La cultura se convierte en la nueva guerra de Crimea

El museo del Hermitage de San Petersburgo, el Pushkin de Bellas Artes de Moscú y la Sociedad Geográfica junto con varios institutos de la Academia de Ciencias, han sido incluidos por Ucrania en la lista negra de instituciones sancionadas por sus actuaciones en Crimea, la península que Moscú se anexionó en 2014.

En un decreto firmado el 14 de mayo, el presidente, Volodímir Zelenski, castiga a 377 personas físicas y 235 entidades jurídicas rusas a no poder ejercer actividades ni tener cuentas ni realizar transacciones económicas, ni intercambios científicos con instituciones ucranianas. Sancionados por el plazo de tres años están astilleros, fábricas militares y civiles, compañías de construcción, emisoras de radio y cadenas de televisión, que en parte ven renovadas sanciones anteriores. También, la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú y otras universidades.

Estas sanciones, que se aplican en el territorio de Ucrania, suponen la medida de mayor envergadura adoptada por Kiev en relación a instituciones culturales rusas. Al Ministerio de Exteriores ucranio corresponde intentar persuadir a los socios extranjeros para que sigan el ejemplo, señala desde Kiev una fuente involucrada en la confección de la lista de sancionados.

Los motivos de las sanciones, objeto de informes específicos, no están explicados públicamente, pero —en lo que a museos e institutos de la Academia de Ciencias de Rusia se refiere— la razón, en la mayoría de los casos, es la realización de excavaciones arqueológicas sin permiso de Kiev.

El Hermitage excavaba en Crimea antes de 2014 y ha seguido haciéndolo después, señala por teléfono el arqueólogo Alexandr Dzhanov, del complejo de museos Santa Sofía de Kiev. Las fortalezas genovesas de la Crimea constituían un departamento específico de esta entidad, encargada de preservar el patrimonio nacional de Ucrania.

En cuanto a la Sociedad Geográfica de Rusia (SGR), se trata de una organización pública presidida por el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú. La SGR ha restaurado una batería militar del siglo XIX en Sebastopol y, en el entorno resultante, Putin celebró el pasado marzo el 6 aniversario de la “incorporación” de Crimea a Rusia. El jefe del Estado es presidente de la junta directiva de la SGR, a la que pertenecen también altos cargos de su administración y extranjeros como el príncipe Alberto de Mónaco.

La SGR incorporó a Italia a sus planes para Crimea en abril de 2019, cuando llegó a un acuerdo con la organización Italia Nostra (que trabaja en la preservación del patrimonio cultural italiano) para estudiar las fortalezas en la península, dentro del proyecto Fortificaciones genovesas en el mundo, coordinado por el profesor Giovanni Spalla. El objetivo es incluir esos complejos en la lista del patrimonio cultural de la humanidad de la Unesco a través de la cooperación transfronteriza.

Para la comunidad internacional, Crimea es oficialmente territorio de Ucrania. En las páginas oficiales de la Unesco, en el apartado dedicado a ese país, figuran aún los dos proyectos sobre las fortalezas genovesas que Kiev incluyó en las listas de tentativas para el estatus de patrimonio cultural de la humanidad. El primer proyecto, fechado en 2007, hace referencia a la fortificación de Sudak, y el segundo, de 2010, a los centros comerciales y fortificaciones de las rutas comerciales genovesas en el Mediterráneo y el mar Negro. El proyecto ruso-italiano se solapa con los ucranianos, pero actúa como si estos jamás hubieran existido.

A fines de septiembre de 2019 Spalla, en representación de Italia Nostra, y la historiadora Stefania Zini, en calidad de jefa de la comisión de etnología de la SGR, dieron una conferencia de prensa en el Ministerio de Exteriores de Rusia antes de emprender un viaje de exploración por las fortalezas de Crimea. Spalla insistía en que el proyecto era cultural y al margen de lo político. ”Esperamos que ayude a resolver el conflicto”, afirmaba entonces.

