El juez Ruz imputa al compositor canario Caco Senante en el caso SGAE

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como imputado en el caso SGAE al compositor canario Juan Carlos Senante, conocido como Caco Senante. El autor tendrá que prestar declaración el 23 de septiembre por haber cobrado de manera supuestamente irregular 30.000 euros de la sociedad de autores entre 2010 y 2011. Ese mismo día también tomará declaración como testigos al ex secretario general de la SGAE Francisco Galindo Villoria, al exdirector de Socios Juan Nebreda Nicolás y al exdirector de Gestión José Manuel Macarro Arrojo.

En un auto, el juez argumenta que Senante, miembro del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores Españoles desde julio de 2007, "pudiere haber procedido a cobrar de modo presuntamente irregular unos emolumentos en el periodo de octubre de 2010 a junio de 2011, mediante la emisión de facturas a la SGAE a través de una sociedad, por un importe no inferior a 30.000 euros, por prestación de servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias". Así, Senante pasa a engrosar el número de implicados por el caso, que ha tocado a una decena de miembros de la entidad por supuesto fraude administrativo y apropiación indebida.

Según el juez, Senante recibió el dinero emitiendo facturas a la SGAE a través de la empresa Algo Distinto S.L. por prestar servicios a la Comunidad Autónoma de Canarias, aunque según los informes "no hay constancia de que se formalizase en documento alguno" su contratación, ni tampoco las labores que tenía que realizar y las cantidades que iba a percibir.

Natalia Gómez de Enterría, directora de recursos humanos de la SGAE entre 2007 y 2011, ya involucró al canario en el sumario de la trama hace tres años. Gómez aseguraba que Senante había percibido un sueldo de la entidad, según ella a través de una sociedad, pese a que los consejeros no podían cobrar remuneración. 

El compositor, hombre fuerte de Teddy Bautista —presidente de la organización hasta 2011, cuando fue detenido e imputado en el caso—, formó parte de la junta directiva tras la marcha de Bautista y hasta abril de 2012, cuando fue elegido un nuevo órgano rector.

En el escrito, el juez da además de plazo hasta el próximo 30 de septiembre a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Universidad Autónoma de Madrid para que presenten los informes que tienen pendientes, uno de ellos sobre las contrataciones entre la SGAE y varias empresas. Entre ellas figura Portal Latino S.L., que supuestamente usó Ramoncín para poner en marcha un programa de televisión cuya realización no ha podido justificar la Guardia Civil con contrato alguno y que sospecha que nunca se hizo.