La semana de furia de Reixa

El presidente de la SGAE destapa otra caja de los truenos al denunciar a los programas nocturnos

Interior del palacio de Longoria, sede de la SGAE en Madrid.
Interior del palacio de Longoria, sede de la SGAE en Madrid.

Antón Reixa se levantó hace unos días y le dio una patada a un avispero que tenía debajo de la cama. Esa mañana escribió y mandó una carta a los 105.000 socios de la entidad que preside denunciando a un grupo de 11 afiliados que, según él, constituyen una red de amos y señores de la música que se emite en los programas de madrugada de la televisión. Unos espacios —en la mayoría aparece una grotesca adivina o un acelerado presentador de concurso— que utilizan a intérpretes inaudibles en un segundo plano para generar unos derechos de autor que estos “intermediarios” se reparten con las televisiones. Un negocio maravilloso si atendemos a la recaudación de esos socios, que en algunos casos superan el millón de euros anuales (el número uno recibió 1,4 millones) y triplican los ingresos de las estrellas del pop español por derechos de autor.

Antes de escribir la carta, Antón Reixa se disponía hace una semana a cumplir su primer año de plácido mandato al frente de la SGAE con el objetivo de que la entidad al fin dejase de ser noticia. Lo había conseguido. El escándalo del caso Saga, en el que la anterior cúpula directiva, incluido su presidente Eduardo Teddy Bautista, terminaron imputados, empezaba a desvincularse de la nueva época —en julio se cumplirán dos años y el caso sigue en un agotadora fase de instrucción—.

En este tiempo la entidad se ha desprendido de parte de la polémica y costosa red de teatros Arteria (250 millones de euros). Ha vendido los de Argentina y México por 25 millones y ha alquilado sus deficitarios estudios de grabación a una productora de televisión iraní. “Hay que lograr que los muchos indicios que hay de sobreprecios, de tramas de proveedores, se constituyan en pruebas. Hemos gastado más de 250 millones de euros en teatros sobrevalorados”, señala sobre la investigación del juez Ruz.

Para la nueva SGAE se ha nombrado a un equipo de dirección a través de un proceso de selección externo. Reixa se ha puesto un sueldo de 70.000 euros (Bautista cobraba casi 300.000 euros). Quiere transparencia, dice. “Enciende la grabadora, aquí ya no hay off the record”, le suelta al periodista. Hoy tiene una directiva de signo variado donde todo se discute. Hasta el enfrentamiento. “La unanimidad del pasado era muy sospechosa”, dice. Pero escribió la carta y comenzó su semana de furia.

Los ingresos han caído un 16,1% en 2012 respecto a los del año anterior

Muchos de los afectados en el supuesto fraude de los programas nocturnos se han dado por aludidos. Especialmente Juan Márquez (fundador del grupo Coz), que se autoinculpó en una carta abierta donde defendía la legitimidad del “negocio”. Y un centenar de socios le respaldan en la web www.vivodelamusica.com. Ven una cortina de humo de Reixa para tapar la caída de ingresos (260 millones, un 16,1% menos que en 2011) y el trato preferente, dicen, que reciben las discográficas internacionales (beneficiadas en el reparto de 2012). Rafael Tena, exproductor del concurso La voz y gestor del catálogo musical de muchas televisiones, señalado en el conflicto, ha denunciado a Reixa a la Agencia de Protección de Datos por revelar su recaudación. Su presidente los compara con los Tupamaros, un grupo de socios que en los setenta estafó al resto recaudando por canciones que nunca sonaron.

La tensión se trasladó al consejo de dirección del jueves. Al presidente le dijeron de todo. Especialmente José Miguel Fernández Sastrón, su antiguo rival en las elecciones. No gustó que airease trapos sucios en público. “Me pareció una acción unilateral y fuera de lugar. En una semana donde la prioridad debería ser la Ley de Propiedad Intelectual, nos hemos visto abocados en un tema reglamentario que podría abordarse dentro de la directiva y que ha sembrado división entre los autores. Me ha parecido irresponsable. Este año hay que juzgarlo por la última semana. Tenemos una Ley de Propiedad Intelectual que ha causado alarma por varios motivos. Hay una administración empeñada en privatizar lo que es público y en nacionalizar lo que es privado. Esta ley solo tiene en cuenta los intereses de la industria”, critica Sastrón.

