Se reabre una causa contra los ex consejeros Vila y Puig por Sijena

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huesca ha reabierto un proceso penal contra los exconsejeros de Cultura de la Generalitat Santi Vila y Lluís Puig por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación. El inicio del caso se remonta a la denuncia que interpuso el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca) a finales de septiembre pasado ante el Tribunal Supremo contra los dos consejeros, entonces aforados, por considerar que ambos habían desobedecido reiteradamente las órdenes judiciales para entregar las 44 piezas del monasterio de Sijena -que finalmente fueron trasladadas a esa localidad el 12 de diciembre. Hasta entonces, esas piezas estaban depositadas en el Museo de Lleida. En esa denuncia, el consistorio aragonés también les acusaba de apropiación indebida. Al perder al aforamiento ambos políticos, el Supremo sobreseyó esa causa.

El 30 de noviembre pasado, cuando tanto Vila como Puig ya no eran aforados, el  abogado del consistorio de Sijena presentó una denuncia por el delito de apropiación indebida contra ellos en un juzgado de primera instancia de Huesca. Ese juzgado la archivó el 29 de diciembre pasado "al no haberse remitido, junto con la denuncia, los documentos supuestamente acreditativos de los hechos denunciados".  El Ayuntamiento recurrió el archivo y el juzgado volvió a revisar el caso "así como los documentos anexos al mismo, especialmente el certificado emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca- el que llevó la reclamación civil de la entrega de las piezas- y el informe emitido por el fiscal del Tribunal Supremo" y resolvió estimar el recurso, revocó su anterior resolución de archivo y acordó la continuación de la instrucción de la causa. 

El auto judicial que reabre el caso apunta a que siguiendo el criterio de la Fiscalía de Huesca y la del Tribunal Supremo "se debe continuar el procedimiento para investigar si los hechos denunciados contra Santi Vila y Lluís Puig pueden constituir un delito de desobediencia y, en su caso, de un delito de prevaricación administrativa". El mismo auto resuelve rechazar la petición del Ayuntamiento de acusarles, también, de apropiación indebida.

El mismo auto insta al Parlament de Cataluña a que informe sobre si Lluís Puig es diputado, condición a la que hizo expresa renuncia la semana pasada.