La directora del Libro defiende una norma europea de derechos de autor

La directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro, Teresa Lizaranzu, ha señalado este miércoles que es preciso una normativa europea que cuente con el consenso mayoritario de los países miembros como única garantía del respeto a los derechos de autor y de una retribución justa.

Lizaranzu, que participó en el curso Los derechos intelectuales de la creación, el conocimiento y la comunicación. Redes sociales globales que se celebra en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, indicó que en un mundo como “Internet en el que no hay fronteras” las legislaciones nacionales se quedan cortas y no son eficaces.

Por este motivo, defendió al reforma que ha emprendido la Comisión Europea para la creación de un mercado único digital que, a su juicio, se basa en tres pilares: mejorar el acceso de los consumidores a los contenidos digitales que les ofrece la industria cultural; mejorar las condiciones tecnológicas de los servicios digitales y maximizar la economía digital en beneficio de los creadores y de la industria.

Lizaranzu admitió que la nueva legislación debe ser muy cuidadosa con aspectos como el geobloqueo cuya eliminación propone la Comisión Europea, con el fin de no perjudicar los intereses de las partes, aunque se declaró partidaria de la medida en los casos en que el bloqueo geográfico sea injustificado, por ejemplo, cuando una web redirige a residentes de un país a una determinada tienda local y no permite comprar en otra comunitaria más barata.

La directora general del Libro señaló que la reforma emprendida por las autoridades europeas beneficiará a los consumidores y a la industria al eliminar barreras digitales, e indicó que la reforma basada en 16 propuestas para la creación de ese mercado único digital es ambiciosa pero creíble y con un calendario ajustado (se desarrollarán durante 2015 y 2016).

Sobre la legislación nacional, Lizaranzu defendió la eficacia de las últimas reformas legislativas emprendidas por el Gobierno del PP en la lucha contra la piratería, tanto con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como del Código Penal (artículo 270) o de la propia Ley de Propiedad Intelectual.

Pero la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual no ha contentado a todos ni ha sido aplaudida de forma unánime. El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga José Miguel Rodríguez Tapia ha expuesto que no se puede confiar a un reglamento que elabora un ministerio lo que es materia de ley y ha criticado que a la hora de legislar existe demasiada influencia de Estados Unidos. Rodríguez Tapia ha considerado que “estar en un mundo global no quiere decir que el derecho se haya unificado” y ha cuestionado la directiva europea de la sociedad de la información de 2001 porque no establece criterios comunes en la UE. Es una directiva “desarmonizadora" por cuanto estableció que se podían adoptar límites, o no, en cuanto a la reproducción.

La disparidad de criterios en la UE lleva a diferencias notables en las tarifas de las entidades de gestión. Así por ejemplo, en la organización de conciertos, la cuota de la mayoría de los países oscila entre un 3% y un 5% de la recaudación mientras que en España se dispara hasta el 10%.

Carolina Pina, especializada en propiedad industrial e intelectual, ha percibido que “lo que la UE necesita es seguridad jurídica” en la industria de los negocios digitales. Un objetivo difícil de alcanzar si se tiene en cuenta que cada Estado miembro tiene su propio régimen jurídico. En España y Portugal, además, existen derechos, como la puesta a disposición de artistas y ejecutantes, que no figuran en el resto de la UE. Pina ha reclamado una “mayor eficacia” a las entidades de gestión de derechos, sistemas de tarifas transparentes y las mismas limitaciones en toda la UE.

La industria, por su parte, percibe que el ámbito jurídico avanza a un ritmo distinto al de la práctica. La piratería es el ejemplo más palmario, como ha puesto de manifiesto la representante de Sony Isabel Urzáiz, según la cual “entre 2001 y 2010 se esfumó el 75% de la facturación de industria discográfica”. Este devastador fenómeno obligó a modificar el modelo de negocio. Ahora, discográficas y artistas van de la mano en casi todos los ámbitos profesionales, desde los conciertos hasta los acuerdos con marcas comerciales.

La tecnología digital e Internet está revolucionando la industria discográfica -convertida en una industria del entretenimiento- y la aparición de nuevos modelos de negocio requiere, según Urzáiz, revisar las categorías de derechos porque el consumo de música ha cambiado. Por un lado, decrece la venta y sube el streaming y, por otro, la venta física está por delante de la digital como consecuencia de la piratería. Urzáiz ha lamentado que “pagar por la música” ha dejado de formar parte de nuestra cultura. Pero aún ve más preocupante que una gran parte de la sociedad percibe la piratería como “un derecho”.