La SGAE vuelve a tumbar la reforma de sus estatutos
La presidenta, Pilar Jurado, no logra el voto a favor necesario de dos tercios de los socios y complica su posición al frente de la entidad y ante el choque con Cultura
Hay algo que tarde o temprano sucede en la vida de cualquiera y, sin embargo, la SGAE nunca encuentra: normalidad. La entidad de gestión de derechos de autor más importante de España ha rechazado por tercera vez consecutiva la reforma de sus estatutos: pasan los presidentes, aumentan los porcentajes de apoyo, pero queda, idéntico, el desenlace negativo. Y el impasse. En la Asamblea General, convocada hoy lunes, el 62,78% de los socios votó a favor de la modificación propuesta por la responsable, Pilar Jurado; pero un cambio de tal calado precisa de una mayoría de dos tercios, un 66,7%, de ahí que el consenso siga siendo insuficiente.
La reforma es una necesidad impuesta por una directiva europea y por la Ley de Propiedad Intelectual. Es, también, una exigencia del Ministerio de Cultura y de la CISAC, el organismo que reúne a las sociedades de gestión de todo el mundo y que el 30 de mayo expulsó de forma temporal a la SGAE. Es decir, tras el tercer intento, la entidad continúa siendo incapaz de llevar a cabo una reforma a la que está obligada por ley y por su propia supervivencia. Además, ante la enésima asamblea presentada como trascendental, la opción mayoritaria fue, en realidad, la indiferencia: expresaron su preferencia 1.356 socios, de los cerca de 18.000 con derecho —hay 120.842 socios, pero solo pueden participar los que recauden al menos una cierta cantidad—.
El rechazo a los estatutos legitima el castigo de la CISAC a la SGAE, a la vez que refuerza la posición del Ministerio de Cultura y la opción de que termine retirando la licencia a la entidad. En febrero, el ministro, José Guirao, solicitó a la Audiencia Nacional el visto bueno para intervenir “al menos seis meses” a la SGAE. Se basaba en tres pilares: exigía a la entidad reformar los estatutos, introducir el voto electrónico en todos los procesos electorales y arreglar los desajustes de su reparto, ya que la música emitida de madrugada en la televisión logra desde hace años embolsarse millones, pese a no tener apenas audiencia. Esta trama, conocida como la rueda, está siendo investigada por la justicia; a la vez causa una guerra entre editoriales de las propias cadenas, interesadas en mantener este sistema, y multinacionales, deseosas de recuperar su pastel perdido. En medio, los autores de uno y otro bando, y la entidad, desangrada en peleas internas.
La semana pasada, la Audiencia Nacional tumbó la petición de Cultura, por fallos formales, lo que supuso aire para Jurado, que reivindica que ya solucionó los otros requisitos del ministerio. Cultura recurrió la decisión, a la vez que baraja presentar una nueva tentativa ante otro juzgado o retirar la licencia a la SGAE. Para ello, no precisa de autorizaciones judiciales, ya que la entidad es un organismo privado pero que actúa bajo tutela pública. El fracaso de la Asamblea General devuelve vida a los argumentos de Cultura para intervenir, debilitados tras el no de la Audiencia Nacional.
La posición de Jurado, en cambio, se tambalea. Lideró una campaña por los estatutos centrada en dos extremos: sacarlos adelante supondría el primer paso hacia el paraíso; rechazarlos, el infierno. Desde que asumió la presidencia en marzo, afirmó que la SGAE afrontaba “la última oportunidad”. La mandataria insistió en que tumbar la modificación sería “terrible para los creadores”, porque heriría a la SGAE ante sus rivales privados, desde que la ley abrió en la primavera de 2018 la gestión del derecho de autor al libre mercado. Con los nuevos estatutos, entre otras cosas, también se creaba un órgano de control, todos los socios ganaban el derecho al voto y representantes de las multinacionales podían volver a sentarse en la junta directiva.
La presidenta consiguió una mejora —Hevia, responsable en la anterior asamblea, en diciembre, obtuvo el 58% de los apoyos—, y sacar adelante las votaciones de cuestiones para las que bastaba con la mayoría simple, como la aprobación de la gestión de Sastrón y Hevia el año pasado o las cuentas de 2017 y 2018, donde los ingresos subieron hasta 314 millones de euros. Aunque el eterno orden del día de la asamblea, con hasta 12 asuntos por tratar, era la mejor prueba de la lista de deberes pendientes de la entidad. También se aprobó, con el 71,74%, el mandato a los responsables legales para seguir adelante en su choque judicial con Cultura. En definitiva, Jurado logró quedarse más cerca que nunca de la cumbre, pero no superarla. Como Sísifo, la SGAE vuelve a precipitarse al punto de partida, y afronta otro escenario impredecible. El consuelo, al menos, es que está más que acostumbrada.
El futuro incierto de la presidenta
Tras la enésima asamblea en balde, cuesta adelantar el destino de la presidenta de la SGAE. Jurado puso toda la carne en el asador, pero no ha logrado que se cocinara en su punto. Ahora, está por ver si incluso se le acaba quemando la barbacoa.
La mayoría de votos a favor muestra que Jurado tiene respaldo entre los socios. Sin embargo, sus opositores pueden levantar los gritos de "dimisión". Al fin y al cabo, el no a los estatutos ya les costó el liderazgo a sus dos antecesores, Sastrón y Hevia. Sobre Jurado, además, pende la sombra de otro exmandatario, Eduardo Teddy Bautista. El exlíder de Los Canarios está a la espera de acceder a la junta directiva, ya que el compositor Fernando Illán dimitió y el siguiente candidato más votado es Bautista. "Es probable", concedió antes de la Asamblea sobre su regreso. Y siempre dijo que no volvería para calentar un sillón sino para ser presidente. Mientras, Bautista también aguarda para saber cuándo se sentará en el banquillo: se enfrenta a siete años de cárcel, por presunta apropiación indebida, tras la operación policial que en 2011 le apartó de la presidencia y por la que aún no hay fecha de juicio.
