El Supremo anula el polémico despido del arquitecto que ideó la restauración del Palacio del Temple

Los portazos sonoros y las súbitas corrientes de aire en el Palacio del Temple se han atenuado desde la restauración de la sede de la Delegación del Gobierno en Valencia. Hace años, los funcionarios bromeaban atribuyendo esas alteraciones repentinas a la presencia de un alma en pena, una fantasma que vagaba por las enormes instancias y corredores del edificio del siglo XVIII. Las condiciones del palacio han mejorado pero su polémica resturación sigue generando noticias. El Tribunal Supremo ha anulado el despido en 2014 de Carlos Meri, el arquitecto que elaboró el proyecto de rehabiltación y dirigió la obra inicialmente y estima el rescurso de casación que interpuso contra la sentencia de la Audiencia Nacional. La rehabilitación se licitó por 6,8 millones de euros y ha costado, como mínimo, el doble, 12.5, según la cifra oficial aportada en 2019 cuando se inauguró la intervención, después de años de retrasos. Otras fuentes elevan el coste a los 15 millones.

En su sentencia de este verano, el Surpremo declara “contraria a derecho la resolución del contrato” de Meri y condena al Ministerio de Hacienda a que pague al arquitecto los honorarios de la dirección de obra que le restaban por cobrar (156.672,45 euros euros). Además, le tiene que abonar el proyecto de modificación, que deberá tasar el Colegio de Arquitectos de Valencia, con base en la cantidad que fijó la perito judicial en el proceso, “que ascendía a más de 400.000 euros”, según explica el letrado del arquitecto, Esteban Gómez-Limón, de Sorní Abogados. Seis años ha estado el reputado arquitecto valenciano litigando por el proyecto.

Carlos Meri, autor de la nueva dársena del Puerto de Valencia, ganó el concurso de ideas en 2004 para restaurar el edificio neoclásico, declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural (BIC). El Ministerio de Hacienda adjudicó la ejecución cinco años después a Acciona que presentó una oferta de 6,8 millones de euros que reducía en un 37,5% el precio de licitiación lo que constituía una baja temeraria, si bien el Gobierno lo negó. Ahí empezaron los problemas entre el arquitecto y los responsables de la empresa. De modo que el ministerio decidió prescindir de la dirección de obra de Meri pretextando la necesidad de ahorrar (con el uso de los técnicos de la empresa pública Tragsa) y de “replantear la obra” por la aparición de restos arqueológicos, desde esqueletos del periodo almohade hasta vestigios de la muralla y de casas árabes.

Según el abogado de Meri, “se utiliza a la empresa pública Tragsa para justificar el despido como un ahorro de costos, ya que la empresa pública tiene arquitectos en plantilla. La realidad es que Tragsa no utiliza a sus técnicos y contrata a otro arquitecto de Madrid, Manuel, colaborador habitual de Acciona”.

La diputada socialista y exdelegada del Gobierno en Valencia, Ana Botella, presentó numerosas iniciativas en el Congreso y en coordinación con las Cortes valencianas y denunció en reiteradas ocasiones los retrasos, los sobrecostes y los cambios en las obras de restauración del Palacio del Temple, así como la destrucción patrimonial del Salón de Plenos del siglo XIX, una denuncia que finalmente un juzgado desestimó. “Hay que valorar que se haya repuesto la honorabilidad de un arquitecto que vela por el valor patrimonial debidamente protegido. Es importante también reivindicar el papel que ejercen los profesionales de la arquitectura para velar por el cumplimiento de los proyectos aprobados por la administración”, ha manifestado Botella a este periódico esta mañana.