El nuevo Código de buenas prácticas pretende limitar el mandato de los directores de museo a 10 años

Hace 12 años el sector de las artes plásticas dio un golpe en la mesa para denunciar las malas prácticas que se cometen con dinero público en los museos y centros de exposición. Ahora, aquel Código de Buenas Prácticas ratificado por el Ministerio de Cultura —con la actual vicepresidenta Carmen Calvo entonces al frente de la cartera— inicia una reforma integral, que será debatida este jueves y cuyos resultados serán entregados en los próximos meses a José Guirao, ministro de Cultura.

“Ha faltado compromiso político para asumir el código y aplicarlo”, explica Jorge Díez, secretario del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC). Ha habido muchos nombramientos desde 2007 y ¿se ha cumplido? La presidenta del IAC, Isabel Durán, quiere ser positiva y cree que “con las buenas intenciones también se generan nuevas prácticas”. “La renovación del Prado y del Museo de Bellas Artes de Bilbao son ejemplos negativos. Pero ahora quedan en evidencia cuando se incumple”, añade.

La asociación de directores de museos no está de acuerdo con la limitación de diez años al frente del cargo

Díez explica a EL PAÍS que en el nuevo documento se quieren limitar los contratos de dirección. “Deben estar más restringidos”, cuenta. Este punto impediría cargos de 15 años, por ejemplo, como consumará Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, hasta 2023. “Queremos que haya un máximo de renovación, una limitación de años al frente, no más de 10 años. Aunque en este punto no hay unanimidad en la mesa sectorial”, apunta. Este aspecto se está debatiendo en el seno de la mesa setorial y se decidirá este jueves entre las asociaciones que se han unido para hacer crecer en influencia política al sector. El grupo de los directores de museos no acepta esta limitación. A favor de la restricción están el consorcio de galeristas, la unión de artistas, la federación de gestores culturales, el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), además de Mujeres de Artes Visuales (MAV).

Más mujer

Otro gran cambio con respecto al documento de 2007 es la irrupción de la mujer como centro de acción y de protección. Curiosamente, el anterior código fue aprobado el mismo año que la Ley de Igualdad, pero las artes se olvidaron de ellas. Ahora saldan la deuda. “En la redacción del documento se evitará usar el género masculino como representativo del conjunto”, puede leerse en el borrador, que hace mención de la incorporación de la igualdad de género en las estructuras de las instituciones, “imprescindible para las buenas prácticas”.

Para María José Magaña, presidenta de la asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), es una cuestión pendiente por resolver para que en los patronatos, los jurados, la programación y en las compras de obra la igualdad sea un requisito insalvable. Espera concretar el documento final con un sistema de cuotas como el que funciona en las ayudas a la producción de películas. De tal manera, los museos con ayudas públicas deberán atender la compra de artistas mujeres y no priorizar en exclusiva a los hombres artistas.

MAV quiere que los museos con ayudas públicas cuenten con cuotas para la compra de obra de artistas mujeres

Más presión

Tanto Isabel Durán como Jorge Díez, del IAC, señalan que en estos doce años se ha avanzado en la presión para hacer cumplir un documento que no es vinculante y al que le faltaba concretar aspectos como la transparencia. Exigen las cuentas claras en los procesos de selección de cualquier cargo. En este sentido, cuestionan abiertamente la participación en los designios del centro de aquellas empresas a las que se les abre las puertas, con la esperanza de que aporten una cantidad de dinero, que no terminan de cumplir. “Queremos que sea una contraprestación real y evaluable, que podamos conocerlo. Si alguien contribuye con 150.000 euros sobre un presupuesto de 50 millones de euros, hay que pensar qué cargo se le ofrece. Los patronos económicos deben cumplir con el motivo de su invitación”, aclara Díaz.

En la configuración y misión del patronato parece haber unanimidad: urge el incremento de expertos en ellos, además de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Así que se propone que haya un 30% de representantes de la administración, un 50% de expertos o científicos y un 20% de sociedad civil “que hayan realizado una aportación significativa al museo”. En el anterior Código tampoco se detallaba cómo proteger al artista y ahora es prioritario, sobre todo después de la aprobación del Estatuto del Artista.

Más denuncias

¿Cómo puede ser vinculante un Código de buenas prácticas? “Es imposible, pero se ha convertido en una herramienta que ya nadie discute. Necesitamos más transparencia en los museos para controlar los procesos democráticos”, cuenta Durán. La fase de la denuncia necesita potenciarla mucho más, pero para ello necesitan pagar abogados “para que las denuncias lleguen a los juzgados y no quede en canto al sol”. Dicen que necesitan dinero para ser más eficaces, no para generar más burocracia. “Las artes plásticas necesitan profesionalizarse, como el cine”, añade la presidenta del IAC.

Reclaman que la dirección artística de las salas dependientes de administraciones públicas debe ser responsabilidad de una persona de ámbito profesional, “en ningún caso se podrá externalizar de manera total o parcial la gestión de cualquier museo, centro o sala de titularidad pública al sector privado”. Esto es una alusión directa al CAC de Málaga, al que califican como “el perfecto ejemplo de malas prácticas en un museo”.