Y a los usuarios... ¿quién les ampara?

Esto de las diferencias horarias hace que nos desayunemos con los restos de la legítima protesta en la red contra la SOPA y la PIPA y nos cenemos con la orden de cierre de Megaupload. Las redes sociales, que si de algo van sobradas es de guasa sandunguera, mientras observaban los ataques DOS de Anoymous como quien come pipas en el fútbol, se compadecían por el infinito número de familiares que van a tener que volver a hacer de la conversación una actividad cotidiana. Dentro del terreno de la especulación futurista sobre qué va a ser del universo conocido sin Megaupload, se encuentra la pregunta de sus usuarios de pago sobre qué va a pasar con sus contenidos legítimos almacenados en esa nube y de cómo los van a recuperar junto con el pago adelantado de unos servicios que no van a recibir. Y hablo de especulación porque en este caso se dan variables que, por el momento, no permiten una contestación sencilla. Por un lado, nos encontramos con un fenómeno parecido al de Forum Filatélico: un juez penal decide imputar a los gestores de una empresa por una serie de delitos que, de facto, cierran la empresa de manera inmediata, pero no se ocupa de los efectos colaterales, esto es, de quién la va a gestionar y de qué va a pasar con sus clientes, su dinero y sus propiedades. Por el otro, nos encontramos con que el juez del caso (el Gran Jurado) no está en la calle Génova de Madrid, sino en Alexandria, Virginia, sede de Carpathia, uno de los principales proveedores de almacenamiento de Megaupload, hecho este usando para reclamar la jurisdicción del caso.

Y de pronto todos tenemos que especializarnos en derecho estadounidense para saber cómo y a quién reclamar cuando la empresa con la que contratamos sigue existiendo en la teoría de los documentos legales pero ha quedado inoperativa por causas "ajenas a su voluntad": sus gestores detenidos o en busca y captura, sus sedes digitales (los dominios desde los que operaban) y sus bienes embargados, y los contenidos y el dinero de los clientes en el limbo legal, ese adonde van los muertos por hachazo judicial hasta que alguien decida que hacer con ellos. Hacer recomendaciones que vayan más allá de localizar las condiciones de contratación, los justificantes de pago y volver a iniciar la pesada pero imprescindible práctica de tenerlo todo redundado.

Lo que si es cierto es que el consumidor final de los productos de Internet, a diferencia de los de inversiones en sellos, va a tener que acostumbrarse a analizar los riesgos legales de quedar fuera de la protección de los tribunales españoles.

Mientras aprendemos a leernos y guardarnos las condiciones de uso, deberíamos empezar a considerar y hacer considerar a nuestros gobiernos y legisladores el problema que supone que la jurisdicción americana y sus leyes se hayan convertido en una jurisdicción universal en los temas de Internet. Muchos son los culpables, empezando por las instituciones europeas que no han conseguido arrancar la gestión de la DNS y de los registros de dominios de EE UU o de las empresas que continúan usando infraestructuras o diseños de hace 30 años, permitiendo que la gestión técnica de la red y sus servicios sea estadounidense. Si las cuestiones de Internet requieren de esta universalidad jurisdiccional, no es aceptable que pivoten alrededor de la legislación de un solo país.