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La Audiencia rechaza la petición de Castilla y León de que se inmovilice el archivo de Salamanca

El Gobierno de Castilla y León pretendía blindar los fondos para que no pueda llevarse a cabo la devolución de sus documentos a la Generalitat

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado hoy la petición de la junta de Castilla y León de que se inmovilicen de forma cautelar los fondos del Archivo de Salamanca para que no puedan ser trasladados a Cataluña. El Gobierno aprobó hace un mes una ley que permite la devolución a la Generalitat de los documentos incautados por el régimen franquista al Gobierno catalán tras la Guerra Civil.

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado hoy la petición de la junta de Castilla y León de que se inmovilicen de forma cautelar los fondos del Archivo de Salamanca para que no puedan ser trasladados a Cataluña. La Audiencia estima que no encuentra razones que justifiquen la inmovilización. El Gobierno aprobó hace un mes una ley que permite la devolución a la Generalitat de los documentos incautados por el régimen franquista al Gobierno catalán tras la Guerra Civil.

En un auto hecho público hoy, la Audiencia desestima la petición que la Junta castellano-leonesa incluyó en un recurso interpuesto el pasado 21 de marzo contra una decisión del Ministerio de Cultura: la negativa a declarar el Colegio de San Ambrosio, sede del Archivo, como Bien de Interés Cultural, lo que impediría la salida de documentos de su interior.

El Gobierno castellanoleonés presentó un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación de su solicitud y pidió la adopción de la medida cautelar dispuesta por la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 referida a la inmovilización de la totalidad de los fondos documentales del Archivo. La Audiencia ha rechazado adoptar esa inmovilización cautelar.

El pasado 15 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de restitución de los documentos incautados a la Generalitat de Cataluña que se encuentran en el Archivo de la Guerra Civil, a lo que se opone el Ejecutivo autonómico, del PP.

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