, para que se ejecute la sentencia dictada hace ahora justo un año que obliga al traslado de los bienes.

El proceso civil comenzó en 2017, cuando el Obispado de Barbastro-Monzón, tras años de pleitos por la vía canónica, recurrió a esta segunda vía alegando que las obras estas estaban en el museo en calidad de depósito desde que el obispo de Lleida, Josep Masseguer (1889 a 1905), se las llevó. Desde la parte catalana se intentó probar con documentos la posesión legal de las piezas y no de un mero depósito, algo que el juez Lobón no tomó en consideración. En ese proceso figuran como demandados el Obispado de Lérida y el Consorcio del Museo, donde están depositadas y expuestas la mayoría de estas piezas y como coadyuvantes en el litigio figuran el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña.

Se repite la situación que se creó en el otro conflicto que enfrenta en los tribunales a Cataluña y Aragón por bienes patrimoniales eclesiásticas: el del Monasterio de Sijena. En este caso se trata de 97 bienes que se conservaban, 53 en el MNAC y 44 en el mismo Museo de Lleida. Los primeros fueron entregados en julio de 2016, los segundos en diciembre de 2017 después de que la Guardia Civil entrara por la fuerza en el museo leridano, tras ordenarlo el juez. Los objetos acabaron en el Monasterio de Sijena expuestos en condiciones que conservadores catalanes denunciaron (incluso el Museo de Lleida acaba de pedir al juez que les deje revisar in situ las condiciones en las que se encuentran). Se da la paradoja que estas 97 piezas, que en el momento de ser entregadas pasaron de estar en una colección pública a una privada, la de las monjas de la orden Sanjuanista, propietaria del monasterio, no pueden ser vistas desde el mes de marzo desde que se decretó el cierre por la pandemia y porque las inquilinas que residían en el monasterio en régimen de alquiler desde hacía más de 35 años se marcharon alegando que las visitas al monasterio iban en contra de su vida contemplativa y de rezo que les marca la disciplina de su orden.

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Sobre la firma

José Ángel Montañés
Redactor de Cultura de EL PAÍS en Cataluña, donde hace el seguimiento de los temas de Arte y Patrimonio. Es licenciado en Prehistoria e Historia Antigua y diplomado en Restauración de Bienes Culturales y autor de libros como 'El niño secreto de los Dalí', publicado en 2020.

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