Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los papeles de Balcells, a cal y canto

El Ministerio de Cultura decide cerrar el acceso al archivo de la gran agente literaria - Ella había mostrado su enfado tras la publicación de cartas y documentos en EL PAÍS

Un año de letargo, unos días de luz y vuelta a la oscuridad. El Ministerio de Cultura anunció ayer que ha cerrado el acceso a los documentos del archivo de Carmen Balcells tras la protesta de la agente literaria, que envió el pasado viernes un requerimiento al Ministerio para impedir que siguieran saliendo a la luz documentos de su agencia, que ahora custodia Cultura tras su compra.

El fondo, que se conserva en el gigantesco Archivo General de la Administración (AGA), de Alcalá de Henares, retorna al hermetismo en el que ha permanecido en el último año. Al menos por un tiempo, mientras no se ordene y clasifique con criterios archivísticos, lo que supondrá dar un tratamiento diferenciado a los documentos que contengan datos personales, cuya difusión pueda atentar contra el honor o la intimidad.

La documentación está en el Archivo General de la Administración para su estudio

Carmen Balcells vendió en diciembre de 2010 el archivo de su agencia al Ministerio de Cultura por tres millones de euros. En casi 2.000 cajas se conservan originales y pruebas corregidas de escritores, liquidaciones de derechos de autor y anticipos, cartas comerciales entre la agencia y las editoriales y también misivas más personales entre Balcells y sus autores. La documentación se depositó en el AGA, donde se inició el proceso de estudio y reclasificación con el análisis de la documentación de los "no representados", esto es, autores que habían enviado originales a la agente y que ella había desestimado. Tras un año de cierre al público desde su compra, EL PAÍS fue el primer medio que tuvo acceso al contenido de los papeles de la agencia literaria.

La vasta documentación, que arranca desde 1960 y llega a la actualidad, es un tesoro para los investigadores por la información económica -se pueden rastrear cifras que suele eludir el sector editorial, como los anticipos que reciben los autores o las ventas de obras- y también las confidencias de los novelistas sobre cuestiones de la más diversa índole: sus preocupaciones materiales, sus recelos con editores, sus frustraciones y entusiasmos, en suma, sus miserias y sus grandezas. En el epicentro de todo ello está Balcells tratando de conseguirles lo que desean, ya sea un jugoso contrato o un billete de avión.

Hay cartas de alto valor literario en sí mismo, como las escritas por José Donoso, y apuntes delicados sobre aspectos económicos y gestiones diversas, como la que hizo en 1991 la agente ante Jesús Gil para proponerle que pagase 250 millones de pesetas a Camilo José Cela por un libro titulado Viaje sentimental a Marbella. Una jugosa oferta que no prosperó finalmente.

La agencia de Carmen Balcells representa a los principales literatos españoles (Cela, Matute, Marsé, Vázquez Montalbán, Montero, Martín Garzo, Delibes...) y latinoamericanos (García Márquez, Vargas Llosa, Neruda, Allende, Asturias, Donoso, Onetti...). Tiene en cartera a seis Nobel y numerosos premios Cervantes, lo que da idea de la trascendencia de la documentación que se ha ido apilando en su oficina durante cinco décadas.

La protesta de Balcells coincide con la reciente aprobación, en el último Consejo de Ministros del Gobierno socialista, del real decreto que establece el Sistema Español de Archivos y regula su acceso. Uno de los objetivos de esta norma, que sustituye a una del año 1901, es "reforzar la transparencia y la información pública, garantizando el derecho de la ciudadanía de acceso a los archivos y mejorando el acceso electrónico".

El Real Decreto, que establece un procedimiento común de acceso de los ciudadanos a los archivos de la Administración General del Estado y sus organismos, regula también los documentos cuyo acceso está restringido y condicionado a la obtención de autorización previa, como los documentos clasificados, los que contengan información cuya difusión pudiera entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado y los que contengan datos personales.