Marina Castaño será juzgada por malversar en la Fundación Cela

Marina Castaño, la segunda mujer de Camilo José Cela, se sentará con casi toda probabilidad ante un jurado popular que determinará si es culpable de delitos relacionados con su gestión en la fundación que lleva el nombre del premio Nobel de Literatura. Aunque aún cabe recurso de apelación, el Juzgado de Instrucción número 2 de Padrón (A Coruña) ha desestimado todos los recursos interpuestos por la viuda de Cela y por el exgerente de la fundación, Tomás Cavanna, y ha confirmado el auto del pasado 15 de febrero en el que se les imputaba a ambos un supuesto delito de malversación de caudales públicos, y el paso de las diligencias previas al procedimiento de tribunal con jurado.

La juez instructora, Paula Ventosa, amplía también la investigación por malversación al expatrono Dositeo Rodríguez —exconsejero en el Gobierno gallego de Manuel Fraga y miembro del Consello de Contas de Galicia, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas de la comunidad autónoma— y a su hija Covadonga, que renunció hace unos días al cargo de directora en funciones de la entidad cultural ubicada en Iria Flavia (Padrón).

Ventosa sostiene en este auto que la Fundación Camilo José Cela percibió dinero público "que no fue destinado para el fin que le fue concedido", sino para otros distintos. La juez detalla por ejemplo el caso de la contratación de Rubén Darío Vargas Mercado como ordenanza a sueldo de la fundación "cuando en realidad se trata de un trabajador al servicio personal de Marina Castaño y que prestaba sus servicios en el domicilio de esta en Madrid".

Ventosa añade que el "despido nulo" por el que la entidad indemnizó a Cavanna con 150.000 euros, "empleando fondos públicos", no era tal, ya que el exgerente había decidido voluntariamente abandonar la fundación. La instructora no tiene dudas de que Castaño, como  presidenta de la entidad, era consciente de ello. En su opinión, ella y Cavanna pactaron simular el despido de este en el momento en que la fundación, ya en quiebra, fue rescatada por la Xunta de Galicia y se convirtió en pública.

La juez cree además que Castaño y Cavanna derivaron a una sociedad privada durante años las devoluciones del IVA que recibía la fundación, exenta de tributación por carecer de ánimo de lucro.