Las nuevas patatas calientes de José Ignacio Wert

A finales de 2011, José Ignacio Wert asumía la cartera de Cultura con un discurso en el que reconocía que quedaban “algunas patatas calientes”. “Intentaremos enfriarlas debidamente”, le aseguraba a su antecesora, Ángeles González Sinde, en referencia a la polémica ley antipiratería que esta le dejaba como legado. A las dos semanas, en efecto, el texto fue aprobado por el consejo de Ministros. Sin embargo, mientras tanto a Wert se le han calentado otras dos patatas. Y este año han acabado ardiendo. Una, la prometida Ley de Mecenazgo, proyecto estrella de su ministerio, se ha quedado tan solo en unas exenciones incluidas en la reforma fiscal del Gobierno. La otra, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), ha sido criticada durante todo su recorrido y sigue arrastrando polémicas, a falta de dos semanas para su entrada en vigor.

Su llegada ya próxima conlleva la introducción de la llamada tasa Google, una compensación equitativa que los agregadores de noticias como Google News tendrán que pagar a los medios por compartir “fragmentos no significativos” de sus noticias. El derecho al cobro es “irrenunciable”, tanto que con tal de no sufrirlo Google ha cortado por la raíz: los medios españoles han quedado excluidos del servicio.

A partir de ahí, una reacción en cadena: la Asociación de los Editores de Diarios Españoles (AEDE), principal impulsora de la medida pero preocupada ahora con la pérdida de visitas, pidió “la intervención de las autoridades españolas y comunitarias para proteger de manera eficaz los derechos de los ciudadanos y de las empresas”. Y el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, calificó de “legítima” la fuga de Google, aunque añadió que "ninguna decisión debe ser tomada con carácter irreversible".

¿Un trampolín hacia una modificación de la normativa? Quizás. Sea como fuere, la Ley de Propiedad Intelectual tendrá que ser cambiada en cuanto la UE tenga listas las nuevas directivas en materia. El propio Wert reconoció que la que entra en vigor en enero, y que ha sido aprobada por el PP en solitario, es una reforma “parcial”; aun así, la ley introduce cambios relevantes, como los ataques que ha sufrido. De la oposición a las entidades de gestión, del Consejo de Estado al Supremo, son decenas los peros más o menos críticos.

Por un lado, la nueva LPI endurece la lucha contra las webs de enlaces, con sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros. No en vano, una de las páginas más conocidas, Series.ly, anunció hace unas semanas que retiraría de forma preventiva todos los enlaces que infrinjan la ley. Y algunos letrados especializados en propiedad intelectual prevén un futuro todavía más complicado para estas webs a partir de enero.

La normativa también aumenta el control y las obligaciones de transparencia para las entidades de gestión, a raíz del escándalo por una supuesta trama de corrupción que arrasó a la SGAE en 2011. Y la LPI recoge definitivamente la compensación equitativa por copia privada, un sistema que sustituye al enterrado canon digital, que reduce la recaudación de las entidades de 115 a cinco millones, procedentes de los Presupuestos del Estado. De ahí que el Supremo le preguntara al Tribunal de Justicia de la UE si este último aspecto es coherente con la normativa europea.

Sobre la ex Ley de Mecenazgo, en cambio, no hay dudas jurídicas. Pero sí una marea de irritación y quejas por parte de los creadores. Planteada como la normativa que iba a rescatar al sector del precipicio económico, esperada por la industria como la panacea, la ley fue retrasada mes tras mes, hasta convertirse en Godot. El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, llegó a hablar de “luz ámbar”, dando a entender una aprobación a la vuelta de la esquina. Y sin embargo, de repente, un día se descubrió que la ley nunca existió, al menos como tal.

Un día en que Miguel Ángel Recio, entonces director del INAEM, iba en teoría a examinar la temporada teatral pero se dejó escapar: "Ley de Mecenazgo... parece que no va a haber". Esa misma mañana el ministerio defendió que no habría normativa ad hoc pero sí varias medidas incluidas en la reforma fiscal: desgravaciones de hasta el 75% para el micromecenazgo (hasta 150 euros), del 30% sobre el IRPF y que pueden llegar al 40% sobre el impuesto de sociedades, premiando la fidelización que dure al menos tres años. Una semana después, expresando la opinión de buena parte del sector, el presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés, calificó la no promulgación de la ley de “auténtica tomadura de pelo”.