Bruselas castiga a Luxemburgo y Francia por el IVA del libro digital

El precio de los libros electrónicos se ha convertido en la penúltima batalla que incendia los pasillos de las instituciones europeas. Las autoridades comunitarias denunciaron ayer a Francia y Luxemburgo por permitir que sus ciudadanos paguen por estos productos un IVA reducido, el mismo que se aplica a sus hermanos mayores de papel y tinta. Presionados por los editores y los Gobiernos del resto de la UE, Bruselas exige a París y Luxemburgo que acaben con unas prácticas que consideran desleales.

Lo paradójico de la guerra del ebook es que la propia Comisión prevé presentar este año una propuesta para convertir en norma lo que ahora denuncia: igualar los impuestos que conlleva la compra de un libro tradicional con los de uno digital. Pero Bruselas quiere que ese cambio lo den todos los países a la vez, sin atajos. “Mientras se aclara el marco legal, los Estados miembros tienen que jugar limpio”, lanzó ayer el comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semetas.

El conflicto viene de 2012, cuando Francia decidió gravar los libros electrónicos con un IVA del 7% en lugar del tipo general que le corresponde, el 19,6%. Luxemburgo hizo lo mismo, pero con porcentajes aún menores: un 3% en vez del 15%. La Comisión atiende ahora las quejas del sector, que protesta porque algunos grandes de la industria han reorganizado sus canales de distribución para beneficiarse de la menor presión fiscal. La legislación europea enumera los productos que se pueden beneficiar de una fiscalidad más reducida; y los servicios digitales no están en este listado.

“Los dos países denunciados han tenido la oportunidad de exponer sus argumentos, y se han negado a rectificar”, aseguran fuentes comunitarias. Si el Tribunal de Justicia de la UE dictamina que Francia y Luxemburgo han violado la ley y ambos insisten en su actitud se enfrentan a la amenaza de una sanción económica. Con la normativa europea en la mano, un consumidor francés que hoy paga 15 euros por un libro electrónico tendría que desembolsar casi 17.

La propuesta sobre el IVA que la Comisión presentará este año no es el único cambio que afectará próximamente a los libros electrónicos. Cuando un europeo adquiere un producto digital, el impuesto sobre el consumo lo recauda el país del vendedor. Así se explica, por ejemplo, que Amazon eligiera como sede Luxemburgo, un oasis de fiscalidad amable en medio de la UE. Pero a partir de 2015 dará igual dónde se compre Libertad en formato digital. Porque si un español compra la última obra de Jonathan Franzen, el gravamen irá a las arcas españolas y con el tipo que establecen las normas españolas.

París recibió con calma la esperada decisión de Bruselas. Desde hace meses, sus expertos en economía digital han explicado a la Comisión Europea que el libro electrónico es un bien cultural como otro cualquiera y que debe ser protegido fiscalmente en nombre de “la neutralidad del soporte tecnológico”. Para el país de Voltaire y Hugo, resulta absurdo que el libro digital no se beneficie del mismo IVA reducido que se aplica al libro tradicional desde hace años, y por eso decidió el 1 de enero de 2012 imponer una tasa del 7% a los libros digitales; con la llegada al poder del socialista François Hollande, el impuesto se redujo hasta el 5,5% que grava a todos los bienes culturales.

Si Londres se queja de que Amazon aprovecha el paraíso fiscal de Luxemburgo para facturar allí sus beneficios, París también se queja de que Google y otras multinacionales facturan sus beneficios en paraísos fiscales. Pero en Francia, el libro es el libro. La cultura del IVA reducido es una vieja tradición de los editores franceses, pero ayer fue la ministra de Cultura luxemburguesa, Octavie Modert, la que defendió la postura común. “El libro es un bien educativo y juega un gran papel en la formación de la gente. Un libro es un libro sea electrónico o no, y de ahí la importancia de aplicar una supertasa reducida a las dos versiones”. Modert matizó que el problema no consiste en aumentar el IVA sino en aplicar una tasa especial a los libros electrónicos para equipararlos a los otros servicios digitales.