Discotecas históricas de Ibiza declaran la guerra a la música al aire libre

La guerra entre las discotecas tradicionales de Ibiza contra la oferta de los hoteles que ofrecen conciertos al aire libre y los 'beach club' ha comenzado. Los propietarios de Privilege y Es Paradis, dos de las discotecas históricas de la isla en funcionamiento desde los años 70, han denunciado a los alcaldes de los municipios de Sant Josep y Sant Antoni a los que acusan de permitir que la nueva oferta de ocio de los grandes hoteles musicales y los 'beach club' superen los niveles de ruido permitidos. El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas y el de Sant Antoni, José Tur, han prestado este martes declaración como investigados por la omisión del deber de perseguir un delito, en concreto contra el medio ambiente al no controlar el ruido y la música de varios locales de ocio.

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Los querellantes denuncian que se han gastado millones de euros en los últimos años para insonorizar y cubrir sus discotecas cuando las Administraciones obligaron a los establecimientos de fiesta a techar sus instalaciones para evitar la contaminación acústica. Los Ayuntamientos endurecieron las actuaciones sobre las macrodiscotecas, controlando el aforo, los accesos y el cumplimiento de los horarios. "Nos gastamos unos seis millones de euros en insonorizar la discoteca Privilege" dice José María Etxaniz, uno de los socios del establecimiento, que denuncia que algunos compañeros "se han arruinado" en el intento de cumplir con las normativas de ruido.

Algo que según argumentan en su querella no ocurre con el floreciente negocio de los hoteles musicales, que ofrecen conciertos y sesiones al aire libre con algunos de los mejores dj's del panorama musical. Tampoco con los modernos 'beach club', establecimientos a pie de playa que proliferan en la costa española desde hace algunos años en los que también se ofrecen maratones de música en vivo para los clientes. "Lo que unos años antes era perseguible y perseguido, la música al aire libre a todas horas y fuera de los establecimientos específicos, aflora de nuevo con la pasividad de la Administración" afirman los denunciantes.

En su querella, adjuntan un informe de un detective privado y más de una treintena de sonometrías realizadas en varios hoteles y clubes de playa en los que se registran emisiones que rozan los 100 decibelios, cuando el máximo permitido en el mejor de los casos es de 65. "Los Ayuntamientos no hacen nada y la Policía Local lejos de actuar se dedica a regular la llegada de taxis a estas nuevas discotecas" afirma el abogado de la acusación pública, Joan Cerdá, que aporta un informe sonométrico encargado por el partido político Epic en 2013, que revela que las emisiones musicales de uno de estos hoteles llega a zonas residenciales situadas a más de tres kilómetros.

Unos extremos que niegan los alcaldes denunciados. El primer edil de Sant Josep, Josep Marí Ribas, ha afirmado ante la jueza que su Consistorio ha abierto más de 200 expedientes por temas de ruido y que la Policía Local siempre ha actuado cuando ha sido requerida. "No se nos puede acusar de no haber hecho nada contra ciertos locales", señaló tras finalizar su comparecencia. El alcalde de Sant Antoni, José Tur, ha explicado ante la jueza que su Consistorio ha presentado dos denuncias por la vía penal contra recintos de ocio por un delito de contaminación acústica. Y es que ambos alcaldes se consideran víctimas de lo que entienden como una batalla entre discotecas, que se resolverá en los tribunales en los próximos meses.