La retirada de las multinacionales pone a prueba a la SGAE

El reloj en la SGAE ha empezado a correr más rápido. Y la entidad, atrapada desde hace tiempo en arenas movedizas, se ve obligada a reaccionar. En el calendario hay dos plazos clave apuntados: 15 de julio y 1 de enero de 2019. En dos semanas, se agota el tiempo que Cultura concedió a la entidad para una reforma de sus estatutos, después de que el 66% de los socios rechazara la primera propuesta de modificación, defendida por el presidente, José Miguel Fernández Sastrón, y duramente criticada por la oposición. Con el comienzo del año próximo, en cambio, se cumpliría la amenaza que cinco colosos de la edición musical (Warner/Chappell, Sony ATV, Universal Publishing, BMG y Peermusic) lanzaron el pasado viernes: solicitaron la retirada de su repertorio anglosajón, repleto de estrellas de la música, porque creen que sufre un reparto injusto. Ayer, la SGAE confirmó a EL PAÍS que recibió las misivas, aunque no quiso añadir más comentarios.

No es casual que las cartas se entregaran el 29 de junio: tras los seis meses de plazo a los que obliga la ley, las discográficas confían en que su repertorio pueda ser gestionado por otra entidad desde el 1 de enero de 2019. O que su órdago haya servido para cambiar la SGAE y entonces puedan quedarse. De momento, las compañías pidieron llevarse los derechos de la emisión en radio y televisión de sus estrellas internacionales (nombres como Radiohead, Lady Gaga o Juanes), un matiz tampoco baladí.

El Real Decreto con el que el Gobierno adaptó a España, el pasado 15 de abril, una directiva europea sobre gestión colectiva abre el derecho de autor al libre mercado pero con excepciones. Compañías privadas en busca de beneficios pueden empezar a competir con los organismos como la SGAE —sin ánimo de lucro— por llevarse la gestión de ciertos derechos. Pero los considerados como “de gestión colectiva obligatoria” han de seguir en mano de las entidades, y entre ellos se incluyen los de radiodifusión, según el ministerio. Es decir, las discográficas rebeldes no podrían entregarlos a operadores privados, sino solo a otras entidades parecidas a la SGAE. “Estas actuaciones forman parte del mercado, Cultura no tiene que entrar a valorarlas. Confiamos en la gestión colectiva”, comentaron ayer desde el ministerio.

Cultura reiteró también su “esperanza y confianza” en que la nueva reforma de los estatutos “esté acorde” con la ley. La asamblea general rechazó, el 21 de junio, las cuentas y la gestión de la SGAE, además del plan de modificaciones de los estatutos de Sastrón, al considerarlo un intento del mandatario de reforzar su poder. El presidente rechazó dimitir, como pidió el frente crítico, y respondió con un calendario: preparará otra reforma, solo técnica y que no pueda ser acusada de “política”, la presentará a la junta el 16 de julio (casi en el plazo), y pretende llevarla de nuevo a la asamblea el 24 de septiembre. Después, convocará elecciones para diciembre.

Lejos de tranquilizar los ánimos, la propuesta de Sastrón chocó de nuevo con los opositores, quienes lamentan que un cambio de tal calado habría de ser consensuado. Las editoras musicales, además de protestar, han empezado a marcharse.