"La unanimidad del pasado era muy sospechosa", señala el presidente

Aun así, por mayoría absoluta, se aprobó modificar el reglamento para el reparto de derechos y abrir diligencias informativas a los 11 implicados. Paso previo a posibles sanciones que pueden derivar en su expulsión. “Es un problema muy localizado”, dice Reixa. Pero habrá pelea. Desde la trinchera de los implicados se insiste en señalar a Pablo Hernández, director del gabinete jurídico de la SGAE en la época de Bautista y de Reixa, como auténtico urdidor de “la persecución”. Su nuevo jefe le defiende. “Es una sociedad muy grande y muy diversa. Las amenazas y la presión de esos privilegiados que recaudan cientos de miles de euros al año y se aprovechan de esta situación no nos afectan”.

La guerra oculta la compleja relación de amor odio que la SGAE mantiene con las televisiones, de quienes recibe el 50% de sus ingresos. Ante lo que consideraban un abuso, las cadenas crearon sus propias editoriales musicales para registrar miles de canciones que se emiten en franjas horarias imposibles y así reducir el coste de lo que pagan a la SGAE. Las televisiones, que consienten y se benefician de esta práctica legal —y exculpadas por Reixa de esta maniobra que considera fraudulenta— no quisieron dar su opinión a EL PAÍS.

En un consejo de dirección tenso, se acordó actuar contra los 11 implicados

El ambiente se ha crispado sobremanera. Algunos socios quieren marcharse con la música a otra parte. Hablan de crear una agencia paralela para escindirse de la SGAE y gestionar los derechos de televisión. Aunque la ley no lo permite todavía, se espera que una próxima directiva europea lo resuelva.

Lo que sí aprobó el viernes el Consejo de Ministros es el anteproyecto de la Ley de Propiedad Intelectual, que confirma que la compensación por copia privada pasa de 120 millones a 5 (la SGAE llegó a percibir 30) y extrema el control sobre las entidades de gestión. Reixa llevaba un buen cabreo. “Es muy grave. Se devalúa el trabajo del autor. El Gobierno está en contra de este sistema autorganizado. Van a volver a crispar el ambiente porque se obliga a revisar las tarifas”. La relación “pacificada” con el ministerio se torció en una tarde. “Es escandaloso que la compensación por copia privada siga siendo ridícula. O que vaya a cargo del presupuesto del Estado y que la industria tecnológica no retoque sus precios. Es una agresión a los usuarios”.

Esa preocupación por los “usuarios” es otra novedad. La SGAE busca simpatizar con sus clientes: las famosas peluquerías, bodas y bautizos. Se pretende flexibilizar tarifas y ofrecer plataformas de contenidos musicales como Spotify. Se rehúye el enfrentamiento y se ha dotado a los comerciales (los famosos cobradores) de un sueldo que no se componga solo de variables por objetivos que alienten su voracidad. Pero eso, critican algunas voces de la junta, también ha relajado el cobro y la recaudación. Y al final, desde los tiempos de Sinesio Delgado en el siglo XIX o los más recientes de los Tupamaros, la estabilidad de un presidente de la SGAE se sustancia en la cuenta de sus asociados.

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Sobre la firma

Daniel Verdú

Nació en Barcelona en 1980. Aprendió el oficio en la sección de Local de Madrid de El País. Pasó por las áreas de Cultura y Reportajes, desde donde fue también enviado a diversos atentados islamistas en Francia o a Fukushima. Hoy es corresponsal en Roma y el Vaticano. Cada lunes firma una columna sobre los ritos del 'calcio'.

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