Las entidades de gestión de derechos audiovisuales arremeten contra Lassalle

En un duro comunicado, Ibercopia Audiovisual, IBAU, la asociación que agrupa a las entidades de gestión de los derechos de autor en lo Audiovisual (AISGE, DAMA y EGEDA) ha arremetido contra el Secretario de Estado de Cultura, Jose María Lasalle, porque "en su comparecencia del pasado lunes, quiere hacernos creer que los españoles ya no copian obras de creación, y por lo tanto no hay que compensar a los titulares de derechos, cuando la realidad es que la venta de equipos que permiten grabar sigue aumentando en porcentaje por encima del 200% en algunos casos".

IBAU asegura estar a favor de los consumidores, al contrario que el Gobierno: "La Secretaría de Estado tiene planes de restringir la posibilidad de los ciudadanos de realizar copias privadas, que se convertirían en ilegales, y por lo tanto perseguibles, retrocediéndose así años en la defensa de los derechos de los consumidores. El verdadero problema de fondo es que la Secretaría de Estado de Cultura sustituyó una compensación privada por una pública con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (medida incomprensible con la situación de déficit de España), y ahora se percata de que no es posible establecer una partida que compense el daño real, ni en 2012 ni en los Presupuestos que se han empezado a tramitar en el Congreso para el próximo año". Con ello se hace referencia al famoso canon digital, que ellos prefieren denominar compensación por copia privada, y que cambió el año pasado: "Debemos recordar que se modificó, a golpe de Real Decreto-ley y sin trámite de audiencia a los titulares de derechos, el modelo de compensación por copia privada, liberando del pago de la compensación a los fabricantes de equipos, aparatos y materiales, sustituyéndolo por una partida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que deberán pagar todos los ciudadanos, hagan o no copias de obras de creación". Para IBAU, "este sistema perjudica a los ciudadanos españoles y solo beneficia a las multinacionales de la industria tecnológica, cuyo hipersector TIC facturó en 2011 85.000 millones de euros. Es una medida contraria al interés general porque pierden los ciudadanos, España como país no gana nada y el canon computa como déficit público".

Por todo ello, "IBAU invita al Secretario de Estado de Cultura a que revise los estudios de mercado de la industria tecnológica y, sobre todo, a que visite las tiendas de venta de equipos, aparatos y soportes en las que se venden discos duros multimedia, tabletas, MP4 y MP3, smartphones y un largo etcétera de dispositivos que sirven para grabar y reproducir copias privadas de música y video. Estos equipos con capacidad de grabación de música y video y que todos los consumidores utilizamos, entre otras cosas para este fin, permiten la grabación de obras digitales protegidas por derechos de propiedad intelectual, y están sujetos a compensación en los países avanzados de nuestro entorno, donde sí se respetan los derechos de propiedad. La posición del Secretario de Estado de Cultura evidencia improvisación y falta total de rigor en su actuación al haber expropiado al sector cultural de una compensación que antes pagaban las empresas tecnológicas y que ahora deben pagar todos los españoles, a diferencia de los europeos. La medida desprotege a los creadores y a la industria cultural de nuestro país, con la situación económica tan complicada que estamos viviendo".

Ya en septiembre, dentro del festival de cine de San Sebastián, otras asociaciones como Eurocinema (Asociación europea de cineastas) y Eurocopya (Asociación europea de gestión colectiva de los productores audiovisuales y de cine, en la que entra la española EGEDA), reclamaron en un acto la atención del público en general sobre lo que ha supuesto la derogación del antiguo canon. En esa ocasión aseguraron que desde su sustitución por el Gobierno de una nueva compensación, que sale directamente de los Presupuestos Generales, las industrias culturales habían pasado de recibir 115 millones a 5 millones, lo que ellos calificaban como "subsidio".