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El Congreso pide medidas para que el canon digital no repercuta en el consumidor

La subcomisión sobre la ley de Propiedad Intelectual reclama más transparencia y eficacia a las entidades de gestión

El llamado canon digital, la tasa que grava cualquier soporte o aparato capaz de copiar o reproducir un fichero o documento, ha sido puesta en cuestión por la subcomisión parlamentaria para la reforma de la Ley de Propiedad Intelecutal (LPI), formada por diputados del PSOE, PP, CiU, PNV y ERC. En las conclusiones que dicha subcomisión eleva al Ejecutivo, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, se pide explicitamente que se busquen "fórmulas" para evitar la repercusión de dicho canon en en los consumidores . Además, en la línea del dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia del pasado mes de enero , los parlamentarios piden más "eficacia y transparencia" a las entidades de gestión y se hacen eco de la relevancia de nuevos tipos de licencias para extender el dominio público (como el llamado copyleft).

Respecto al canon, la subcomisión entiende que "sería conveniente (...) profundizar acerca de las fórmulas que podrían establecerse para estrechar la realción entre el beneficio que produce al sector electrónico y la compensación a satisfacer, evitando su repercusión en el consumidor final".

Aunque las conclusiones se limitan en gran medida a levantar acta de lo expresado por los comparecientes ante la subcomisión (entidades de gestión, editores, cineastas, operadoras e industria audiovisual, entre otros) este órgano del Congreso propone algunas medidas concretas, como el abaratamiento y mejora del acceso a Internet (para aproximarlo a los "estándares europeos") y una reforma de la LPI (o la promulgación de una nueva ley) que resuelva los problemas que experimentan las industrias de la música y del sector audiovisual.

El bloqueo de 'webs'

Asimismo, se recoge la polémica suscitada por la disposición adicional primera del proyecto de Ley de Economía Sostenible, que atribuye a un órgano administrativo, bajo tutela judicial, la potestad de bloquear páginas 'web' que faciliten sin autorización contenidos portegidos por derechos de autor.

Al hilo de dicha medida, que ha causado un gran revuelo entre influyentes internautas , así como tensiones entre el Ejecutivo y el PSOE, la subcomisión insta al Gobierno a "pacificar los conflictos, a fomentar el diálogo entre los diferentes sectores y a realizar los cambios necesarios parar establecer el consenso social en torno a los derechos de autor". Además los diputados reclaman estímulos para modelos de negocio que permitan una "amplia oferta lícita de contenidos, con precios accesibles, con una normativa clara".

Digitalización de libros

En lo que respecta a los proyectos de escaneado masivo y explotación de libros (de los que el más destacado y discutido es el que lleva adelante el buscador informático Google ), la subcomisión afirma que la situación de las obras llamadas huérfanas (de las que no se conoce el dueño de los derechos) constituye "un problema creciente".

Este tipo de obras son la inmensa mayoría de las que se digitalizan y por ello la subcomisión propone mecanismos como "licencias extendidas" que protejan tanto a los posibles titulares de los derechos como "a quienes difunden dichas obras".

Reacción de la SGAE y CEDRO

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), uno de las organizaciones aludidas implícitamente en el documento del Congreso, ha asegurado mediante un comunicado que ya satisface las exigencias de la subcomisión: "Los Autores y Editores hacen suyos los requerimientos de la subcomisión para una mejora de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión colectiva, al tiempo que recuerda que la SGAE ya cumple con los mecanismos de control y las medidas de transparencia que recomienda el Parlamento Europeo sobre la publicación de tarifas y repertorios, claves de reparto y balances de ejercicio y la información sobre los costes administrativos" .

La SGAE no se pronuncia sobre la petición del Congreso de que el canon digital no repercuta en el consumidor. Cree que las conclusiones son "equilibradas" y suponen un punto de partida para un debate "sereno y profundo" sobre la Cultura y los derechos de los creadores. En cuanto a la gestión colectiva de los derechos de autor, la SGAE considera que la subcomisión hace una "explícita defensa del sistema" actual.

En la misma línea se ha pronunciado el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), la segunda mayor sociedad de gestión en España, que considera las conclusiones "un importante paso adelante en el reconocimiento del valor de la propiedad intelectual para la sociedad". "Los escritores, traductores y editoriales representados por CEDRO destacan la importancia de que las conclusiones reconozcan que la piratería en Internet que tan gravemente afecta a la música y el cine pronto pueda afectar con la misma intensidad al sector editorial, un sector de especial importancia en España, en el que nuestro país ocupa el cuarto puesto en el mercado mundial", señala la nota difundida por esta sociedad de gestión.