“Por favor, no encerréis también nuestras guitarras”

Primero fueron los libros y ahora les llega el turno a las guitarras. La guerra que libra el mundo de la cultura contra el nuevo reglamento que limita el consumo de literatura en las prisiones británicas se ha extendido al ámbito de la música ante el veto en esos centros de los instrumentos con cuerdas de acero. “Por favor, no encerréis también nuestras guitarras”, se titula la misiva que ha publicado un colectivo de artistas en el diario The Guardian, entre el que destaca el cantautor Billy Bragg, argumentando que la medida adoptada por el gobierno conservador minará “el importante papel que juega la música en el proceso de rehabilitación de los presos”.

El asunto ha sido planteado este martes en el Parlamento por el diputado laborista Kevin Brennan quien —al igual que Bragg, Johnny Marr o la rapera Speech Debelle entre otros músicos— no ve justificados los motivos para prohibir el libre uso en las cárceles de las guitarras con cuerdas de acero, favorecidas mayoritariamente por los presos. Las cuerdas de nailon están exentas del veto porque el ministro de Justicia Chris Grayling no teme que, a diferencia de las anteriores, puedan usarse como arma. Sus detractores aducen que en los últimos años no se ha registrado ninguna agresión carcelaria en la que mediara como instrumento el presuntamente peligroso cordaje.

“¿Dónde está la lógica de todo esto?”, se pregunta Billy Bragg sobre una normativa introducida el pasado noviembre y que choca frontalmente con el proyecto que patrocina desde hace tiempo para proveer a los presos de instrumentos musicales (Jail Guitar Doors). Guitarras como arma, sí, pero arma de rehabilitación, en la estela de iniciativas protagonizadas por otros artistas como el legendario Johnny Cash.

Esa llamada de atención entronca con las movilizaciones de las últimas semanas contra la decisión del gobierno de prohibir el envío de libros, y en general de lo que califica de “paquetes desconocidos”, a los presos de Inglaterra y Gales (Escocia tiene su propia legislación). La lectura, ha venido a decir Grayling, no debe ser un privilegio y hay que ganarse el derecho de acceder a ella. Eso significa, en la práctica, que los internos tienen que trabajar y exhibir un buen comportamiento para ganarse algún dinero que les permita adquirir libros, siempre en el marco de los recintos carcelarios cuyas bibliotecas no suelen alojar precisamente la crema de la literatura.

La alegación del ministro de que esa medida supondrá un incentivo para que los presos mejoren su conducta —unida a la cuestión práctica de que “es logísticamente imposible” revisar decenas de miles de paquetes que podrían, por ejemplo, contener drogas— ha tenido una acogida negativa por parte de la opinión pública. Al frente de sus denunciantes, que ya han recogido 15.000 firmas para emprender acciones legales contra la nueva regulación, figuran destacados autores como Mark Haddon, Salman Rushdie, Irvin Welsh, Ian McEwan, Alan Bennett, Sarah Waters o Jeffrey Archer (él mismo un ex preso). Ocho decenas de las mejores firmas británicas han suscrito una carta conjunta apelando al gobierno a que rectifique, y algunos como la poeta escocesa Carol Ann Duffy han participado en manifestaciones frente a las cárceles junto a otras figuras públicas como la actriz Vanessa Redgrave. Nadezhda Tolokonnikova, una de las miembro del célebre grupo ruso Pussy Riot —que pagaron con la cárcel el desafío al régimen de Vladimir Putin— es una de las artistas internacionales que se ha sumado a la campaña: “Gracias a los libros sabes que cada día que pasas entre rejas no es un día perdido en vano”, ha escrito describiendo la privación de la lectura como una forma de “tortura”.