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Una juez de Cádiz ordena apresar los barcos de Odyssey para revisar sus bodegas

La Guardia Civil se apostará en la bocana del puerto de Gibraltar para interceptarlos cuando entren en aguas españolas

Una juez de Cádiz ha dictado una orden de apresamiento contra los dos barcos que la agencia estadounidense Odyssey Marine Exploration tiene atracados en el puerto militar de Gibraltar para proceder a registrar sus bodegas. Los dos buques, bautizados como Odyssey Explorer y Ocean Alert, trabajan en el rescate de tesoros hundidos en el océano Atlántico, cerca de la Península Ibérica y el continente africano. De esa zona han extraído en las últimas semanas medio millón de monedas antiguas.

En cualquier caso, la orden no podrá ejecutarse a menos que los barcos entren en las aguas bajo jurisdicción española, puesto que el apresamiento no se puede llevar a cabo en aguas internacionales o británicas, según han informado fuentes de la investigación. En las próximas horas, las patrulleras de la Guardia Civil tienen previsto apostarse en la bocana del puerto de Gibraltar para interceptar a los barcos en cuanto salgan de allí.

El último tesoro localizado por Odyssey ha hecho sospechar al Gobierno español que el botín podría proceder de un pecio nacional. Lo cierto es que Odyssey localizó las monedas el pasado mes de abril en una zona lejos del Estrecho de Gibraltar, en algún punto del Atlántico lejos del arco que forman el cabo de San Vicente en Portugal y la ciudad de Jadida, al sudoeste de Marruecos.

El Odyssey Explorer abandonó ese mese las aguas del Estrecho y del Mar de Alborán tras dos meses de trabajo con rumbo al oeste. El 9 de abril, la empresa pidió permiso a un juzgado de Florida para identificar un pecio de la época colonial al oeste de Gibraltar. En esa zona abundan los naufragios españoles, pero también de otros países.

Si el tesoro se encontrará a menos de 24 millas, España podría acusar a la empresa de haberse llevado un patrimonio histórico de sus aguas. Si el rescate se hubiera realizado fuera de las aguas territoriales españolas, el Ministerio de Cultura tendría que probar que el pecio es español; en ese caso, podría reclamar su tesoro, aunque la empresa acudiría a la justicia para pedir parte de él.

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