Entre las ideas del equipo ruso-italiano está el convertir los monumentos genoveses de Crimea en “clusters turísticos”, explicó Zini el pasado diciembre en la SGR en Moscú. Pero las sanciones internacionales contra Rusia por la anexión impiden hoy programar cruceros turísticos en Crimea, que además está muy militarizada.

Las sanciones afectan también a la compañía Terra de Vorónezh, otro de los participantes en el acuerdo con Italia Nostra, entidad esta que no ha sido sancionada. “Ya le llegará el turno, vamos despacio porque no tenemos muchos recursos”, manifestó la fuente ucraniana desde Kiev.

La colaboración con Rusia en Crimea plantea dilemas engorrosos a los estudiosos extranjeros, parte de los cuales siguen trabajando con Ucrania sin acceso al terreno y parte, como Spalla, trabajan con Rusia y se arriesgan a ser incluidos en las sanciones. En Génova, donde reside Spalla, se encuentra también el profesor Paolo Stringa, director de la fundación Alte Vie. Por encargo de Ucrania, Stringa trabaja en la confección del dosier para la inclusión definitiva de las fortalezas de Crimea en el patrimonio de la humanidad de la Unesco.

La anexión de Crimea ha dividido el colectivo de arqueólogos ucranianos. Unos se han adaptado a las condiciones rusas y trabajan sobre el terreno y otros lo hacen bajo la égida de Kiev. “Los arqueólogos del Hermitage fueron nuestros colegas. Trabajaron con nosotros durante muchos años. Ahora tienen las manos libres. Saben donde están las cosas buenas y cavan ahí”, afirma Nelia Kukovalska, la directora del complejo museístico de Santa Sofía de Kiev, del cual dependen las fortalezas de Crimea.

El Hermitage hace excavaciones en la fortaleza de Sudak, una construcción medieval donde se superponen los estratos de distintas civilizaciones, desde el siglo VI por lo menos. “Es mejor que excave el Hermitage, porque lo hará profesionalmente, que dejar las fortalezas en manos de los incompetentes funcionarios locales egoístas”, manifestaba Alexandr Dzhanov. “El gran peligro para los monumentos es que esos “funcionarios locales se asocien con extranjeros deseosos de hacer negocio”, sentenciaba el arqueólogo.

La normativa por la que se rige la Unesco establece que, en caso de conflicto, el país que controla un territorio de hecho responde por el buen estado del patrimonio cultural. En 2015, ya bajo control ruso, se derrumbó una de las torres de la fortificación de Sudak y en 2016 se hicieron "trabajos no profesionales para repararla”, afirma Kukovalska, que acusa a los rusos de haber restaurado de forma chapucera el palacio de los janes en Bajchisarái, en Crimea.

Las sanciones congelan todavía más la colaboración ruso-ucraniana en el terreno cultural y en su contra se ha pronunciado Oleksandr Roytburd, director del Museo de Bellas Artes de Odesa. “¿Qué daño infligimos al agresor con esta irracional renuncia a capas enteras de la herencia clásica mundial?”, ha dicho, refiriéndose a las sanciones contra el Hermitage.

Además de controlar el territorio, Rusia tiene más recursos materiales que Ucrania para la conservación y mantenimiento de los monumentos. En Kiev, Eveline Kravchenko, que fue secretaria de la Asociación de Arqueología en Crimea antes de la anexión, afirma haber rechazado una sustancial oferta para que accediera a reeditar sus investigaciones con los nombres de los “colegas rusos” por delante del suyo.

En su sistemático empeño por borrar la anexión de la memoria colectiva, Rusia se atrevió en 2019 a presentar en una cumbre de la Unesco un folleto oficial donde se atribuía como propio el complejo de Hersonés, que figura en la lista ucraniana de bienes culturales patrimonio de la Humanidad de la misma Unesco.