Arquitectos contra Guindos

“La arquitectura es una forma pacífica de cambiar las cosas”. La de Antonio Jiménez Torrecillas es una de los miles de definiciones que arquitectos como él, sociólogos, historiadores o antropólogos han reunido en el libro Qué es arquitectura para regalárselo al ministro de Economía, Luis de Guindos. Ese obsequio-protesta nace ante la amenaza de la Ley de Servicios Profesionales (LSP) que, de aprobarse, cedería capacidad para construir a cualquiera “con competencias en edificación”, apunta ambiguamente el borrador legal del ministerio.

Más que la liberalización de los servicios, lo que recibe la oposición de los 53.000 arquitectos españoles es la redacción de una polémica propuesta, aún sin ultimar, sobre la que el Ministerio de Economía no ha querido manifestarse pese a los intentos de este diario. “El documento borrador confunde la Arquitectura y la Ingeniería en territorios impropios”, señala Jordi Ludevid, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Y explica que un edificio no es solo una estructura. “La LSP supondría una regresión en el camino de la especialización profesional que el arquitecto español representa”, señala.

“En los documentos de trabajo sobre la ley que ha hecho públicos el Ministerio de Economía y Competencia en ningún momento se menciona la palabra arquitectura, y en alguno se mezclan arquitectura y construcción”, señalan Juan Antonio Sánchez y Vicent Morales, que lideran la protesta desde la asociación No a la LSP. Estos arquitectos consideran que se confunden conceptos clave “y reducen a un mero trasvase de competencias profesionales la compleja industria creativa, constructiva, urbana, cultural y social que es la arquitectura”.

“Un profesional competente para realizar una edificación se entiende que también será capaz de realizar otras, con independencia de su uso”, reza el borrador. Así, quien hoy hace puentes podría hacer también viviendas. “Hacer arquitectura va más allá de poner una viga sobre un pilar”, defiende Maite Borjabad, presidenta durante el curso académico 2011-2012 del Consejo de Representantes de Estudiantes de Arquitectura.

Ingenieros y arquitectos llevan siglos trabajando juntos, sumando técnica a cultura humanística, sin embargo, esa dimensión humanística se pierde cuando se confunde la arquitectura y la construcción. Desaparece la aportación cultural y la “protección del patrimonio histórico o la gestión del paisaje”, añade Ludevic.

“Ningún país ha hecho una ley como esta”, se queja Jordi Ludevid

En medio de este debate, el grueso del colectivo de arquitectos ha hecho autocrítica. José María Echarte reconoce que “las salidas profesionales más técnicas han sido durante años consideradas menores”. Eso llevó a un “ensimismamiento peligroso en el que las cátedras de proyectos eran las dominantes frente a las de estructuras”. Esa cesión de terreno a los ingenieros ha ido en aumento. Así, está claro qué perderían los arquitectos si la ley se aprobase: el reducto de competencias que les queda. También qué ganarían los ingenieros (una formación dos por uno que les permitiría proyectar carreteras y, a la vez, viviendas o museos).

¿Serían, sin embargo, capaces de hacerlo? El borrador de ley supone que sí. Pero uno de los ingenieros de caminos, canales y puertos más reputados de España, Julio Martínez Calzón, considera que “la arquitectura está más capacitada para construir lugares de concentración social, mientras que la ingeniería se ocupa con soltura de la defensa de la acción telúrica: la protección frente al agua o los vientos”. Ingeniero de proyectos como el Palau Sant Jordi de Barcelona, señala que la arquitectura tiene un componente humanístico-social y la ingeniería un carácter científico-técnico. Por eso argumenta que resultan complementarias.

Juan A. Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, habla en cambio de “incrementar la productividad de la economía, introduciendo más competencia y transparencia”. Y asegura que con la LSP, “la sociedad puede ganar con una economía más competitiva, siempre que se garantice la seguridad y el valor del conocimiento”.

Esa última palabra, el conocimiento, centra el debate entre ingenieros y arquitectos mientras que el ministerio parece centrado “en una visión exclusivamente neoliberal”, denuncia Borjabad. “En teoría, la ley no produce víctimas. Cuando se liberaliza un sector, solo perecen los ineficientes que no son capaces de adaptarse a la competencia”, esgrime Santamera. Borjabad defiende en cambio que el económico no puede ser el principal criterio: “Los ciudadanos perdemos cuando el criterio deja de ser la calidad y la responsabilidad que es la arquitectura recae en manos del mejor postor”. De aprobarse, “la nueva ley contemplaría necesidades mercantilistas por delante de sociales y culturales”, sostiene Echarte. El temario común entre la formación de arquitecto y la de ingeniero alcanza al 30%. ¿Qué sucede con los estudiantes de arquitectura? ¿Verán mermado el ejercicio de su profesión? “En España ya hemos cometido un enorme error con la mala gestión de la arquitectura y el urbanismo en donde el ‘todo vale’ era la regla de juego. Seguir adelante con esta propuesta de ley sería no haber aprendido nada de un error que le está pasando factura a los ciudadanos”, opina Borjabad. Ludevid está de acuerdo: “Ningún país ha hecho una ley así. Ningún país desestabiliza aquello que funciona bien. La Arquitectura, en el mundo, habla español. ¿Acaso vamos tan sobrados como para no proteger lo que tenemos?”.