Los documentos de la guerra vuelven a Cataluña

El Estado devolverá a la Generalitat de Cataluña los documentos incautados tras la Guerra Civil que se encuentran actualmente en el Archivo de Salamanca. Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que "sólo sale un 3% de los originales y permanece el 100% de los documentos. Y a Salamanca llega el mayor centro de documentación y estudio de una época trágica de nuestra historia y también el principal punto para la reflexión sobre los horrores de la guerra", en referencia al nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica, que se creará en breve y que absorberá los fondos del archivo. Fernández de la Vega destacó que se trata de una devolución "legítima" y que se mantendrá la unidad del archivo, ya que habrá una copia de todos los documentos devueltos que "tendrán consideración de copia auténtica".

El proyecto de ley prevé que se restituyan a la Generalitat aquellos documentos incautados, tanto los oficiales como los que pertenecieron a personas físicas o jurídicas particulares, con la única excepción de los ayuntamientos, cuya restitución documental se abordará en otra ley sobre la recuperación de la memoria histórica que está elaborando el ejecutivo.

En la amplia y documentada exposición de motivos de la ley se reconoce que ésta permite "el restablecimiento de las situaciones jurídicas ilegítimamente extinguidas", en relación a la supresión durante el franquismo de las instituciones catalanas. Los documentos que se restituyen, se explica, fueron expoliados con el fin de "suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos", según reza literalmente el decreto de 26 de abril de 1938 por el que el régimen de Francisco Franco creó la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos. El preámbulo de la ley explica también que de Cataluña fueron requisadas 160 toneladas de documentos que se trasladaron a Salamanca "para la confección de fichas de antecedentes políticos". Los documentos que no servían a este fin fueron destruidos.

Según el proyecto de ley, la restitución de los documentos oficiales que afectan a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña serán devueltos en el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, una vez hayan sido debidamente duplicados. Esta parte de los fondos ya lleva años microfilmada, por lo que se prevé que la restitución sea rápida. También se establece la devolución al Gobierno catalán de los documentos y fondos incautados en Cataluña a los particulares -desde sindicatos como CNT o UGT a personas concretas como el cartelista Carles Fontseré o la escritora Teresa Pàmies- que también se encuentren en el archivo. Esta devolución será más lenta, ya que sólo una parte de estos documentos están identificados -el archivo de Salamanca no tiene aún debidamente catalogados todos sus fondos- y el proceso será más largo. Para la identificación de estos fondos, el proyecto de ley establece que en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la Ley, una comisión mixta Gobierno-Generalitat identificará estos fondos, que se restituirán a la Generalitat. Será éste el que atienda a las reclamaciones de los particulares, que tendrán un año para demostrar que son los propietarios, o sus sucesores, de estos fondos. Una parte de las entidades y personas afectadas han indicado que depositarán estos fondos, junto a los de la Generalitat, en el Archivo Nacional de Cataluña. La novedad es que este apartado referido a los particulares afecta no sólo a los catalanes, sino a los de todas las comunidades autónomas, que podrán realizar también la reclamación, que será gestionada directamente por el Estado una vez se haya demostrado la propiedad. La copia para el archivo salmantino es prescriptiva para todos.

Todos los partidos catalanes, con la excepción del PP, indicaron ayer que propondrán en la mesa del Congreso la tramitación urgente de la ley y que no presentarán enmiendas para facilitar el trámite. Según el diputado Jordi Vilajoana, de CiU, "cabría la posibilidad de que en el plazo de un mes se apruebe la ley".

Ángel Acebes, secretario general del Partido Popular, formación que ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad, indicó ayer en Oviedo que esta devolución supone "la ruptura del patrimonio nacional" para satisfacer "una imposición de los independentistas catalanes", informa Javier Cuartas. Para Acebes, representa "la máxima irresponsabilidad del presidente del Gobierno" y es coherente, indicó, con la retirada de estatuas de Franco, el compromiso de reformas estatutarias y la posible "presencia de Batasuna en el Parlamento vasco".

El director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes, insistió ayer en declaraciones a Efe en que esta decisión podría abrir "una vía de impredecibles consecuencias para la inestabilización y fragmentación del patrimonio documental que custodia el archivo".